Érase una vez una época en que el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte gozaba de la reputación de ser un bastión del orden y la costumbre. La estabilidad de su sistema político fue motivo de comentario, envidia y análisis durante al menos dos siglos. En las representaciones culturales, el británico se retrataba como flemático, pragmático y estoico, poco dado a expresiones explosivas de emoción. Ningún partido se vanagloriaba tanto del estereotipo del británico y de la tradición política de orden y estabilidad como el Conservador, heredero (junto con el extinto partido Liberal) de los primeros partidos políticos institucionales del mundo europeo. A sus ojos, la longevidad y resistencia del sistema parlamentario, de la monarquía y de las élites políticas comprobaban la superioridad de la Gran Bretaña sobre las demás naciones, particularmente aquéllas que se tambaleaban de crisis en crisis, abofeteadas por la evidente incompetencia y corrupción de sus gobernantes.
Frente al espejo de la autopercepción, entonces, la historia reciente del paso del partido Conservador por el gobierno es un choque brutal para los Tories: un balde de agua fría que pocos quieren sufrir. En sus sueños, el Brexit iba a restaurar la gloria histórica del Reino Unido, y garantizar el predominio de su partido para una generación. Nadie esperaba el desenlace real: la desintegración del partido Conservador en facciones hostiles y el desmoronamiento de su popularidad. Por tanto, entre sus diputados y bases impera una incredulidad y una fuerte resistencia a reconocer las causas históricas de la crisis en que están metidos.
Y vaya crisis que les azota. Boris Johnson, el príncipe azul del Brexit y ganador de las elecciones legislativas de diciembre de 2019 con una mayoría de 80 escaños y 43% del voto popular, renunció al cargo de primer ministro el 8 de julio del presente año a raíz de una serie de escándalos que pusieron en evidencia su falta de escrúpulos y desdén para el público. Al final, fue víctima de una rebelión entre los secretarios de Estado liderados por el ex Secretario de Hacienda, Rishi Sunak, quienes perdieron la confianza en Johnson al descubrir que había nombrado a Chris Pincher jefe suplente de los whips (los diputados que supervisan la disciplina del voto) en la cámara baja sabiendo que enfrenta dos acusaciones de acoso sexual. Anteriormente, múltiples historias de fiestas alcoholizadas en la casa del primer ministro durante los peores meses de la cuarentena, una hasta en la víspera del funeral del esposo de la Reina Isabel II, habían indignado al público británico y propiciado que su popularidad entrara en caída libre. Para colmo, Johnson sigue bajo investigación por el comité de privilegios (una especie de comité de ética) del Parlamento por haber mentido sobre estas fiestas durante los debates en la cámara de comunes. Según reportes recientes, hay muchas probabilidades de que el comité lo sancione antes de concluir el año.
Al mismo tiempo, la Gran Bretaña enfrenta su peor situación económica en décadas. Las consecuencias de haber cortado el comercio libre con sus vecinos en la Unión Europea, la pandemia y ahora, la invasión rusa a Ucrania, han traído una inflación galopante -alrededor de 10%- e incrementos nunca vistos en precios de gasolina y gas. Millones de familias no saben cómo van a enfrentar el frío del próximo invierno, y las filas para los bancos de alimentos crecen a diario.
En medio de esta preocupación colectiva, el espectáculo de las elecciones internas para reemplazar a Johnson no generó una nueva confianza en los Tories. Más bien, hizo evidente la guerra imperante entre las diferentes facciones del partido. Protagonizaron la riña los hijos de Thatcher: la corriente radical libertaria que había promovido Brexit con el fin de transformar a Londres en “Singapur-sobre-Támesis” con una economía poco regulada y fundamentada en el libre comercio. Entre sus miembros hubo varios aliados cercanos a Johnson, como la ex secretaria de Gobernación Priti Patel, la ex Fiscal General, Suella Braverman, y la eventual ganadora, Liz Truss. Se enfrentaron con el ala más moderada cuyo objetivo parecía ser reconocer errores pasados y requilibrar el barco: sus principales candidatos fueron Jeremy Hunt, Penny Mordaunt y Rishi Sunak, el arquitecto de la remoción de Johnson. Para el deleite del Partido Laborista, durante la mayor parte de la contienda los candidatos competían para culpar a los recientes gobiernos de los ex primer ministros conservadores -Johnson (2019-22), Teresa May (2016-19) y David Cameron (2010-16)- por haber llevado al Reino Unido a la crisis económica.
La nueva administración de Liz Truss se inauguró el 6 de septiembre, dos días antes de que la muerte de Isabel II motivara unos quince días de luto nacional. El 23 de septiembre, el nuevo secretario de Hacienda, Kwasi Kwarteng presentó un plan económico al Parlamento. Fue exactamente lo que esperaba la banda libertaria, con una reducción de la tasa básica del ISR (de 20% a 19%); la abolición de la tarifa especial de ISR de 45% para los contribuyentes de mayores ingresos; y, el retiro de planes para subir el impuesto sobre ganancias empresariales (corporation tax) de 19 a 25%. No obstante, también traía un esfuerzo para enfrentar la crisis energética con la promesa de un subsidio importante a los precios de gas.
Enseguida, los mercados financieros recularon. La libra cayó a su peor nivel frente al dólar desde hace 50 años. Al mismo tiempo, los costos de los préstamos gubernamentales se incrementaron significativamente. Tal fue el caos que el Banco de Inglaterra decidió intervenir con una política de compra a los bonos gubernamentales. Como respuesta, los bancos empezaron a retirar sus planes hipotecarios del mercado, anunciando al público con esta simple acción que se avecinaba un crac sin precedentes en la historia contemporánea.
El gobierno de Truss estaba herido de muerte tras apenas veinte días de haber iniciado. Mientras los moderados presionaban para despedir a Kwarteng (preferentemente junto con la renuncia de Truss), empezaron a publicarse encuestas de opinión que señalaban que el público no tenía ninguna confianza ni en la primera ministra ni en su partido. Para el 29 de septiembre, una de las empresas encuestadoras más confiables, YouGov, señaló que el partido Laborista contaba con una ventaja de 33% sobre los Tories, su mejor posicionamiento desde los tiempos de Tony Blair. Según Opinium Research, las encuestas indicaron que los Tories perderían 219 escaños en una elección general, mientras que los Laboristas podrían esperar una mayoría de más de 274 con un total de 411 escaños. Las encuestas sobre Liz Truss, además, la revelaban como la primera ministra peor evaluada de la historia, con apenas 10% de aprobación. En reconocimiento de su insostenible situación, Truss optó por correr a Kwarteng el 14 de octubre. Acto seguido ofreció la Secretaría de Hacienda a un moderado, Jeremy Hunt, quien no perdió tiempo en anunciar el abandono del plan económico libertario.
A partir de entonces, los y las diputadas conservadoras reconocían que Truss tendría que irse tarde o temprano. El dilema era cómo manejar un nuevo traspaso de poder de un primer ministro a otro. En el sistema parlamentario británico, la jefatura de gobierno recae en el líder del partido en el poder, por lo que en teoría solo tendrían que organizar otra convocatoria como la del verano pasado. No obstante, la cultura política británica suele considerar que a un primer ministro que llega al cargo sin ganar una elección legislativa le falta cierta legitimidad. Boris Johnson había enfrentado este problema hasta ganar las elecciones en diciembre de 2019, por ejemplo. Además, la abrumadora impopularidad de los Tories amenazaba con minar la autoridad de un nuevo primer ministro desde el principio.
En otras circunstancias, una opción hubiera sido que Truss disolviera su gobierno y convocara elecciones generales. Pero pocos diputados querían entrar a una contienda electoral que les obligara responder por el crac que había provocado el plan económico de Kwarteng. Además, temían perder sus escaños. Se reabrieron las confrontaciones entre las diferentes facciones de partido en anticipación de una muy próxima convocatoria de elecciones para el liderazgo, y cualquier autoridad que hubiera tenido Truss en la cámara de comunes se desvaneció. El lunes 17 de octubre evitó presentarse ante los diputados para explicar el nuevo rumbo económico del gobierno. Prefirió mandar primero a Penny Mourdant y luego a Hunt para hablar por ella. Tal parecía que los moderados le habían asestado un golpe de estado, dejándola en funciones, pero sin facultades reales para mandar.
Mientras tanto las encuestas sugirieron que la sobrevivencia de los Tories como partido político peligraba. El mismo lunes 17 la empresa Redfield & Wilson anunció que el partido laborista gozaba de un apoyo popular de 56% frente a un 20% para los Tories. Traducido en diputaciones, la encuesta predecía una mayoría laborista de 380 escaños, frente a 47 para el partido Liberal Democrático, 42 para los nacionalistas escoceses y apenas 22 para los conservadores. El único punto de comparación con este resultado sería el desmoronamiento del antiguo partido Liberal durante las crisis económica y laboral de la década de 1920.
El miércoles 19 el gobierno de Truss se destruyó. El día inició con la renuncia de la Secretaria de Gobernación, Braverman, por haber mandado documentos oficiales a cuentas de correo electrónico privadas. En su carta de renuncia, la otrora candidata al liderazgo del partido recalcó que era importante reconocer los errores propios y actuar en consecuencia. El mensaje entre líneas a Truss fue claro: admite que erraste y hazte responsable de tu error con tu renuncia.
Más tarde, el partido laborista presentó una iniciativa de ley ante los comunes que buscaba prohibir el fracking. El fracking es universalmente impopular, y varios diputados conservadores habían prometido a su electorado oponerse a esta actividad. Truss, en cambio, como buena libertaria, estaba en contra de este tipo de regulación. La intención de la táctica opositora era más que evidente: querían animar a los Tories a votar en contra de Truss y exhibir su debilidad parlamentaria.
Frente a esta estrategia, Truss optó por declarar el voto “a three line whip”, lo que significaba que sus diputados deberían votar con el gobierno (y contra la iniciativa) so pena de ser expulsados del partido. Sin embargo, al aproximarse el voto y en vista del número de diputados que pensaban arriesgar este castigo, luego recalcó y mandó decir a sus diputados que podrían votar libremente sobre la iniciativa. Una gran confusión se apoderó de los diputados conservadores, pues los whips llevaban todo el día coaccionándolos para votar y fue más que evidente que el gobierno no quería terminar derrotado en esta instancia. Corría el rumor de que la jefa de los whips, Wendy Morton y su suplente habían renunciado al enterarse del cambio de plan, mientras que varios diputados reportaron escenas de violencia al momento de la expresión de los votos, con el acarreo forzoso de diputados conservadores recalcitrantes.
Al final 40 diputados conservadores votaron con la oposición, y la iniciativa fue derrotada por 90 votos. Pero las escenas de caos: diputados llorando, gritando y maldiciéndose entre sí dejaron en evidencia la implosión del partido Tory. Los noticieros nocturnos del jueves expresaron su incredulidad, y se dieron a conocer varias entrevistas con diputados conservadores que expresaron su horror y desesperación ante la situación. Truss renunció al día siguiente.
Ahora los conservadores enfrentan el dilema de la sucesión. Han anunciado un nuevo sistema expedito que debe elegir un reemplazo para Truss antes del viernes 28 de octubre. Pero, ya perdidos en su drama interno, pocos parecen conscientes del abismo en que se encuentran. Prueba de ello fue la breve campaña este fin de semana para nominar a Johnson para el liderazgo, una eventualidad que provocó horror entre los grupos moderados y no pocos aliados del ex primer ministro. El candidato más fuerte hasta el momento parece ser Rishi Sunak pero, a menos que pueda reconciliarse con Johnson y sus aliados, cualquier administración suya tendrá dificultad para mantener una mayoría estable en la cámara de los comunes.
Es más que evidente, además, que el gobierno conservador ha perdido toda su legitimidad frente al público. Quién sea que llegue a Downing Street el viernes, tendrá que lidiar con esta vulnerabilidad mientras intenta calmar los mercados financieros e idear soluciones viables a la inflación y la crisis energética. Por lo que es muy probable que la inestabilidad y las crisis prosigan.
