El proyecto de constitución para la Ciudad de México inicia con una carta de derechos amplios y diversos: hay derechos sociales, culturales, familiares y económicos; así como derechos para grupos marginalizados o minoritarios. En el primer artículo de esta carta se establece que: “La dignidad humana es inviolable. Todas las personas nacen libres e iguales en derechos. Su protección es el fundamento de esta Constitución y toda actividad pública o privada debe estar guiada por el respeto y garantía de los derechos humanos” (art. 8). En el siguiente artículo se afirma que “las personas gozan de los derechos humanos y garantías contenidos en esta Constitución, en la de los Estados Unidos Mexicanos, en los instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en las leyes nacionales y locales” (art. 9 A1). Destaca que los derechos humanos son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, irrevocables y exigibles” (art. 9 B2).[1]
Son declaraciones laudables y consistentes con la intención explícita del proyecto de constitución para crear una sociedad incluyente, tolerante y justa. En el artículo 10, también se plantea que la Ciudad de México debe de ser un espacio de “libertades y derechos”. En particular, el proyecto propone que:
Toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y psicológica, así como a una vida libre de violencia (art. 10 B2)
En consecuencia, advierte que:
Se prohíben y sancionarán la trata de personas en todas sus formas, las ejecuciones, las desapariciones forzadas, los crímenes de odio, los feminicidios, la tortura, las penas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, de acuerdo con las leyes de la materia. Se adoptarán medidas para erradicarlas (art. 10 B3)
Al hablar del trabajo establece asimismo que:
Toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, temporal o permanente, asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un trabajo digno que considere: […]
Un trato respetuoso por parte de quien recibe sus servicios, libre de discriminación, violencia física, psicológica, sexual o de cualquier otra índole (Art. 15, D. 2].
No obstante, estas proposiciones no se sostienen a lo largo de la carta. Al llegar al apartado F del artículo 15, es evidente que los autores del proyecto hacen excepciones para el ejercicio los derechos humanos “inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, irrevocables y exigibles”. De hecho, hay personas a las cuales se exhorta explícitamente a renunciar al “derecho a ser respetada en su integridad física y psicológica, así como a una vida libre de violencia”; no se les extiende la protección en contra de “la tortura, las penas y tratos crueles, inhumanos y degradantes”. Se trata de las personas prostituidas.[2] Aquí se establece que “las autoridades de la ciudad, en el ámbito de sus competencias y de conformidad con lo previsto por la ley”:
Reconocen y protegen el trabajo sexual voluntario y autónomo como una actividad lícita (art. 15 F3.2)
La redacción sugiere que los autores del proyecto consideran que hay una diferencia clara entre “el trabajo sexual voluntario y autónomo” y la trata, que, imagino, definen como “el trabajo sexual coercido”. El uso del término “trabajo sexual” sugiere que siguen el principio económico, según el cual la prostitución es un trabajo como cualquier otro, y, por tanto, la comercialización del sexo es equiparable a la de tamales en las esquinas, por ejemplo.[3] Es un argumento que plantea que la trata debe ser combatida, mientras que el trabajo sexual “voluntario”, protegido. De acuerdo con esta interpretación, las trabajadoras sufren de violencia y persecución porque el trabajo sexual es estigmatizado y marginalizado. Si se reduce el estigma y la marginalización a través de la protección del trabajo sexual, la violencia que sufren los trabajadores disminuirá, pues tendrán acceso a la protección de la ley.[4]
Hay tres problemas con esta interpretación. En primer lugar, las investigaciones apuntan que la violencia que experimentan las personas involucradas en la prostitución hace imposible diferenciar nítidamente entre la trata y “el trabajo sexual voluntario y autónomo”, es una distinción lingüística difícil de identificar en la realidad. Traficadas o “voluntarias”, las personas que venden sexo enfrentan riesgos aterradores a diario. En Estados Unidos, por ejemplo, donde la prostitución es generalmente ilegal, las mujeres prostituidas sufren una tasa promedio de mortalidad 18 veces más alta que las mujeres en cualquiera otra ocupación.[5] Un estudio canadiense de 1985 reportó una tasa de mortalidad entre las personas prostituidas 40 veces más alta que la de la población general.[6] Una investigación de 2001 de la Gran Bretaña indica que la mitad de las mujeres involucradas en la prostitución callejera, y una cuarta parte de las que se ocupan en otros tipos de la prostitución, habían sufrido violencia física en los seis meses previos a la entrevista con las investigadoras.