En suma, no queda nada del partido de la tradición y el orden de la imaginación conservadora. Sus seguidores, atrapados en el espejismo de la superioridad occidental, lamentan que el liderazgo de Truss haya alejado al partido de sus valores originales para acercarlo a los peronistas argentinos y los demás partidos populistas del tercer mundo. No parecen ser capaces de entender su historia bajo sus propios términos, ni su relación con la forma en que se promovió, negoció y logró la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Si no se detienen a hacer estas reflexiones, el partido histórico ya no tiene un futuro viable.
El artículo que se reproduce a bajo fue publicado originalmente en Nexos (núm. septiembre de 2021). Se puede consultar en la siguiente liga: https://www.nexos.com.mx/?p=60156
México tiene una larga y muy mal entendida historia constitucional. Por un lado, hay una narrativa muy apreciada por los historiadores del régimen priista que coincide con la perspectiva del inquilino actual de Palacio Nacional. En ella se cuentan los valiosos esfuerzos de un grupo de liberales, caracterizados por una enorme consciencia social que buscaron implementar un régimen de democracia e igualdad frente a la oposición férrea de la Iglesia, los terratenientes y el Ejército, cuyos miembros querían mantener un gobierno colonial de privilegios indebidos e injustos. Los frutos de esta labor se materializaron en la Constitución de 1857 y su versión reformada promulgada en 1917. Por otro lado, encontramos la narrativa de las “transiciones democráticas” de finales del siglo XX, que deriva en gran medida de la mirada académica estadounidense. Desde esta perspectiva, en México no hubo “rule of law” antes de las reformas de la década de 1990. Es decir, que las constituciones siempre habían sido un disimulo descarado, y las elecciones, un ejercicio manchado por la corrupción. Por tanto, se habla de los grandes logros constitucionales de la transición con base en la conformación de las instituciones creadas en el marco de este proceso —como el IFE/INE— y las reformas emblemáticas aplicadas al poder judicial que, entre otras cosas, otorgaban facultades de corte constitucional a la SCJN.
Vale la pena tener en cuenta estas dos narraciones a la hora de evaluar si México se encuentra en una crisis constitucional. El discurso presidencial ampliamente conocido por su ubicuidad en los medios sugiere que para Andrés Manuel López Obrador la constitución revolucionaria se encuentra en crisis desde los tiempos de Carlos Salinas de Gortari. La causa de dicha crisis estaría ubicada precisamente en las reformas que la narrativa de la transición considera como las fundadoras del orden constitucional en México: la independencia de la SCJN y los órganos autónomos. Al escuchar los juicios del presidente sobre dichos órganos, podemos observar con claridad su postura: los considera vehículos de la vieja reacción conservadora que buscan frenar sus planes para la cuarta transformación. No son garantes de la democracia, sino símbolos de la corrupción en el corazón del gobierno.
Sin embargo, para los defensores de la transición democrática este discurso y las acciones que lo acompañan son sumamente preocupantes. De acuerdo con su apreciación, todo apuntaría a que el presidente pretende recrear el viejo autoritarismo priísta — incluso porfirista— al eliminar o amordazar los frenos constitucionales que limitan la actuación presidencial. En este sentido, el contorno de la crisis constitucional que se vive actualmente estaría delineado por la abierta hostilidad del presidente hacia el INE, sus intentos de prolongar la presidencia del ministro Arturo Zaldívar en la SCJN y sus declaraciones que retratan al poder judicial como “el enemigo” de la acción gubernamental.
Desde luego, ninguna de las dos narrativas es respaldada plenamente por la evidencia histórica. Como mi propio trabajo académico indica, hay una tradición constitucional en México que se remonta a la misma independencia y si algo caracterizaba la vida política antes de 1857 eran los debates intensos sobre la mejor forma de implementar un gobierno representativo con una división de poderes que protegiera los derechos individuales de los habitantes de la república. También las investigaciones que han surgido del seminario Atarraya Historia Política y Social Iberoamericana, coordinado por Alicia Salmerón y Fausta Gantús, desmantelan en forma convincente la idea de que las elecciones en México nunca fueron realmente competitivas. La historiografía demuestra que las elecciones en el siglo XIX podrían ser igual de impredecibles como las de hoy y, por consiguiente, fueron el objetivo de muchas campañas políticas intensas.
No obstante, la evidencia histórica sugiere que el enfrentamiento librado en el centro de la crisis constitucional actual —cualquiera que sea su definición— hunde sus raíces en esta historia constitucional. Las primeras constituciones vigentes en México —la de Cádiz de 1812, el Decreto de Apatzingán y la Constitución Federal de 1824— supusieron que el poder legislativo debía ostentar el monopolio para promulgar, derogar e interpretar la ley. De acuerdo con el pensamiento que respaldaba la preponderancia de esta organización, este poder debería regular la constitucionalidad por ser el representante máximo de la soberanía nacional. Además, consideraba que la integración heterogénea del Congreso evitaría que sus decisiones fueran presas de los intereses particulares.
Sin embargo, la experiencia de gobierno bajo la Constitución de 1824 reveló la falacia de esta suposición. Como señalaban sus críticos en la década de 1830, la supremacía legislativa llevó al Congreso General a consagrar pronunciamientos, emitir decretos de expulsión y, de manera recurrente, a comportarse como un poder soberano que gobernaba por encima de la constitución. Las Siete Leyes (1836) intentaban resolver este problema por medio de la instauración de un cuarto poder de gobierno —el Supremo Poder Conservador— cuyo mandato era “conservar” la constitucionalidad (de ahí su nombre, que no tiene nada que ver con el conservadurismo como movimiento político). Entre otras atribuciones, este poder estaba facultado para revocar la legislación que resultara inconstitucional (a petición de uno de los demás poderes) para, de esta manera, subordinar a los representantes de la soberanía nacional a la constitución.
La medida resultó muy controvertida, y los críticos de las Siete Leyes argumentaron que el Conservador usurpaba facultades exclusivas del Congreso. Además, el Conservador fue protagonista de varias confrontaciones ásperas con el poder ejecutivo, el cual —en voz del presidente Anastasio Bustamante— recomendaba sin ambages su desaparición. Esta crisis constitucional, sin embargo, marcó el rumbo del constitucionalismo en el siglo XIX, pues el fracaso del proyecto de Supremo Poder Conservador llevó a la clase política idear nuevas propuestas para frenar los abusos contra la constitución. Gracias a los debates en torno a este punto, la Constitución de 1857 incorporó el juicio de amparo como mecanismo de control de la constitucionalidad en manos del poder judicial federal. La última instancia para este juicio fue la SCJN, que podía reputarse representante de la soberanía nacional al igual que el poder legislativo en virtud de que los magistrados eran electos por la misma vía que los diputados y el presidente.
Después de la revolución, el amparo fue duramente cuestionado por su papel en el reparto agrario. Como demuestra el trabajo de Timothy James, durante la década de 1920 el amparo resultó ser un arma efectiva para que los terratenientes se defendieran contra la expropiación. En este contexto, algunos revolucionarios interpretaron la autonomía del poder judicial como un obstáculo para su proyecto político y, como había sucedido en el siglo XIX, calificaron las acciones de los tribunales como usurpaciones de la voluntad soberana de la nación. Los revolucionarios atribuían esta situación a la inmovilidad de los magistrados que la Constitución de 1917 había dispuesto. La diferencia con los debates del siglo XIX fue que ya no se alegaba que el poder legislativo fuera el máximo representante de la soberanía, sino que este papel fue atribuido al presidente. Como argumentó Antonio Díaz Soto y Gama en la cámara de diputados el 15 de mayo de1928, ni Obregón ni Calles debían aceptar que “la Corte se constituy[era] en la revisora omnipotente de los actos revolucionarios del Ejecutivo,” pues las circunstancias exigían que este poder, “evidentemente orientado por la opinión pública, orientado y refrenado por el Poder Legislativo,” tuviera la última palabra en el gobierno. Estas opiniones llevaron a la abolición del amparo en materia agraria (1931); a las reformas constitucionales de 1928 que confiaron al presidente el nombramiento de los ministros de la SCJN, y, a la reforma de 1934 que estableció la renovación de los titulares de la Corte en cada sexenio.
Vistos a la luz de este marco histórico, los debates constitucionales de hoy recorren caminos que ya han sido transitados: en el meollo de las declaraciones del presidente contra el INE o el poder judicial, se encuentra la convicción de que estos organismos deben subordinarse a su voluntad porque él lleva el mandato democrático de la nación soberana. Con base en este razonamiento se podrían justificar sus decisiones más cuestionadas, incluso la de someter a referéndum la posibilidad de llevar a juicio a los expresidentes. Pero, a decir verdad, esta convicción entra en conflicto abierto con los mecanismos de control de la constitucionalidad propios de las reformas de la década de 1990 y, dicho sea de paso, con las disposiciones originales de las constituciones de 1857 y 1917.
La reiteración de una vieja querella entre dos maneras de entender la constitucionalidad provoca la sensación de crisis en la actualidad. Desde ambas perspectivas, están en juego las bases mismas de la constitución y la división de poderes: ¿Deben la SCJN y los órganos autónomos tener las facultades para mantener a los poderes elegidos dentro de sus mandatos constitucionales? ¿Es su deber cuestionar “los actos revolucionarios del Ejecutivo”? O ¿tendrían que respetar la autoridad última del voto popular y subordinarse a los órganos que lo representan? En la medida en que estas preguntas pongan en tela de juicio la legitimidad de la constitución en su forma presente, el desenlace de esta crisis pinta para ser tan determinante para el futuro del constitucionalismo como lo fueron las confrontaciones de las décadas de 1840 y 1920.
La universidad moderna nació como parte de la construcción del estado-nación durante el siglo XIX. Generalmente se señala a Wilhelm von Humbolt -hermano del viajero Alexander y fundador de la Universidad de Berlín (1810)- como el diseñador del primer proyecto universitario. El objetivo de la universidad humboltiana fue formar estudiantes comprometidos con el avance del conocimiento, pero con una cultura nacional compartida, expertos en lengua, literatura, geografía e historia alemanas. En otras palabras, la universidad debía educar y forjar la patria a la vez.
De manera similar, los primeros estados-naciones en Hispanoamérica consideraron la educación pública como una prioridad para crear una ciudadanía educada, capaz de participar en el nuevo sistema de gobierno representativo. En un primer momento, los gobernantes creyeron que la Iglesia Católica -que había fundado las primeras universidades y operado todas las escuelas durante el periodo colonial- sería un buen aliado en esta tarea. No obstante, para fines del siglo XIX la Iglesia se había convertido en fuerte oponente al liberalismo político, como atestigua el caso de México. Los gobiernos liberales latinoamericanos, por ende, promovieron la secularización de la educación y la fundación de universidades públicas administrados por el Estado. En México, el gobierno de Benito Juárez fundó la Escuela Nacional Preparatoria en 1868. La administración de Porfirio Díaz estableció la Universidad Nacional en 1910 para reemplazar la Real y Pontifica Universidad de México. Se esperaba que tanto la ENP como la Universidad Nacional cumplieran con propósitos muy similares a los que Humbolt imaginó para la Universidad de Berlín: la formación de ciudadanos capacitados y comprometidos con la nación.
Como bien observa Joan W. Scott en su libro Knowledge, Power, and Academic Freedom (Columbia University Press, 2019), siempre ha habido tensión entre los dos objetivos del proyecto universitario moderno. Por un lado, formar estudiantes en el quehacer académico requiere potenciar capacidades críticas, herramientas de análisis y habilidades para armar y redactar ensayos. La academia es una comunidad disciplinaria que opera bajo reglas, métodos, estándares comunes que juzgan la calidad, pertinencia y aportaciones de un argumento, proyecto o texto con referencia a este marco disciplinario. Su fin último es la interrogación, la investigación y la crítica de la evidencia en búsqueda de novedades que permitan avanzar en el conocimiento.
Por otro lado, la universidad pública es financiada por el Estado el cual espera que la investigación y la docencia universitaria contribuyan al bien común de la nación. Los productos académicos, desde esta perspectiva, deben aportar algo tangible a la ciudadanía, las instituciones del Estado y a la política pública. En consecuencia, el Estado suele buscar incidir en la docencia y la investigación académicas con el fin de asegurar que el dinero invertido produzca los resultados que considera necesarios. Las universidades se vuelven entonces espacios políticos en donde se discute tanto la naturaleza de las contribuciones que los universitarios deben ofrecer a la sociedad, como la definición del bien común nacional.
Las tensiones entre uno y otro objetivo han sido resueltas de diferentes maneras en la historia contemporánea. En una conferencia sobre la libertad académica, Identity, Authority and Freedom: The Potentate and the Traveller (1992), Edward W. Said, explica que los gobiernos poscoloniales árabes, en países como Argelia y Egipto, concibieron a las universidades recién inauguradas como “extensiones” del Estado. Después de tantos años de vivir bajo los mandos imperiales inglés, francés y otomano, los nuevos gobernantes persiguieron una política nacionalista reivindicadora de la cultura árabe que rápidamente confundieron con la defensa de sus propias políticas e ideales. Como mantenían un control político directo sobre las universidades, los gobiernos consideraban al personal académico y administrativo como servidores públicos para beneplácito del gobierno en turno. Como consecuencia, “los criterios de promoción y nombramiento de empleados fueron la conformidad política en lugar de la excelencia académica.” En un ambiente de sospecha y miedo alimentado por la Guerra Fría y el conflicto árabe-israelí, el control político llevó a la adopción de prácticas represivas, hasta que “el nacionalismo en la universidad dejó de representar la libertad y sí el acomodamiento, la precaución y el miedo en lugar de la brillantez y la osadía, la autopreservación en lugar del avance de conocimiento.” A juicio de Said, para 1992, el resultado fue la subordinación de la academia a los partidos gobernantes y la supresión de la vida intelectual universitaria.
En América Latina los gobiernos del siglo XX también estuvieron tentados a usar las universidades para promover sus ideologías predilectas y sus propias versiones del nacionalismo. Los gobiernos posrevolucionarios mexicanos, por ejemplo, quisieron que la educación en todos sus niveles educara al estudiantado de acuerdo con el discurso nacional-revolucionario para respetar y promover las ideales que, según los revolucionarios, habían motivado su lucha a partir de 1910. Como es muy sabido, durante su sexenio, Lázaro Cárdenas reformó la constitución para indicar que la educación pública debía ser socialista. Aunque esta reforma fue desechada por su sucesor, los gobiernos priístas posteriores se empeñaron en incorporar y mantener al profesorado y estudiantado universitario dentro de las redes corporativas del partido. Como denuncia Said para el mundo árabe, esta situación propició el reconocimiento de “la conformidad política en lugar de la excelencia académica.”
En este contexto, se desarrolló el concepto de autonomía universitaria que se defendió como la mejor manera de regular la relación entre el Estado y la universidad. La autonomía universitaria supone tres elementos claves: un gobierno universitario independiente de la tutela de Secretaría de Educación u otra dependencia estatal; la participación del estudiantado y el profesorado en los cuerpos de gobierno; y, el respecto a la libertad de investigación y cátedra dentro de la universidad. Este modelo se popularizó entre las universidades públicas estatales después de la publicación de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional en 1945, aunque algunas -como la Universidad de Guadalajara- no obtuvieron la autonomía hasta las 1990. Otras instituciones públicas de educación superior, como el Instituto Nacional Politécnico o los 31 centros públicos vinculados a Conacyt, nunca la obtuvieron.
Mientras tanto, en Estados Unidos, el profesorado se ha defendido de la intromisión externa apelando al concepto de la libertad académica, que incorpora las libertades de cátedra e investigación, así como el principio del autogobierno. En una “Declaración de Principios” publicada en 1915, la Asociación de Profesores Universitarios señaló que estas libertades eran fundamentales para asegurar que la universidad cumpliera con sus objetivos educativos e investigativos. Sólo la garantía de la “imparcialidad” del profesorado podría inspirar la confianza pública y gubernamental en la labor universitaria. En un primer momento, la Asociación se protegió de los intentos de los grandes donadores de las universidades privadas de interferir en los currículos y los nombramientos al profesorado. No obstante, después de la segunda guerra mundial, la persecución política de comunistas y socialistas promovida por el senador republicano Joseph McCarthy, llegó también a las universidades y escuelas públicas. Durante el gobierno de Trump, y actualmente en estados gobernados por el Partido Republicano, como Florida y Texas, se hostiga políticamente la enseñanza de la teoría crítica de raza y los estudios de género.De la situación histórica aquí expuesta, emana una pregunta ineludible: ¿por qué las comunidades académicas quieren libertad académica o autonomía universitaria? ¿por qué plantean que la intromisión del Estado (o de intereses privados) es nociva para la educación? Edward Said nos ha bosquejado una respuesta preliminar: tratar a las instituciones de educación superior como si fueran dependencias gubernamentales termina privilegiando la conformidad y las lealtades políticas sobre la excelencia académica. Es decir, lleva a la universidad a la mediocridad, lo que resta legitimidad a su docencia y su investigación. Como observa la Asociación de Profesores Universitarios estadounidense, un (a) estudiante que considera que su profesor (a) no tiene criterio académico propio no le respetará y no querrá estudiar con ella. Asimismo, priorizar la conformidad política a la hora de realizar la investigación significará que las aportaciones académicas -sean en calidad de asesoría o análisis- que la universidad ofrece a la sociedad y al gobierno no solo serán sesgadas ideológicamente, sino que serán de dudosa utilidad para la solución de los grandes problemas nacionales.
No obstante, esta respuesta preliminar requiere más explicación. ¿Quién define la excelencia académica? ¿Por qué sostener que los sesgos ideológicos son perjudiciales para la investigación? ¿No tienen todas las y los investigadores preferencias políticas? En fin, ¿no es la insistencia en la libertad académica una simple medida de defensa por parte de comunidades académicas que se adopta sólo cuando la interferencia desde el Estado viene de gobiernos cuya ideología política es contraria a la suya? Todas estas preguntas han sido articuladas por varias personas en los últimos meses en el contexto de la imposición ilegal de un nuevo Director General al CIDE por parte de Conacyt.
Para responder a estas preguntas hay que regresar al texto de Joan Scott citado líneas arriba. Las comunidades académicas son disciplinarias en el sentido que operan de acuerdo con normas y metodologías aceptadas por sus integrantes. Por tanto, la excelencia académica se define con referencia a este marco disciplinario. Aunque todas las disciplinas han desarrollado sus propias prácticas, el denominador común es la insistencia en el pensamiento crítico como motor de la investigación. Pensar críticamente significa cuestionar todo, sobre todo los argumentos de autoridad: sea religiosa en boca del líder espiritual o moral; sea política e interpretación favorita de un presidente o una mayoría parlamentaria; sea el consenso aceptado de expertos académicos en un tema. Las preguntas siempre tienen que ver con las bases para creer que alguna idea o hipótesis es sustentable o no. En otras palabras, si hay evidencia documental u oral, cuantitativa o cualitativa, que sugiera que el argumento propuesto ofrece una interpretación convincente.
Desde el pensamiento crítico no se puede sostener que toda opinión es igualmente válida ni que una interpretación debe adoptarse porque la sustenta alguien en particular. La opinión válida se sustenta debidamente con referencia en la evidencia disponible; y si las pruebas contradicen el dicho de una autoridad se tienen que presentar. Excluir deliberadamente alguna evidencia, ignorar las preguntas bien fundadas sobre las bases de un argumento, o apelar a una autoridad como prueba única, son prácticas que limitan la investigación y obstaculizan la comprensión de un tema. Por esta razón perjudican al trabajo académico y lo vuelven inútil tanto para los objetivos exclusivamente académicos, como para los de índole política y estatal que deberían traducirse en beneficio de la sociedad. No se trata sólo de la libertad para el pensamiento crítico, sino también de la definición más certera de este concepto. No puede haber libertad si no se puede cuestionar todo.
Claro que la metodología crítica no es infalible ni sus practicantes siempre lo realizan con éxito. Uno de los más famosos defensores históricos del pensamiento crítico, Emmanuel Kant argumentaba que la ilustración occidental podría entenderse a través de la frase “Sapere aude” “¡atrévete a pensar por ti mismo!” Pero, al mismo tiempo, no tenía inconveniente en aceptar ideas sobre la inferioridad innata de hombres no blancos (por un tiempo) y las mujeres de todos los colores (toda su vida), a pesar de que, en la época que escribió, no faltaban voces que señalaban los problemas con estas ideas: el marqués de Condorcet y Mary Wollstonecraft, entre ellos. De hecho, cualquier revisión de los debates intelectuales del siglo XVIII revela que el compromiso ilustrado con “el uso público de la razón” muchas veces conllevaba la convicción de que solo algunas personas debieran tener esta facultad, mientras que otras debieran dedicarse a tareas más afines con sus capacidades intelectuales.
No obstante, una formación en el pensamiento crítico siempre abre nuevas posibilidades. Es cierto que Kant, como muchos ilustrados, no reconocía que sus ideas sobre las mujeres eran dogmáticas y carentes de sustento empírico; y, es verdad que los imperialistas europeos y estadounidenses de los siglos XIX y XX desarrollaron sus teorías raciales para justificar en lugar de explicar el colonialismo rapaz. Pero, la formación en la práctica de pensar críticamente proporciona las herramientas a las sociedades para cuestionar los dogmas patriarcales e imperiales. No es una coincidencia que las primeras feministas en todas partes del mundo insistieran en la educación de las mujeres como el primer paso hacia su emancipación. La feminista afroamericana bell hooks planteaba que “la educación es la práctica de libertad” precisamente porque nos ofrece la posibilidad de “conocer más allá de las fronteras de lo aceptable.” (Teaching to Trangress, 1994). Como puede atestiguar cualquier historiadora, no hay nada más liberador que aprender que las normas culturales (o cualquier otra cosa) actualmente aceptadas como naturales e inmovibles en nuestras sociedades, son productos históricos en continua evolución. Al interrogarnos acerca de los porqués y paraqués de dicha evolución en la historia, adquirimos conciencia del mundo de posibilidades no transitadas, pero todavía alcanzables, para nuestros futuros.
En resumen, como argumenta Gayatri Spivak en Thinking Academic Freedom in Gendered Post-Coloniality (1992), la libertad académica debe entenderse como el proceso de pensar críticamente. Como resultado, es un medio, un vehículo para interrogar nuestra realidad, en lugar de ser “un derecho formal inenajenable.” De ahí que el papel de cualquier gobierno democrático frente la universidad, y, sobre todo, para uno que quiera avanzar en la justicia epistemológica y social, no es moldear la educación pública para alinear a la ciudadanía con sus acciones ni para que los y las académicas investiguen los temas de su preferencia. El reto es cómo establecer las condiciones para que la libertad académica y el pensamiento crítico estén al alcance de las personas más allá de los muros de la universidad. Hay mucha investigación académica al respecto que puede servir para entender este reto. Por lo pronto, el primer paso ha de ser el de respetar la libertad académica y el pensamiento crítico dentro de las instituciones de educación superior.
This blog post aims give a general outline of the history of university autonomy and academic freedom in Mexico since 1917. My objective is to highlight the importance Mexican governments have given to higher education and higher education institutions as integral part of their political projects. As I will show, Mexican universities are important to political society because they educate future public servants and politicians; they are places where long-standing friendships, alliances and networks are formed. Moreover, in Mexico, universities are important as a political locus of student activism: there is a long tradition of student protest breaking the bounds of campus life and engaging with politics directly. As a result, governments have always been interested in maintaining universities and their students under control. These attempts employ three main strategies: control of university appointments, control of students and teaching curricula, and control of university finances.
During the early twentieth century, public university faculty and students believed that attaining autonomy and academic freedom would protect universities from governmental interference. This essay will show how this has not been generally the case. In the first section, I will analyse the circumstances in which the National University attained autonomy in 1933 and was weakened as a result. In the second section, I will address the successes and failures of the state’s attempts to absorb universities and their communities into the corporatist system of one-party politics development during the rule of the Institutionalised Revolution Party or PRI. In the third section, I will look at the legacy of this system for the present-day relationship between public universities and the state. Finally, I will discuss the attitude of President Andrés Manuel López Obrador’s towards higher education and the dangers he represents to academic freedom in Mexico.