[7] En un estudio acerca de la prostitución legal e ilegal en México, Colombia, Canadá, Alemania, África de Sur, Tailandia, Turquía, Estados Unidos y Zambia, se reporta que 62% de las encuestadas habían sido violadas; y 72%, sufrido violencia física. 88% de las trabajadoras entrevistadas en Canadá, México y Colombia habían enfrentado violencia verbal. 68% de las mujeres entrevistadas exhibió síntomas de estrés post traumático.[8] De acuerdo con su análisis, los problemas de salud física y mental que enfrentan las personas prostituidas son muy similares a los de las víctimas de tortura.[9]
En comparación, las investigaciones sobre las trabajadoras sexuales en los Países Bajos, Nueva Zelanda y Alemania donde el trabajo sexual es legal, demuestran que las personas prostituidas siguen sufriendo altas tasas de violencia. En los Países Bajos, un estudio señala que 70% de las trabajadoras encuestadas sufrió algún tipo de violencia sexual.[10] Otra investigación hecha para el gobierno de Nueva Zelanda (donde la prostitución no está sancionada) reporta que 42% de las trabajadoras de la calle, y 38% de las trabajadoras en burdel dijeron que fueron obligadas a aceptar un cliente a pesar de que no lo querían atender. Es decir que fueron violadas.[11] 59% de las trabajadoras entrevistadas para un estudio en Alemania dijo que la legalización no las protege de la violencia.[12]
En México, el equipo de la investigadora Melissa Farley entrevistó a mujeres en varias situaciones de prostitución: a bailarinas eróticas, a trabajadoras de burdeles y a trabajadoras de la calle. Su investigación revela que no hay diferencia en los niveles de violencia verbal, sexual, tasas de personas con síntomas de estrés postraumático entre todos los diferentes tipos de trabajadoras entrevistadas.[13] No hay razón para pensar, por lo tanto, que el trabajo sexual implica menos riesgos en alguna de sus presentaciones, ni siquiera la voluntaria.
Esta situación se explica porque los compradores de sexo no distinguen entre la persona traficada y la voluntaria. De acuerdo con sus propios comentarios, les da exactamente igual.[14] Los compradores entrevistados por Kat Banyard en Londres, por ejemplo, coincidieron en que siempre querían “buen servicio” sin importar si la mujer era traficada o si era trabajadora voluntaria. En un estudio de clientes en Boston, EU, 41% admitieron que la(s) mujeres(s) con quienes habían tenido relaciones estaba en la prostitución de manera forzada.[15] Los senadores del PRD Fernando Mayans y Luis Sánchez Jiménez acaban de dar prueba de esto en días recientes con sus “bromas” acerca de ser usuarios de la trata.[16] Un estudio reciente concluye que los compradores de sexo “solían considerar a las mujeres prostituidas como intrínsecamente diferentes que otras mujeres y niegan su humanidad.” Muestran menos empatía hacia las mujeres que venden sexo que hacia quienes no lo hacen y, en general, suelen ser más agresivos con ellas.[17] Dicho de otro modo, la autonomía o la voluntad de la persona prostituida no determina el trato que recibe por parte de clientes. Más bien, es el acto preciso de comprar el acceso sexual a una mujer lo que lleva a los compradores a deshumanizarla.
En segundo lugar, la evidencia recogida en lugares donde se ha legalizado el trabajo sexual e introducido protecciones y prestaciones para los trabajadores demuestra que estas políticas no promueven la protección de los trabajadores sexuales, ni reducen el estigma ni la marginalización en la que operan. De acuerdo a la investigación de Kat Banyard, las trabajadoras sexuales en Nueva Zelanda no suelen denunciar la violencia ante la policía porque quieren mantener sus actividades en secreto. En los Países Bajos las trabajadoras tienen derechos laborales, incluso de pensión, pero no se registran ante las instituciones correspondientes. Prefieren el anonimato para que no se les asocie con la industria. En Alemania, las trabajadoras se rehúsan a crear un sindicato y a registrarse ante las autoridades. Prefieren trabajar en la clandestinidad, pues consideran que las zonas aisladas y las condiciones de trabajo en los burdeles las exponen a más riesgos.[18]
El trabajo sexual protegido tampoco facilita la supresión de la trata de personas. Un reporte hecho para el parlamento en los Países Bajos en 2007 concluyó que la legalización no había disminuido el control de la prostitución que ejercen los proxenetas.[19] De hecho, la policía de los Países Bajos estima que entre 50 y 90 por ciento de las trabajadoras sexuales no son “voluntarias.”[20]