University Autonomy in Mexico and the Revolutionary State (1920-1940)
The state’s obligation to provide education as a public good has been recognised by Mexican governments since its independence in 1821. All nineteenth-century governments believed that the success of liberal institutions and representative government required educating its citizens.[1] Since colonial education had been an exclusive preserve of the Catholic Church, many governments also identified the church as the chief enemy of this project. Civic education which trained citizens to participate in public life was opposed to religious education which rejected liberalism in favour of despotism and superstition. In this sense, the educational policy of all nineteenth-century governments was always political. It was hostile to historical universities such as the Real y Ponitíficia Universidad de México (Royal and Pontifical University of Mexico) in Mexico City, which was under the control of the Church. In 1868, positivist politicians founded the Escuela Nacional Preparatoria (ENP or National Preparatory School), as an alternate secondary education institute under control of the Ministry of Education,[2] which was later incorporated into the Mexican National University when it was founded to replace the Real y Ponifícia in 1910.[3] Both the ENP and the National University were expected to scientifically train male citizens in the positivist tradition to become public servants and responsible professionals.
Similar conflicts between the Church and positivists for control of public education occurred in other Latin American countries at the start of the twentieth century. In Argentina, these produced the first calls for university autonomy.[4] But what did this mean? As part of a rebellion against what they considered to be the illegal designation of their rector in 1918, students from the National University in Córdoba, articulated three main demands:
1. Co-government or the participation of students in the university’s governing bodies.
2. Academic freedom no governmental interference in matters of research and teaching (libertad de investigación y libertad de cátedra).
3. Autonomy for university government, understood as the non-intervention of the state in the designation of university authorities.[5]
The young male students of Córdoba believed their movement was part of “the supreme fight for liberty” which posited “university democracy” against “tyrannical and obstinate” university authorities.[6] As such, theirs was a continuation of the nineteenth-century fight for liberalism against religious conservatism and authoritarian government.
In Mexico, however, the Revolution (1910-1917) meant that the defence of academic freedom and autonomous university government encountered a different enemy: the revolutionary state and its programme to adopt socialism as the defining feature of public education.[7] Proponents of socialist education believed that dialectic materialism was a scientific methodology which allowed students to correctly analyse the social, economic and political moment they were living in.[8] As the director of the ENP, Vicente Lombardo Toledano, argued during the sessions of the first Mexican University Congress of 1933, it taught that Mexico has arrived at the capitalist stage of historical development in the nineteenth century. Mexican society was now progressing to the next historical stage of communism. He argued that “the [capitalist] state has not been neutral before the struggles of the workers, instead […] it has served the interests of a single class, the capitalist class; and teaching in official [state] schools has been nothing more than vehicle to prop up the consciences of the prevailing regime’s men […]” It was time, therefore, that the revolutionary state made use of this tool to educate students in the scientific principles of dialectic materialism and thus further the ends of the revolutionary state.[9]
Mural «Maestro Rural» by Diego Rivera (Secretaría de Educación Pública, Mexico City)
In this context, the National University of Mexico rapidly entered into conflict with post-revolutionary governments. The positivist ideals of science which had guided its creation were now seen as contradictory to the Revolution, while its faculty was condemned as reactionary: simply a group of out-of-date intellectuals whose political loyalties lay with the old regime. Revolutionaries wanted to transform the curriculum and take control of teaching positions to ensure that the University could serve the new political order. As José Vasconcelos argued in his speech after being appointed by Venustiano Carranza’s government to the rectorship of the University in 1920:
At this moment, I am more a delegate of the Revolution than a new Rector following in the steps of his predecessors. I am not looking to take sanctuary and mediate within the calm atmosphere of the classroom, rather I want to invite you to leave it behind and take up the fight with me […] I have not come to work for the University, but to ask the University that it work for the people.[10]
In response to government efforts to impose a socialist curriculum on the National University, opponents defended the idea of autonomy, academic freedom, and critical inquiry. For example, Antonio Caso, a former rector of the National University’s pre-revolutionary existence, questioned Lombardo Toledano’s ideas about the scientific veracity of dialectic materialism at the University Congress I mentioned above. He rejected the idea that the University should adopt a socialist curriculum with the following arguments:
I offer my respects to the distinguished leaders who are in the hall, but I beg them to consider the danger of having the [National] University adopt a defined creed, because the University is research and the University is teaching, and science is not made, and it does not continue eternally in one point of view, and it keeps acquiring truths it did not have before […] [N]o man has the right to impose a dogma, because all dogma, after being imposed […] runs the risk of being the target of discussion and an object of dispute tomorrow.[11]
Both Caso and Lombardo Toledano believed the University had an obligation to educate the workers, but Caso insisted that this education should teach them to analyse the political questions of the day and arrive at their own conclusions.
Despite governmental interest in controlling the National University’s curriculum and faculty, the confrontation between the University and the government resulted in the former being granted partial autonomy in 1929 and full autonomy in 1933. This “achievement” was not in response to the numerous proposals for the University’s autonomy formulated by academics and their political friends during that period,[12] but rather was the governmental response to student strikes and political protest. In 1929 students from the National University called strike against changes to evaluation procedures. The strike led to violent clashes between students and the Federal District police force, demands for the resignation of the Minister of Education and the Rector, and the occupation of various university buildings by the police. In a move to defuse the political tension, President Emilio Portes Gil removed the University from the direct administrative control of the Ministry of Education. He put University government into the hands of a Council made up of academics and students but reserved the right to appoint the rector for himself. He hoped partial autonomy might reduce the potency of student opposition to his government, or at least render it irrelevant.[13]
In 1933 the National University’s students and professors were polarised around the idea of socialist education. Opponents of the idea in the School of Law called for the resignation of the two figure they associated with the proposal: ENP’s director, Lombardo Toledano, and Rector Roberto Medellín, eventually calling another strike which was supported by the Philosophy and Literature School and others. After students invaded the Rector’s Building and forced Medellín to resign, President Abelardo Rodríguez opted to grant full autonomy to the University. As had been the case in 1929, in 1933 Rodríguez wished to neutralise the protests and limit the impact of student opposition to his government.[14]
Full autonomy for the University meant that it was demoted from its national status and placed on the same level “as the other professional education centres” and henceforth known as the Autonomous University of Mexico. The state renounced all its former attributes: all university government would be in the hands of University Council, who would now name the rector rather than present a list of three candidates to the President has had been the case after 1929. In the different schools, academies of students and professors would govern. It also cut off all funding to the University leading to severe financial hardship during the next twelve years.[15] The incoming president Lázaro Cárdenas went even further during his term (1934-40). He introduced a constitutional reform which redefined state education as obligatorily socialist and tried unsuccessfully to impose this on the Autonomous University of Mexico. Faced with the stubborn opposition, he also curtailed public funding and dedicated his higher education budget to founding a new university -the National Polytechnic institute or IPN- which was entirely without autonomy and formed part of the Ministry of Education. The IPN was to take up the baton of educating the workers to participate in revolutionary objectives, and to that end provided its students with free dormitories, dining rooms and transportation.[16]
This section has argued that Mexican governments firmly believed that universities should educate citizens and future public servants in such a way as to be useful to the state. Liberal governments of the nineteenth century championed positivist sciences against religious dogma; post-revolutionary governments pressed for dialectic materialism against “capitalist” science. One basic feature of governmental policy was to control academic appointments: putting allies in key positions, such as (in the case of the National University) the ENP, the rectorship and the heads of the different faculties. It was hoped that these allies would be able to promote a more desirable curriculum for the academic programmes. These efforts to interfere in university affairs often provoked opposition from student groups and led to demands for administrative autonomy and student participation in university government. Using the National University as an example, it is possible to see that postrevolutionary governments came to regard autonomy as a measure of neutralising student political protest. But, as I shall contend in the next section, this did not mean that the control of university education, academic appointment and students lost its political importance. Quite the reverse was true.
The Political Control of Higher Education During the PRI Regime (1940-1982)
Lázaro Cárdenas’s socialist education agenda did not survive his administration. After 1940, a gradual renovation of the political class meant that the control of government passed out of the hands of the Revolutionaries and into those of a new university-educated generation. During the government of Manuel Ávila Camacho (1940-1946), the constitutional reform imposing socialist education was withdrawn there was a distinct thawing of relations between the Autonomous University and the government, leading to the publication of a new Organic Law for this institution in 1945. The Law returned the title of “National” to the Autonomous University and was recognised as public corporation, autonomous in teaching and investigation but the beneficiary of public funds.[17] The most obvious example of this détente was the election of President Miguel Alemán in 1946, the first (of six) graduates of the Autonomous University’s Law School to hold this office.[18] During his administration (1946-1952), the University was relocated from its traditional buildings in the centre of Mexico City to University City, an ample campus (of some 730 hectares) in the south of the capital.
During Ávila Camacho’s presidency, the postrevolutionary regime also began to develop the necessary political tools to ensure that its party -the Institutionalised Revolution Party or PRI- could effectively control all levels of government. Since the days of Cárdenas, the party -then called the National Revolutionary Party- had been organised on organic lines around different “sectors” of society: workers, peasants, and soldiers. In this way, formally independent worker and peasant unions were accommodated into confederations affiliated to the official party and led by men of the president’s confidence. Ávila Camacho removed the military sector, replacing it with a new confederation of “popular organisations”, by which the professional middle classes (teachers, small business-owners, shopkeepers, for example) plus students and women’s groups and other organisations that were not explicitly of working-class or peasant composition, could be integrated into “PRI family”.[19]
The PRI operated as a vehicle for clientelist patronage distributed via the leaders of each sector, the politicians who controlled the executive committee of the party at national, state and municipal level, and elected officeholders (federal and state legislators, state governors and municipal presidents). At the top of its pyramid-like structure was the president who made all the key appointments and could assign state funding at will; however, actors at every-level had the ability to offer positions, procure favours and (obviously) to boycott opponents. As analysis of the PRI system has consistently shown, the secret of its success was founded upon the constant renewal of patronage-holders via regular elections in which no-one was allowed to remain in office beyond one term, starting with the president.[20]
Between 1940 y 1982 the National Autonomous University of Mexico or UNAM, state universities, the IPN and all other public higher education centres were deeply embedded into the political system of one-party government. The UNAM, for example, consolidated itself as the favoured centre for higher education amongst political and economic elites. As Roderic Ai Camp has amply documented, it educated three out of every ten members of this class.[21] The ENP performed a similar role at the level of secondary level and was the place that key political friendships (such as that between Luis Echevarría Álvarez and José López Portillo) were forged. Influential academics, such Mario de la Cueva, were leaders of important networking groups that found his favoured students positions within the PRI as functionaries, elected-office holders, or as PRI officials.[22] At a state level, local universities performed a similar role and boasted academics able to stand as political “godfathers” (padrinos) to generations of students.[23]
University offices themselves were also absorbed into the clientelist system. While many of state universities gained their autonomy from their local state governments during the 1950s and 1960s, rectorships were usually disposed of as part of the governor’s personal patronage, while other key academic appointments would be made by the rector amongst his own clients and political allies within the university. Once teacher and university worker unions were established in the universities these also became vehicles for clientelism and patronage.[24] All this was true of the UNAM, although observers generally thought the University’s governing Junta named the rector with little overt intervention from the President. Within the context of one-party rule, it was tacitly understood that these appointments would be made from candidates acceptable to the president in turn.[25]
In this context, academics in state universities and the UNAM exercised the freedoms of research and teaching with care. During the 1950s, Marxist and socialist professors gained dominance in the Economics Faculty in the UNAM; by the early 1960s, the same was true for the Political Science and the Philosophy and Literature Faculties. This pyrrhic victory for Cárdenas did not mean the UNAM students (or indeed many of its professors) were more likely to support PRI governments unconditionally than their predecessors had been.[26] Instead, it meant that these faculties increasingly housed the dissidents who would populate Mexico’s New Left Movement.[27] While a number of these professors and students were inclined towards social democracy, the Cuban revolution of 1959 was a galvanising moment for student politics leading to a resurgence of student groups affiliated to Mexican Communist Party.[28] In the context of the Cold War, the Mexican State regarded these groups with growing suspicion and alarm.[29]
As a result, during this period, PRI governments attempted to absorb student federations and political groups into its orbit. As Jaime M. Pensado has noted, the general aim was to limit student participation in politics. In the 1950s and early 1960s, key student leaders were taken under the wing of academic patronage-holders and awarded access to favours for themselves and their groups: this often came in the form of free entertainment (alcoholic drinks and billiard games, for example), support for sport teams (especially the American Football teams) and the ability to procure better grades for the students. When these tactics failed, as during the 1956 strike by IPN students or the 1968 student movement, the state opted to use force: sending police and army to occupy IPN classrooms, dormitories, and offices, for example and undertaking the infamous massacres of protesting UNAM-IPN students in Tlatelolco Square in 1968 and at the Casco de San Tomás in 1971.[30] Following these episodes, overt political interference in university student life was more obvious. A key feature were the “porros”, groups of students or pretend students, paid by their political patrons to violently attack dissident student groups.[31] Other porro groups would adopt radically Communist or Maoist positions to infiltrate student groups, take over their leadership and attempt to destabilise them from within.[32]
In this way, during the heyday of the PRI regime, university autonomy in Mexico was very often little more than a dead letter. The diffuse clientelist political system tried to absorb both academics and students into its orbit, whilst ostensibly permitting the outward administrative autonomy. Even so, as the examples of the 1956 UPN strike, and the protests in the UNAM in 1968 demonstrate, clientelism and patronage were never enough to prevent organised student protest. As had been the case in the 1920s and 1930s, the state was also willing to employ (sometimes extreme) violence to quell their protest movements.
University Politics and Student Protest During the “Transition to Democracy” (1982-2018)
As has been hinted at in the previous two sections, what made universities uncomfortable for the Mexican state was student capacity for taking internal protests to the streets. During the twentieth century (as today), students regularly invaded and occupied university buildings during protests, they commandeered buses and organised marches on the busiest streets. Divisions amongst student groups, the presence of porros, as well as inter-university rivalry, also meant the student protests were often violent, even on those occasions in which the police remained at a distance. Moreover, university politics were usually misaligned with government priorities. In the first section, I documented academic opposition to the project of socialist education. After 1940, as we saw in the previous section, the problem was paradoxically reversed: that student groups and faculties inspired by Marxism and the Cuban revolution led to fears that students wished to overthrow the PRI regime.
Both these observations also explain why academic freedom and university autonomy were crucial elements in the eventual disintegration of the PRI regime. As studies of the 1968 student movement indicate, students were one of the driving forces behind opposition to the governments of Echevarría and López Portillo during the 1970s and many were “disappeared” and tortured as a result during México’s “dirty war”.[33] UNAM academics, for example, also became pivotal figures in the design and implementation of the various electoral and political reforms which were undertaken between 1977 and 1996. Many became important members of the Party of the Democratic Revolution or PRD, in whose ranks left-wing parties coalesced in 1989. José Woldenberg, the first president of Mexico’s Federal Institute of Elections (or IFE) was a case in point: a sociology student the UNAM’s Philosophy and Literature Faculty in the 1960s, who later took his Ph.D. in Political Science in the Faculty of the same name. Woldenberg was union leader and member of two Mexican socialist parties in the eighties before joining the PRD.[34]
Even so, Mexico’s “transition to democracy” as it was often optimistically labelled, brought new challenges to ideas of academic liberty and university autonomy. PRI corporativist practices within public universities left a strong and enduring legacy: the UNAM, state universities and other public higher education institutes remain homes for diverse political groups -labour unions, student federations, research groups- arranged around political godfathers and academic mentors who dispense favours to their disciples and seek to attack their rivals. As a result, they can provide trampolines to political power outside the university. Unsurprisingly therefore, university politics are often also public politics with ramifications far beyond the classroom.
In this respect, the recent history of the University of Guadalajara (in the state of Jalisco) is illustrative. During the PRI regime, the University had the monopoly of higher education in Jalisco and was an important cog in the corporativist regime. The most important padrino figure was Carlos Ramírez Ladewig, who had come to prominence as the first leader of the Guadalajara Student Federation (FEG) in 1951, and who controlled university appointments until his assassination in 1975. His brother Álvaro replaced him in this position, until a former ally turned rival, Raúl Padilla López was able to leverage himself into the rectorship in 1989 with the help of new student association: the Federation of University Students (FEU).[35] Although he only served one term as Rector (1989-1995), Padilla López has managed to preserve political dominance in the institution ever since. As such, he is an important political figure in Jalisco whose protégés have occupied numerous positions within the state and municipal government.[36]
The current governor of Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez of the Citizen Movement Party,[37] was elected with the support of the padillista group within the University of Guadalajara in 2018. However, in the two years his name has been associated with a new political party Let’s Make Jalisco (Hagamos Jalisco) in whose ranks feature former members of the FEU as well as academics from the University. The reaction of the governor has been to retain 140 million pesos (7.6 million dollars) of university funding; to order an official audit of the University project to build a Climate Science Museum; and to issue an arrest warrant against the director of the University’s Cultural Centre (of which the museum is part) for non-payment of 42 airfares at a local travel agency.[38]
In short, despite their autonomous status Mexican public universities remain today part of the political realm. As this section argues, the two most contentious issues between public higher education institutes and governments are those relating to university appointments and finance. A general aim of state and Federal governments between 1982 and 2018 has been to prevent university politics spilling into the public domain. To do this they have usually forged alliances with existing university political groups. As the example of the University of Guadalajara suggests, when these break down the withdrawal of public funds can be used as a form of political pressure.
Final remarks: New Attacks on University Autonomy under the Andrés Manuel López Obrador Administration
The election of Andrés Manuel López Obrador as President in 2018 has brought ideological arguments not seen since the 1930s back into the debate around the role of higher education in Mexican society. From a historical perspective this is interesting, especially as his party – Morena or the National Regeneration Movement- is an off-shoot of the PRD and it counts amongst its ranks ex-student leaders from 1968 and more recent student movements, such as the UNAM strike of 1999-2000. Nonetheless, López Obrador cut his teeth as a more traditional príista politician in the 1970s, and considers himself less a part of the rebellious generation of 1968 and more of a heir to Cárdenas’s postrevolutionary politics.
Foto: Catherine Andrews
In fact, the President interprets the “democratic transition” of the eighties and nineties as a perversion of Revolutionary ideals. As such, he regards the role that academics played in this transition as a terrible betrayal. A close reading of his speeches since 2018 shows he considers them to be the principal architects and beneficiaries of the neoliberal economic reforms enacted by governments since 1982. For López Obrador, academic life is one of undeserved privileges, huge financial rewards (gained from working on projects for private companies), and little relevant service to the public good. As a politician who has always disliked criticism, he also questions the value and intentions of any research which does not support his policies or political statements. From his point of view, all criticism of his actions comes from privileged minorities who are defending their own selfish interests.[39]
As a result, López Obrador believes that academic institutions need to be reformed to root out privilege and force them to work for the public good. Their research and teaching priorities need to be refocused so that they contribute to his government’s goals, and above all, academics should refrain from criticising him or his government in political debate. This is evidenced, for example, in the bill for a new Science and Technology Law which proposes that the government should establish a “state agenda” and impose these research priorities on public higher education institutions.[40] Similarly, the National Science and Technology Council (CONACYT), which oversees scholarships, fellowships, research grants (amongst other things), has reorganised its distribution of scholarships and research grants around ten “National Problems”. All postgraduate degrees that receive funding from CONACYT must demonstrate their commitment to one or more of these problems.[41]
Perhaps one of the most concerning illustrations of López Obrador’s policy towards higher education centres has been the circumstances surrounding the recent designation of the new General Director at the Centre for Research and Teaching in Economics (CIDE). Here the candidate favoured by the Director of CONACYT and the President was imposed on the Centre in a designation process which openly flouted the Centre’s by-laws and procedures.[42] To justify this attack, supporters of CONACYT and the President denounce the CIDE as an institution of self-interested academics whose research and teaching only serve private interests.[43] They hope the new Director will force the recalcitrant professors and students to abandon their “neoliberal inclinations” and make its research and teaching programme more palatable to López Obrador and his Morena Party.
In this way, López Obrador’s government attitude to academics and academic institutions appears to suggest that the situation in Mexico is now similar to that of the 1920s and 1930s. Attacks on academic freedom and university autonomy are being carried on in the name of the public good, and academic communities are being stigmatised as being hostile opponents of the government and allies of previous regimes. As I have demonstrated in this paper, during previous conflicts between universities and the state student protest has often been the deciding factor. The conflict in Guadalajara and in the CIDE have already provoked student protests. It will be interesting to see what role they will play as the situation develops further.
[1] A good introduction to the history of education in nineteenth-century Mexico can be found in: Anne Staples “Panorama educativo al comienzo de la vida independiente,” in Josefina Zoraida Vázquez et al., Ensayos sobre historia de la educación en México (México: El Colegio de México, 2013): 101-144.
[2] Charles A. Hale, Transformation of Liberalism in Late Nineteenth-Century Mexico (Mexico City: Princeton University Press, 1989).
[3] Javier Garciadiego, Rudos contra científicos. La Universidad Nacional durante la Revolución Mexicana (México: El Colegio de México/Universidad Nacional Autónoma de México, 1996).
[4] “La juventud argentina de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica (Manifiesto del 21 de junio de 1918) (Córdoba, 1918)”, en La reforma universitaria: desafíos y perspectivas noventa años después (Buenos Aires: CLASCO-Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2008), http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/gt/20101109083227/20juve.pdf.
[5] Ángel Díaz Barriga, “Autonomía universitaria. Orígenes y futuro en la realidad mexicana”, Revista de Educación Superior 33, núm. 129 (marzo de 2004): 41–48; Darcy Ribeiro, La universidad necesaria (Mexico: UNAM, 1982).
[7] Alan Knight, “Popular Culture and the Revolutionary State in Mexico, 1910-1940”, The Hispanic American Historical Review 74, núm. 3 (1994): 393–444.
[8] Francisco Arce Gurza, “En busca de una educación revolucionaria, 1924-1934,” in Vázquez et al: 145-188; Victoria Lerner, “La educación superior”, in Historia de la Revolución Mexicana, 1934-1940 (Mexico City: El Colegio de México, 1979), 147–74.
[9] Lombardo Toledano cited in Javier Mendoza Rojas, Los conflictos de la UNAM en el siglo XX (Mexico City: Centro de Estudios sobre la Universidad, Universidad Nacional Autónoma de México/Plaza y Valdés, 2001): 76-77. All translations in this text are my own.
[10] José Vasconcelos, cited in Mendoza Rojas, 51.
[18] Adolfo López Mateos (1958-1964), Luis Echevarría Álvarez (1970-1976), José López Portillo (1976-1982), Miguel de la Madrid (1982-1988) and Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). President Andrés Manuel López Obrador is a graduate of the UNAM’s Political and Social Science Faculty. To put this into perspective only one fomer president -Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000)- is a graduate of the IPN.
[19] Rogelio Hernández Rodríguez, Historia mínima del Partido Revolucionario Institucional (México: El Colegio de México, 2016), 32-34.
[23] More details of the relationship of universitarios and intellectuals with the Mexican state see Roderic Ai Camp, Political Recruitment across Two Centuries: Mexico, 1884-1991 (Austin: University of Texas Press, 2013); Roderic Ai Camp, Intellectuals and the State in Twentieth-Century Mexico (Austin: University of Texas Press, 2014).
[25] The following article from 1979 examines the limits of the UNAM’s autonomy in the appointment of its rectors: Daniel Levy, “University Autonomy in Mexico: Implications for Regime Authoritarianism”, Latin American Research Review 14, no. 3 (1979): 129–52.
[27] A good introduction to the idea of a “New Left” in Latin America and Mexico can be found in Eric Zolov, “Expanding our Conceptual Horizons: The Shift from an Old to a New Left in Latin America”, A Contra Corriente: A Journal on Social History and Literature in Latin America 5, no. 2 (2008): 47–73.
[28] Jaime M. Pensado, Rebel Mexico: Student Unrest and Authoritarian Political Culture During the Long Sixties (Stanford, California: Stanford University Press, 2013): 147-162.
[29] Renata Keller, Mexico’s Cold War: Cuba, the United States, and the legacy of the Mexican Revolution, (New York, NY: Cambridge University Press, 2015): 202-218.
[30] Tlatelolco Square is in the centre of Mexico City. The Casco San Tomás is an IPN building. The massacre there is generally referred to as the Halconazo because of the participation of an elite army unit –los Halcones-. Since it took place on 10 June, Corpus Christi in the Catholic Calendar, it is also referred to as the matanza de Corpus Christi.