De hecho, la evidencia sugiere que la promoción de un comercio sexual legal impulsa la demanda y, por ende, la expansión también del mercado ilegal. En Alemania, por ejemplo, el comercio sexual legal ha llevado a la fundación de “megaburdeles” con ofertas similares a las que lanzan bares y cantinas. Cuando se abrió el “Pussy Club” en Stuttgart en 2009 por ejemplo, ofrecía: “relaciones sexuales con todas las mujeres que quieras” por 70 euros durante el día y 100 euros por la noche.[21] Las trabajadoras suelen ser contratistas independientes (“autónomos”) que rentan espacio (y vivienda) dentro del burdel.[22] Se estima que 75 a 85% de las trabajadoras en estos lugares son de origen extranjero.[23] Tal vez algunas están allí por voluntad propia; no obstante, está bien documentado el tráfico de mujeres de los países de Europa del Este hacia Alemania. La policía en Sporer, Alemania, calculan que 90% de las trabajadoras sexuales de esta ciudad provienen de Romania, Bulgaria y Hungría.[24]
Investigadores en los Países Bajos concluyeron que la expansión de la prostitución legal entorpece cualquier esfuerzo para combatir la trata, pues mantiene a los burdeles legales “fuera del alcance del sistema de justicia”, a pesar de que es sabido que se alimentan de la trata.[25] En 2013, un estudio de la trata de personas en 150 países concluyó que los países con prostitución legal experimentaron “una expansión del mercado de la prostitución y, por lo tanto, un incremento en el tráfico de personas.”[26]
En tercer lugar, y en relación directa al artículo 15F 3.2, los conceptos “voluntario y autónomo” son muy problemáticos. Dadas las condiciones en las que se encuentran las personas que venden sexo ¿de verdad creerán los redactores del proyecto que es posible identificar con precisión cuándo las personas toman sus decisiones voluntaria y autónomamente y cuándo no? El estudio de Farley et al sobre la prostitución en nueve países ((incluyendo a México) señala que 59% de las mujeres entrevistadas sufrió violencia física durante su infancia; 63% fue violada o abusada en esa etapa de su vida.[27]
¿En qué sentido se puede interpretar el artículo al hablar de una chica que empieza a ser prostituida a los trece años?, ¿puede tomar la decisión de seguir “voluntaria y autónomamente” cuando se convierte en adulta, o más bien, ya no tiene opciones? No son preguntas retóricas: la investigación ya citada de Farley et al de nueve países muestra que 47% de las personas entrevistadas se involucró en la prostitución antes de los 18 años.[28]
¿Cómo se puede interpretar el artículo 15F 3.2 al hablar de las mujeres que dicen que venden sexo “voluntariamente” para “ayudar” o “complacer” a su pareja? De nuevo, no es una pregunta imaginaria: Estudios en EU y los Países Bajos revelan que un gran número de trabajadoras sexuales venden sexo a petición de sus novios. Los investigadores señalan que la relación entre la mujer prostituida y el “novio-proxeneta” es una manera de violencia doméstica: los “novios” usan de la violencia física, verbal y emocional para manipular a las mujeres.[29]
Hay que señalar, finalmente, que las personas prostituidas suelen pertenecen a los grupos étnicos y sociales más marginalizados.[30] Son las personas más vulnerables de nuestra sociedad: la vasta mayoría son mujeres; pero también hay mujeres transgéneras y, hombres homosexuales.[31] Es de notar, que las mujeres y las mujeres transgéneras sufren tasas similares de violencia.[32] Dadas estas circunstancias, no nos debe sorprender que 89% de las mujeres entrevistadas por Farley et al en nueve países quería dejar la prostitución, pero para ello requieren ayuda para encontrar una vivienda y una fuente de sustento alterno, entre muchas otras necesidades básicas.[33] Como bien dice Lydia Cacho, la realidad de la prostitución es que:
[L]a trata sexual fomenta, recrea y fortalece una cultura de normalización de la esclavitud como respuesta aceptable a la pobreza y la falta de acceso a la educación de millones de mujeres, niñas y niños. El poder de la industria internacional del sexo se basa en la mercantilización del cuerpo humano como un bien para ser explotado, comprado y vendido sin consenso de su propietaria.[34]
En conclusión, el artículo 15 F3.2 de la carta de derechos del proyecto de constitución legitima la explotación sexual como una actividad protegida por la ley y niega derechos a las personas explotadas. Al subscribir este artículo, los redactores avalan la idea de que el sexo es un servicio, y quien lo vende no es una persona con derechos, sino un producto comercializable. Este planteamiento no es progresista, igualitario ni incluyente. Al contrario, es retrógrado, injusto y excluyente. Finalmente, al definir la explotación sexual como “trabajo” se exime a los clientes de la responsabilidad criminal de sus actos. Valida la violencia, el abuso y la tortura y convierte al Estado en cómplice de la explotación de las personas más vulnerables de la sociedad.