[32] The tactics employed were very similar to the way that “charros” had invaded independent workers unions in the 1950s, taking over their leadership structures and transforming them into loyal members of the PRI system. See, Norman Caulfield, Mexican Workers and the State: From the Porfiriato to NAFTA (Fort Worth: Texas Christian University Press, 1998), 101-103.
[33] Dolores Trevizo, Rural Protest and The Making of Democracy in Mexico, 1968-2000 (University Park, Pa: Pennsylvania State University Press, 2011), 57-89.
[35] Adrián Acosta Silva, “Poder político, alternancia y desempeño institucional. La educación superior en Jalisco, 1995-2001”, Estudios Sociológicos 22, núm. 64 (2004): 53–73.
[37] And, it must be added, the son of Enrique Alfaro Anguiano, rector of the University of Guadalajara (1983-1989) immediately prior to Padilla López.
[40] “Anteproyecto de Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación,” CONACYT-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, https://consulta.conacyt.mx/?page_id=1255, page consulted 31 January 2022.
[41] “Problemas Nacionales Estratégicos”, CONACYT-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, https://conacyt.mx/pronaces/, page consulted 31 January 2022.
A continuación presento el texto que leí en el Foro «Libertad académica y autonomía universitaria en riesgo: Los agravios,» realizado en la Cámara de Diputados, do 2 de marzo de 2022.
Abajo pueden ver el foro completo. Mi participación empieza a 03:11:00
En esta intervención quiero hablar de lo que ha sucedido en el CIDE desde agosto de 2021. El objetivo de mi plática es demostrar que esta lamentable historia forma parte de una política clara por parte de las autoridades de Conacyt para acabar con la limitada autonomía que tiene los 27 Centros Públicos de Investigación y centralizar el gobierno de estas instituciones en las manos de Conacyt.
El CIDE forma parte de la red de centros públicos de Conacyt. De acuerdo con el art. 48 de la vigente Ley de Ciencia y Tecnología cuenta con “autonomía de decisión técnica, operativa y administrativa.” Dentro de este marco, el CIDE tiene dos estatutos fundamentales: el Estatuto General (que rige el gobierno interno del centro, la forma de elegir sus autoridades y sus respectivas facultades); y, el Estatuto del Personal Académico (que organiza la vida académica, la forma de contratar y evaluar a profesores, sus obligaciones y derechos). El Director General del centro es designado por Conacyt después de un proceso de auscultación entre la comunidad académica, la evaluación de las candidaturas a un comité de auscultación externa, y la formalización por medio de un voto en Consejo Directivo.
Cuenta con tres órganos gobernativos colegiados: 1) el Consejo Académico, integrado por el Director General, los Secretarios Académico y de Vinculación así como los directores de divisiones y un representante de cada división. El Consejo Académico tiene la facultad de aprobar cambios a los estatutos, reglamentos internos, y programas docentes a primera instancia, y es el espacio en el que se debate los temas académicos del centro. 2) El Consejo Directivo o Órgano de Gobierno, que está presidido por la directora de Conacyt y contiene representantes de los asociados fundadores del CIDE, así como del INE y el Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAC). También cuenta con cuatro representantes a título personal nombrado por Conacyt a petición del Director General. En este cuerpo se formaliza los nombramientos del Director General y los dos Secretarios, y se aprueba en última instancia las reformas a los reglamentos, programas docentes. El Consejo Directivo también supervisa el ejercicio de los recursos y el funcionamiento del centro. 3) La Asamblea General en que están representados los asociados fundadores del CIDE: las Secretarías de Educación, Economía, Energía e Hacienda, el Banco de México, el Colegio de México y Conacyt, que preside igualmente la Asamblea. La Asamblea es el órgano en donde se aprueba las reformas estatutarias en última instancia, entre otras cosas.
La autonomía acotada que gozaban los centros públicos de investigación al amparo de la vigente Ley de Ciencia y Tecnología no es del agrado de la actual directora de Conacyt. Como se puede apreciar en el Anteproyecto para la reforma de esta ley propuesta por Conacyt en febrero de 2019, prefiere centralizar el gobierno de los centros. Este anteproyecto propone eliminar la autonomía de los centros en tres aspectos: 1) eliminar la obligación de auscultar la comunidad académica en el nombramiento del Director General. La designación y relevo del cargo sería facultad directa de la Presidencia; 2) reemplazar los estatutos académicos particulares de los centros con un reglamento universal a todos los centros, con lo que se desaparecería el Consejo Académico del CIDE para reemplazarlo con una Asamblea consultativa sin las facultades de gobierno que actualmente goza; 3) controlar la investigación y docencia de los centros para que obedezcan “la agenda del Estado” establecida por Conacyt con voz pero sin voto de la comunidad académica.
La hostilidad de la actual directora de Conacyt hace el CIDE ha sido patente desde 2018. Por ejemplo, la Dra. María Elena Álvarez-Buylla Roces se negó recibir al anterior Director General ni accedió tomarle una llamada telefónica. A partir de 2021, gracias a la oportunidad brindada por la extinción de los fideicomisos, también empezaba obstaculizar la operación del centro. Para reemplazar los reglamentos que se hicieron obsoletos con la extinción, es necesario que el Consejo Directivo aprueba nuevas reglas de operación para proyectos con financiamiento externo, y para la administración de recursos propios y autogenerados. El CIDE sometió propuestas de reglamentación a Conacyt en abril de 2021. Hasta el día de hoy no ha sido presentado al Consejo Directivo con el resultado de la cancelación de múltiples proyectos de investigación, la pérdida de millones de pesos de financiamiento externo y la parálisis en el pago de estímulos que derive de los recursos propios.
En vista de esta situación, el anterior Director General, el Dr. Sergio López Ayllón renunció su carga a fin de julio del año pasado. A partir de entonces se inició la intervención directa por parte de Conacyt en el gobierno del centro. En contra de la costumbre, la Dra. Álvarez-Buylla no seleccionó un director interino entre la comunidad del CIDE, pero prefirió nombrar un colega foráneo de El Colegio de México, el Dr. José Antonio Romero Tellaeche. Desde su llegada, el Dr. Romero se hizo saber pública y privadamente que venía con el encargo de “refundar” el CIDE, extirpar la corrupción que nunca logró definir con claridad, y sobre todo, para callar a la comunidad para que aprendiéramos a ser “más calladitos” como alega son sus compañeros de El Colegio. Como ejemplo, el 5 de octubre, destituyó al Director de la Sede Región Centro del CIDE, el Dr. Alejandro Madrazo Lajous, por publicar un video en que expresaba las múltiples aportaciones que las Cátedras Conacyt -hoy llamadas Investigadoras e Investigadores por México- habían hecho al CIDE. Este acto se explica por el hecho de que la Dra. Álvarez-Buylla se encuentra en pleito con el sindicato de las Cátedras. Es de suponerse que el Dr. Romero -o más probablemente la directora de Conacyt- juzgó cualquier apoyo a las Cátedras como expresión política en su contra y, por lo tanto, pidió su cabeza.
Durante su interinato, el Dr. Romero también mostró la misma aversión de Conacyt a la autonomía del CIDE. En el Plan de Trabajo que presentó como parte de su candidatura a la Dirección General, argumentó que sería necesario “repensar y renovar las agendas de investigación y docencia” para alinearlos con los objetivos de la 4T. Además, piensa que el gobierno del centro recae exclusivamente en sus manos, y que los estatutos y reglamentos no deben atenderse. Como Secretaria Académica, fui testigo de cómo le molestaba “el atrevimiento” del Consejo Académico a pedirle explicaciones sobre la remoción del Dr. Madrazo, por ejemplo, y batallé infructuosamente para convencerle a seguir el procedimiento estatutario para nombrar el reemplazo a la dirección en Región Centro. Prefirió nombrar una directora interina para no tener que molestarse con el procedimiento que implicaba consultar a la comunidad de Región Centro sobre su preferencia. También fue muy difícil lograr que el Dr. Romero atendiera a las reuniones administrativas y académicas cotidianas, y más aún para conseguir su firma en las actas correspondientes. A partir de octubre, se negó a firmar cualquier acto y se negó dirigirme la palabra, prefiriendo mandar mensajes a través de su asistente administrativa.
Al final me destituyó del cargo el 16 de noviembre por insistir en cumplir con mis obligaciones como Secretaria Académica. Como parte de su plan para “refundar” el CIDE, había querido suspender las reuniones de las comisiones dictaminadoras de los profesores del centro. Como admitió a varios colegas después, juzgaba que en su condición de interino no lograría resolver a su satisfacción la evaluación de tres profesores. Quiso suspender las sesiones para luego realizarlas como Director General designado, y así tener más posibilidad de imponer su deseo de evaluar negativamente estos profesores y, así, lograr su salida de la institución. Cuando me comunicó esta intención le hizo saber -después de consultar con el asesor jurídico del CIDE- que El Estatuto de Personal Académico y el reglamento que rigen el procedimiento de evaluación, no contemplaban que el Director General podría suspender de las sesiones; y, por tanto, que las iba a realizar conforme a la programa ya anunciada. Su reacción fue violenta: por correo me acusó de rebeldía, y acto seguido, mandó dos de sus asistentes personales para intentar sacarme de la sala de juntas en donde se realizaban las evaluaciones.
Las circunstancias de mi remoción, como la del Dr. Madrazo Lajous, causaron consternación entre los profesores y los estudiantes. Conacyt ya había avanzado con el proceso de designación del nuevo director. Había dos candidatos, el Dr. Romero y el Dr. Vidal Llerenas, ex alcalde morenista de Azcapotzalco. Sabemos hoy que el Dr. Romero fue candidato de la presidencia, y por lo tanto, tenía que ser ratificado pasara lo que pasara. Con este fin, la Dra. Álvarez- Buylla aseguró que el comité de auscultación externa fuera poblado con gente fiable -incluyendo la Dra. Alicia Puyana, la co-autora del Dr. Romero en más de 15 artículos, y su amigo cercano y colega de El Colegio de México, el Dr. Lorenzo Meyer.
No obstante, la actuación del Dr. Romero como interino le hizo la tarea muy difícil. En los días previos a la reunión del Consejo Directivo en la que se debía votar para formalizar el nombramiento, hubo protestas en contra de su candidatura ante Conacyt por parte de la comunidad del CIDE. De acuerdo con testigos presenciales a esta reunión, el Consejo se realizó en medio de mucha tensión y cuestionamientos por parte de varios integrantes sobre la candidatura del Dr. Romero. En vista de esta oposición, la Dra. Álvarez-Buylla insistió que la formalización de la designación no requería voto, sino consistía en que el Consejo Directivo fuera informado de la designación. Se levantó la sesión sin más. No obstante, no hay acta ni grabación de esta sesión, ni se ha logrado protocolizar el nombramiento del Dr. Romero hasta el día de hoy, sin duda por las fallas de origen del nombramiento.
Como es sabido, la designación del Dr. Romero desató una protesta estudiantil que incluyó la ocupación de las dos sedes del CIDE. Profesores y estudiantes realizaron marchas y acudieron a Conacyt y luego al Senado para exigir una solución negociada al conflicto. También interpusieron amparos y denuncias administrativas en contra del proceso de designación. No obstante, tanto el Dr. Romero como la directora de Conacyt se negaron a dialogar. En cambio, durante de las siguientes semanas organizaron la segunda parte del golpe contra la autonomía del CIDE: la reforma al Estatuto General . Estas reformas buscaron cambiar el procedimiento de designación del Director General; permitir que se nombrara otro académico externo para ocupar la Secretaría Académica; y quitar facultades de decisión al Consejo Académico para transformarlo en un cuerpo de consulta. Hay que mencionar que esta última propuesta de reforma fue retirada al ultimo momento.
De acuerdo con el Estatuto General, tales reformas primero tendrían que ser votados en el Consejo Académico. No obstante, como el Consejo se conformaba de representantes del profesorado del CIDE, hubiera sido imposible lograr su aprobación. De manera que Dra. Álvarez-Buylla buscó otra salida. Con la ayuda ya pública del asesor jurídico de la Presidencia, argumentó que las reformas presentadas por Conacyt no tenían que pasar por el Consejo Académico ni el Consejo Directivo, sino que podría ser presentados directamente a la Asamblea General. Varios asociados de la Asamblea cuestionaron esta interpretación tan poco coherente del Estatuto, y dos -la Secretaria de Economía y la Presidenta de El Colegio de México- abiertamente se opusieron a la reformas con este argumento. El Banco de México optó por abstener por considerar el proceso ilegal, y el Secretario de Hacienda no mandó representante a la reunión, lo cual parece indicar su incomodidad con la propuesta. No obstante, se logró la reforma del Estatuto con los demás votos.
Con la reforma ilegal del Estatuto General se culminó el golpe de Conacyt contra la autonomía del CIDE. La interpretación adoptada por la Dra. Álvarez-Buylla del Estatuto le da campo libre para alterar cualquier aspecto de la vida institucional del CIDE mediante un acuerdo en la Asamblea General. Se puede realizar más reformas al Estatuto General o al Estatuto de Personal Académico a su conveniencia. En el proceso de designación del siguiente Director, la decisión de Conacyt será incuestionable en el Consejo Directivo, y en los hechos, el Consejo Académico ha sido regalado de su papel gubernativo anterior. Finalmente, las autoridades actuales del CIDE son todas personas externas a la institución con estrechos vínculos con Conacyt. No se puede esperar de ellos ninguna política que no sea acorde con los deseos de la Dra. Álvarez-Buylla. La ocupación hostil, por decirlo de alguna forma, es completa.
Protesta fuera de Conacyt, 14 de enero de 2022. Foto: Catherine Andrews
Las mujeres bien portadas rara vez hacen historia
Laurel Thatcher Ulrich (1976)
Tal vez se han enterado que en mi lugar de trabajo -el CIDE- vivimos momentos difíciles. En abierta violación de la normatividad de la institución, la directora de Conacyt ha impuesto un nuevo director, secretario académico y secretaria de vinculación. Las nuevas autoridades han adoptado una actitud hostil y amenazante con la comunidad que incluye la restricción de la libertad de expresión, de cátedra y de investigación, así como el acoso y hostigamiento a profesores y estudiantes.
En respuesta la comunidad se organiza para resistir, protestar y, lo más importante, sobrevivir. Al frente de esta organización se encuentran muchas mujeres, quienes con criterio, valor y entrega mantienen alta la guardia en defensa de la comunidad. Entre ellas, me gustaría señalar a Lorena Ruano, Céline González, Sandra Ley, María Inclán, Ana Lilia Hernández, Ximena Millán, Odette Ferrer, y todas las estudiantes de CIDEFem como lideres destacadas entre la comunidad, y razón por la cual hemos podido mantener la unidad ante las múltiples agresiones de las autoridades. Pero hay muchísimas más entre trabajadoras, profesoras y estudiantes. Sin exageración se puede afirmar que las mujeres estamos en el corazón de la resistencia.
Este hecho importa mucho: como argumenta Emanuele Satolli en un reciente artículo en Foreign Affairs, “los movimientos masivos que cuentan con la participación extensa de las mujeres tienen más probabilidades de tener éxito que los que marginalizan o excluyen a las mujeres.” Señala varias posibles explicaciones para este hecho, pero el argumento fundamental es que los movimientos con amplia presencia de mujeres gozan de más legitimidad que aquellos que están dominados por hombres. Aunque también nota que las mujeres tienen una larga historia de movilizaciones en contra de las injusticias, discriminaciones, violencias y opresiones que han enfrentado a lo largo de su vida; y por lo tanto, entienden la importancia de la resistencia prolongada como estrategia.
En breve: las mujeres somos una fuerza política; y nuestra participación en movimientos políticos son claves. Tal vez por este motivo las mujeres líderes de protesta incomodamos y enojamos tanto a las autoridades más que nuestros compañeros hombres. Es probable que reconozcan que somos peligrosas. También podrían obedecer a que el liderazgo femenino ofende a los estereotipos de género tan queridos por estas autoridades. Como esperan que las mujeres seamos sumisas y respetuosas de la autoridad masculina, les molesta cuando les cuestionamos. Somos “rebeldes” que no nos quedamos en el lugar que nos ha sido asignado. Como piensan que las mujeres no somos capaces de pensar de modo independiente, nos acusan de ser “manipuladas” por intereses oscuros y ocultos, meros “títeres” de otros hombres.
Dice Satolli que los autócratas temen a las mujeres. Creo que tiene mucha razón.
Hoy Boris Johnson se siente reivindicado. Al cierre del conteo de votos, vimos que el partido Conservador había arrasado en las elecciones generales con unos 365 escaños y una mayoría sólida de 80. Ni Theresa May ni David Cameron ni John Major lograron victorias semejantes. En la historia contemporánea sólo se compara con las mayorías de Margaret Thatcher (1971, 1983 y 1987). De acuerdo con estas cifras, parece verdad su declaración de hoy de que su gobierno “tiene un nuevo mandato poderoso para lograr el Brexit.”
No obstante, un análisis de los votos en general sugiere otra historia. En la elección de 2017, el gobierno de Theresa May ganó 42.4% del voto popular y 317 escaños; en los comicios de ayer, el gobierno de Johnson alcanzó 43.6%. Es decir, que los Tories ganaron 47 escaños gracias a un incremento de apenas 1.2% del voto total.
La razón por este milagro vuelve evidente si comparamos el voto general para el partido labourista en las dos últimas elecciones. En 2017, el partido de Jeremy Corbyn ganó 40% del voto popular. Ayer, alcanzó 32.1%. En otras palabras, los labouristas perdieron 7.9% del apoyo que tenía en los comicios pasados. La explicación de la victoria de Johnson no es la popularidad de su administración ni un nuevo apoyo para Brexit, es la impopularidad del partido labourista entre sus ex votantes.
Hoy se discute las razones por las que Labour perdió popularidad entre 2017 y 2019. Parece increíble que los últimos dos años de crisis perpetua y de acciones francamente inconstitucionales por parte del partido Conservador, que el partido de oposición sería el que pierde apoyo. Veremos:
Son tres explicaciones principales que circulan ahora: 1) la política del partido labourista en cuanto a Brexit nunca fue clara ni contundente. En consecuencia, tanto los pro y los anti Brexit se hartaron con el partido. 2) Jeremy Corbyn es un líder sumamente impopular, todas las encuestas previas a la elección mostraban que los votantes preferían a Johnson.
De acuerdo con una encuesta realizada hoy a los que no votaron por Labour, 43% declararon que Corbyn era el motivo. El Brexit viene en un segundo lugar muy lejano.
NEW Opinium poll
The main reasons people did not vote Labour — The leadership (43%) — Brexit (17%) — Their economic policies (12%)
3) El partido labourista ya no cuenta con apoyo electoral significativo entre la población escocesa. De los 55 escaños de Escocia, Labour ganó uno; el partido nacional escocés arrasó con 48, los conservadores ganaron 6 y los Democratas Liberales uno. Hay aquí otra historia a contar pero lo guardo para otro momento.
Ahora bien, la otra explicación por la victoria de Johnson es el sistema electoral británico, en el que los representantes (los miembros de parlamento) ganan sus elecciones por mayoría simple en elecciones uninominales. En breve, la elección se desarrolla como una serie de elecciones pequeñas en cada circunscripción.
Si comparamos los resultados que el sistema de representación proporcional hubiera arrojado en esta elección, es posible ver qué tanto le ayudó Johnson el sistema actual. En lugar de 365 escaños, contaría con 288. Los labouristas, por su parte, hubieron ganado 14 escaños más.
This is based on the votes cast – remember, Westminster's broken first past the post system makes many people vote tactically, so the votes would be different under any PR system https://t.co/jT0eobSPlmpic.twitter.com/CMQv1daK1j
Detrás de la victoria Tory, entonces, hubo una estrategia que identificaba y hacía campaña muy dura en las circunscripciones en las que el representante labourista se veía débil. En general, éstas eran en el Noreste y Noroeste de Inglaterra, donde el voto a favor de Brexit en el referéndum de 2016 era muy alto. Las circunscripciones emblemáticas de esta estrategia eran de Workington (NW), Blyth Valley (NE) y Sedgefield (NE).
Asimismo, el otro factor que ayudó a los Conservadores era el apoyo de Nigel Farage y el Brexit Party. Como argumenté ayer, se nota claramente cómo la decisión de Farage de sólo presentar candidatos en las circunscripciones representadas por diputados de la oposición. Por ejemplo:
Claro, esto quiere decir -una vez más- que el mandato que tiene Johnson no representa un repunto del apoyo para Brexit. Quiere decir que el partido Conservador logró ganarse los votos brexitianos que antes votaban para el partido labourista.
Me gustaría empezar explicando la iniciativa para reformar el Código Civil de la Ciudad de México que nos tiene reunidas hoy. En breve se trata de una medida para permitir a los menores de edad cambiar el “género” indicado en sus documentos legales mediante el mismo proceso que el Código establece para los mayores de edad.
Las y los proponentes de esta medida la presentan como una ampliación de derechos para incluir a las niñas y los niños. De acuerdo con lo que plantean en el dictamen, creen que los menores de edad tienen los elementos necesarios para hacer una decisión de esta naturaleza. Señalan que el Código ya permite a los menores de edad tomar decisiones importantes: como contraer matrimonio; interrumpir voluntariamente el embarazo; disponer de sus bienes, entre otros.
Para justificar esta afirmación, los y las proponentes de la medida afirman que “la identidad de género se desarrolla […] entre los dieciocho meses y tres años de edad.” En otras palabras, sostienen que la identidad de género se fija en los tempranos meses de vida, e insinúan (aunque no lo digan explícitamente) no es sujeto a cambios a lo largo de la vida de las personas. Por este motivo, argumentan que “los dieciocho años marcado por la ley como requisito para acceder a este derecho es innecesario, injustificado y contraria a la Constitución y a los derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación.”
Al efecto, los y las proponentes citan a las relevantes disposiciones internacionales en materia de derechos humanos, desde la Declaración universal de los derechos humanos (art. 6, el derecho a la personalidad jurídica) hasta los principios de Yogyakarta, un documento elaborado por un grupo de especialistas que establecen los estándares internacionales en cuando a los derechos las personas homosexuales.
El principio 3 de Yogyakarta reza:
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. Las personas en toda su diversidad de orientaciones sexuales o identidades de género disfrutarán de capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida. La orientación sexual o identidad de género que cada persona defina para sí, es esencial para su personalidad y constituye uno de los aspectos fundamentales de su autodeterminación, su dignidad y su libertad. Ninguna persona será obligada a someterse a procedimientos médicos, incluyendo la cirugía de reasignación de sexo, la esterilización o la terapia hormonal, como requisito para el reconocimiento legal de su identidad de género. Ninguna condición, como el matrimonio o la maternidad o paternidad, podrá ser invocada como tal con el fin de impedir el reconocimiento legal de la identidad de género de una persona. Ninguna persona será sometida a presiones para ocultar, suprimir o negar su orientación sexual o identidad de género.[1]
En esta ponencia, quiero examinar los argumentos que acabo de resumir desde la perspectiva de género con el fin de sugerir que la reforma al Código Civil -tal y como está planteada- no contempla el contexto social y cultural actual en el que los papeles de género son impuestos coercitivamente a la población. Por lo que no reconoce que cualquier decisión que tome un menor de edad sobre su identidad de género y orientación sexual difícilmente se puede considerar como autónoma o libre de presiones familiares y/o sociales.
Asimismo, quiero proponer que la propuesta de reforma parte de una premisa equivocada y una mala interpretación de la investigación en cuanto a la invariabilidad de la identidad de género. Sobre todo, en relación con la identidad de género entre los menores de edad, la investigación muestra que la identidad no es fija sino en desarrollo y definición a lo largo de la niñez y de la adolescencia; y, que este desarrollo está afectado por múltiples factores, incluyendo la presión social, la violencia de género y los trastornos neurobiológicos.[2]
En consecuencia, voy a argumentar que la iniciativa de reforma atenta contra los derechos de los niños y las niñas a la libre determinación, y sobre todo, al artículo 3 de los principios de Yogyakarta que acabo de leer. El deber de Estado en materia de derechos humanos es defender los derechos a todos los grupos vulnerables. Este deber incluye proteger a las personas homosexuales, como bien señala el principio 3 de Yogyakarta, así como a las niñas y niños frente a los posibles abusos de los adultos.
Para que mis argumentos sean claros y no presten a confusiones ni mal interpretaciones, es necesario explicar, en primer lugar, qué es la perspectiva de género. Sobre todo es importante explicar porqué el concepto de “género” no necesariamente tiene el mismo sentido cuando se habla de perspectiva “de género” y cuando se refiere a la identidad “de género”.
En el discurso feminista, el concepto de género se emplea para referirse a los papeles sociales y los estereotipos que históricamente la cultura occidental asocia con las personas derivadas de su función biológica reproductiva. Esta idea permite a las promotoras de la perspectiva de género argumentar que la sociedad tiene expectativas diversas acerca del comportamiento de las personas, de la expresión de su sexualidad, y de su presentación física, dependiendo de su presentación física. Es decir, si tienen cuerpo masculino o cuerpo femenino. De acuerdo con el feminismo, la diferencia entre las expectativas socioculturales también explica la desigualdad de circunstancias en que se desarrollan las personas.
Puesta de otra manera, el estudio feminista de los papeles de género revela que nuestra sociedad se construye con base en una jerarquía clara, en donde a las personas de sexo masculino se les cultivan la idea de que son más importantes que las personas de sexo femenino. Son más fuertes, más inteligentes, y con mejor aptitud para mandar. Las personas del sexo femenino, en cambio, reciben una educación sociocultural que les enseña que son menos importantes, menos inteligentes y más emocionales que sus compañeros. Les inculca la idea que las personas del sexo femenino existen para apoyar, servir y cuidar a los demás, y que no deben pensar en sí mismos.
Toda esta socialización en los papeles de género está íntimamente vinculada a nuestros cuerpos. En el discurso sobre el comportamiento humano, la capacidad de gestar niños vuelve señal de que ser mamá, cuidar a los niños y hasta quedarse en casa, es aspiración normal femenina. El papel social de la mamá, entonces, es considerado natural y deseable.
En relación con la sexualidad, estudiar la socialización de los seres humanos nos permite entender que las expectativas relacionadas a los papeles de género también cultivan la heterosexualidad como la forma “normal” o “paradigmático” de la expresión sexual humana. De nuevo, esta creencia se fundamenta con referencia a nuestros cuerpos: si el ser humano quiere reproducir, debe tener relaciones sexuales heterosexuales. La heterosexualidad entonces se concibe dentro de los papeles de género actuales como “algo natural”. En consecuencia, la sociedad suele trata a la homosexualidad como una desviación de la norma, algo inusual y, sobre todo, algo que “no es natural.”
Así las cosas, “una perspectiva de género” es la que estudia la sociedad actual a la luz este conocimiento sobre los papeles sociales relacionados al género. A su vez, la política pública con perspectiva de género busca implementar medidas para poner fin a la desigualdad de circunstancias en que viven hombres y mujeres a causa de la socialización de los papeles de género. Parte importante de esta tarea es estudiar y analizar las políticas públicas para entender su impacto en la promoción de la equidad y la igualdad.
Es decir, la perspectiva de género nos obliga investigar cada iniciativa de ley, y cada política para analizar las consecuencias de ellas en la población femenina. Significa reconocer que las personas no se desarrollan en circunstancias iguales y que las políticas públicas pueden tener efectos distintos en diferentes personas. En este sentido, “el género” de la perspectiva de “género” se refiere a idea de que hay diferentes clases -o géneros- de los seres humanos.
En cambio, el concepto de “género” cuando se usa en la frase “identidad de género”, refiere a una idea muy distinta. Como es evidente en los argumentos de la iniciativa de reforma, aquí el género se entiende como un aspecto de la personalidad. Es una convicción personal acerca de su relación con el mundo que se desarrolla a una edad muy temprana, por lo que parece casi natural. La identidad de género, entonces, puede entrar en conflicto con los papeles de género que la sociedad espera de las personas con relación a su presentación física.
Las personas que experimentan este conflicto entre convicción personal y cuerpo físico muchas veces lo viven como una opresión o una discriminación, tal y como lo plantean los autores de la reforma. Se sienten que se le aplican las reglas equivocadas: le tratan como mujer cuando se identifica como hombre, o viceversa. Pero, desde este punto de vista los papeles de género en sí no se entienden como una opresión ni una discriminación (como es el caso en el análisis feminista). Es decir, “el género” de la “identidad de género” no demarca una relación de poder entre diferentes clases o sexos de personas, ni fomenta la desigualdad. Es sólo una expresión de la personalidad de cada uno: los papeles de género, en breve, son marcadores de la identidad.
Es aquí en donde las personas que abogan a favor de la identidad de género enfrentan oposición desde la derecha, y sobre todo desde la derecha religiosa. En esencia, su planteamiento sugiere que uno escoge el papel de género o la identidad que más le convenga, y que esta decisión no tiene nada que ver con la biología. Desde un entendimiento tradicional del orden social, esta idea choca con la idea de que la biología nos impone un destino y un papel social “natural.” Para la derecha, la identidad de género como la homosexualidad son ataques al orden natural y no deben ser toleradas.
Pero, las personas que abogan a favor de la identidad de género enfrentan oposición también desde el feminismo radical y el feminismo «crítico de género». Para estos feminismo, el discurso de la identidad de género no parece mucho muy diferente que el discurso de la derecha. Ninguno de los dos cuestiona las relaciones de poder desiguales en la sociedad a raíz de la socialización de los papeles de género. Ambos discursos afirman que el género es algo natural y fija; que es un aspecto de la vida humana que determina la personalidad. Sólo están en desacuerdo en cuanto a origen natural de esta personalidad; es decir, si el género es vinculado irremediablemente con el cuerpo, o si es una convicción y una personalidad de libre elección.
Frente a estos argumentos, el feminismo radical, y su hermana el feminismo “crítico de género”, sostienen que los papeles de género son una opresión y una discriminación para todos y todas. Argumentan que el género, sea entendido como identidad o sea entendido como papel, es el resultado de la socialización. Por lo que no hay sexualidad natural, ni la heterosexualidad, ni la homosexualidad, ni la bisexual son naturales; y no hay identidad de género “natural,” ni papel de género que corresponde a una persona en razón de su capacidad reproductiva. En otras palabras, rechazan los planteamientos de la derecha y los de los identitarios de género.
Me parece que este punto de vista es bastante mal entendida y mal interpretada en el discurso político actual. Cualquier crítica al concepto de identidad de género es entendida -sin excepción- como una posición conservadora. Por esto me he extendido en esta parte, pues me ha permitido contextualizar lo que voy a decir en seguida: la crítica a la propuesta de reforma desde la perspectiva de género.
Como dije en la parte introductoria, la iniciativa de ley argumenta que “los especialistas en la materia sostienen” que la identidad de género se desarrolla entre los dieciocho meses y los tres años, e insinúa que esta identidad luego es inmutable a lo largo de la vida de la persona. Para sostener esta afirmación, los y las proponentes de la reforma citan al Glosario de la diversidad sexual publicado por el CONAPRED. Este Glosario, a su vez, cita a un artículo académico publicado en The Lancet (una revista de alta prestigio en el campo de la medicina) y una página web de Estados Unidos –Gender Spectrum– que apoya a los padres de hijos e hijas cuya identidad de género está en conflicto con sus cuerpos.[3]
Dije en la introducción que esta premisa era falsa. Veremos ahora porqué.
En primer lugar, al leer los textos citados encontramos que el consenso referido en la iniciativa de ley no es en torno a la identidad sino en referencia al comportamiento de los niños. En otras palabras, lo que se nota desde los 18 meses es que algunos niños y niñas se comportan de manera contraria a las expectativas en torno a los papeles de género.[4] El criterio diagnóstico para identificar a los menores de edad con “disforia de género” (es decir, que su identidad de género está en conflicto con su cuerpo) en el Reino Unido, por ejemplo, señala que lo siguiente son ejemplos de este tipo de comportamiento.
Querer jugar con los juguetes del otro género
Querer vestirse en la ropa del otro género
Querer jugar el papel de ser del otro género en los juegos infantiles.
En otras palabras, lo que se desarrolla en la temprana edad es un conocimiento interno de los papeles de género, y una reacción positiva o negativa antes ellos. La declaración de la identidad de género (el criterio más importante para diagnosticar la disforia de género), en cambio, es algo que se manifiesta muy poco entre los niños chiquitos, y más frecuentemente en la temprana adolescencia.
En segundo lugar, las investigaciones de seguimiento con niños y niñas con “disforia de género” que se han realizado desde 1972 muestran que la identidad de género expresada por estos jóvenes no es estable.[6] De hecho, los resultados de estas investigaciones sugieren que entre 60 y 90 por ciento de los niños y las niñas que recibieron apoyo en caso de disforia de género rechazaron una identidad de género trans al llegar la mayoría de edad. Son cifras abrumadoras que indican que la identidad de género no es inmutable en los menores de edad; y que, sobre todo, lo que afirman sentir los niños y/o adolescentes no siempre corresponde con lo que afirman sentir de grandes.
Es necesario subrayar, además, que los niños y las niñas en los estudios citados crecieron para declararse homosexuales. Es decir, la evidencia parece sugerir que los menores de edad encuentran dificultad en distinguir entre su orientación sexual y su identidad de género. Sólo después de madurarse como adultos tienen los elementos necesarios para ser seguros o seguras de la identidad que quieren llevar.
Si se aplica la perspectiva de género a esta situación, se puede formular la siguiente crítica a la propuesta de reforma al Código Civil.
Los papeles de género son impuestos coercitivamente a los jóvenes en nuestra sociedad. Son el resultado de la socialización y no de una predisposición natural, por lo que no es de sorprenderse que algunas personas prefieren -cuando pueden- rechazar el papel de género impuesto.
Tampoco es de sorprenderse que los adultos con los que se socializa el o la niña que prefiere seguir las normas de género del otro género, se incomodan ante este hecho y reaccionan ante el niño o la niña, cuestionando su comportamiento e insistiendo que conforme con las normas; o bien, preguntándose si la o el niña es transgénero. Ambas reacciones niegan el derecho del niño o la niña a la autodeterminación.
La imposición de la heterosexualidad es un componente importante de la socialización de género. Parte de esta socialización es la estigmatización de la atracción homosexual, con el argumento que una orientación hacia el mismo sexo hace la persona menos “normal”, menos “mujer” o menos “hombre”.
En este contexto es entendible que el o la niña que experimenta atracción homosexual puede estar confundida acerca de su identidad. Es también previsible que los adultos que rodean este o esta niña caen en la misma confusión; algunas veces por razones homofóbicas, algunas veces por otros motivos.
Es evidente, por lo tanto, que los y las niñas que rompen los papeles de género enfrentan estigmatización y discriminación. Es muy probable, además, que varios son sujetos a presión, chantaje y manipulación por parte de los adultos que subscriben a la idea de que que los papeles de género son naturales y deben ser seguidos.
En consecuencia, no se sostiene el argumento propuesto por los redactores de la iniciativa de reforma. Ni es cierto que la identidad de género es fija e inmutable en los menores de edad, ni es verdad que los niños y los adultos gozan de la misma igualdad de circunstancias para hacer una decisión de esta naturaleza. Los menores de edad son más vulnerables a las presiones “para ocultar, suprimir o negar su orientación sexual o su identidad de género” (en palabras del 3º principio de Yogyakarta). No cuentan con las mismas experiencias de vida que les permiten distinguir entre su orientación sexual y su identidad de género. Es por estas razones que establecer la mayoría de edad como requisito para el cambio de identidad de género es necesario y justificado. No atenta contra los derechos de los niños, en cambio los protege y los ampara frente a los posibles abusos que puedan ser sujetos por parte de una sociedad que impone los papeles de género a los seres humano de manera coercitiva y violenta.
[2] Yvonne Kelly et al., “Social Media Use and Adolescent Mental Health: Findings From the UK Millennium Cohort Study”, Clinical Medicine 6 (diciembre de 2018): 59–68, https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2018.12.005; Gary Butler et al., “Assessment and Support of Children and Adolescents with Gender Dysphoria”, Archives of Disease in Childhood, el 12 de abril de 2018, archdischild-2018-314992, https://doi.org/10.1136/archdischild-2018-314992.
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