La CATWLAC (Coalición contra la Trata de Mujeres y Niñas) elaboró una contrapropuesta para la redacción del artículo 15 que merece consideración seria y discusión por parte de los diputados y diputadas de la Asamblea Constituyente.[35] Por mi parte, me gustaría sugerir que los asambleístas contemplaran otra forma de proteger a las personas prostituidas y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos humanos: incluir la prohibición explícita del acto de comprar una persona para tener relaciones sexuales de cualquier tipo. De esta manera, la ciudad de México podría implementar las políticas anti-explotadoras que han sido tan exitosas para combatir la trata y reducir la violencia contra las personas prostituidas en Suecia e Islandia (conocido como modelo nórdico). Este modelo legaliza el acto de vender sexo, pero criminaliza el acto de comprar. De esta manera, se protege a las personas prostituidas frente a la ley. Asimismo, promueve la extensión de servicios de apoyo a las personas prostituidas con el fin de auxiliar a las que deseen abandonar la prostitución. Es un modelo que respeta los derechos de las personas involucradas en la prostitución y no propone ninguna acción coercitiva ni obligatoria sobre ellas.[36] Asimismo, plantea el combate a la trata y la explotación como un tema de educación social para los hombres compradores de sexo. Parte del supuesto de que las personas nunca están en venta, que no deben considerarse como “productos a consumir”, incluso si han escogido la prostitución. Todas las mujeres y las mujeres transgéneras son personas con derechos humanos que se deben de respetar y, como bien dice el artículo 19 del proyecto de constitución, estos derechos son “inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, irrevocables y exigibles” en todo momento.
[1] Proyecto de constitución para la ciudad de México, disponible en línea http://gaceta.diputados.gob.mx/ACCM/DOC/ProyectoConst15sep.pdf [14 de octubre de 2016].
[2] En este ensayo parto de la idea de que la prostitución en cualquiera de sus modalidades conlleva inherentemente la violencia y explotación. Como argumentaré, es imposible diferenciar entre “trabajo sexual voluntario” y la trata de personas. Por esta razón, hablo de personas prostituidas, de personas que venden sexo y trabajadores sexuales sin distinciones.
[3] Ana de Miguel analiza este planteamiento en Neoliberalismo sexual. El mito de la libre elección, Madrid, Catedra, 2015.
[4] Como queda demostrado en las declaraciones de la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado en el Foro “CDMX, paridad en la Constitución del siglo XXI”, http://www.cimacnoticias.com.mx/node/73782 [28 de octubre de 2016]. Los y las proponentes del trabajo sexual como derecho económico suelen caracterizar los argumentos que voy a plantear como exageraciones. Niegan que la trata de personas y de mujeres indígenas y marginalizadas sea un problema grande en México. Sostienen que la oposición a la idea de trabajo sexual deriva de una objeción moral o puritana a que las mujeres ejercen libremente su sexualidad. Asimismo, acusan a las abolicionistas de buscar políticas públicas que criminalizarían y encarcelarían a las trabajadoras sexuales. En México esta posición es defendida por la antropóloga Marta Lamas. Véase, “Prostitución ¿trata o trabajo?, Nexos, 1 de septiembre de 2014, http://www.nexos.com.mx/?p=22354 [24 de octubre de 2016] y “Feminismo y prostitución: la persistencia de una larga disputa,” Debate Feminista, vol. 51, junio de 2016, pp. 18–35, http://dx.doi.org/10.1016/j.df.2016.04.001 [26 de octubre de 2016]. Espero que quede claro en este ensayo que 1) la evidencia que presento proviene de investigación académica seria y rigurosa con base en trabajo de campo; 2) la objeción moral que planteo es un rechazo a la idea de que una persona puede ser un producto “consumible” y una condenación a la violencia psicológica, física y sexual que los clientes ejercen sobre las personas prostituidas; 3) Quiero ver políticas públicas que persigan criminalmente a los hombres que practican violencia en su contra.
Sostengo que el origen de la violencia que enfrentan las personas en la prostitución no se puede combatir mediante la “normalización” de la venta de sexo como profesión, pues la comercialización del sexo está basada en la idea patriarcal de que las mujeres deben “servicio sexual” a los hombres (sea en una relación facilitada por la compra directa; en una relación marital; o a cambio de atención recibida durante una cita). Esta idea reduce a las mujeres a objetos ante los ojos de los hombres compradores, lo que les lleva a deshumanizarlas y agredirlas. De modo que el problema con la prostitución no es la sexualidad de las mujeres ni la manera en la que la practican. El problema radica en las actitudes patriarcales y la violencia masculina que estas actitudes fomentan y excusan. Es más que claro que no se puede combatir estas ideas dañinas con políticas que las promueve y las protegen.
[5] J. J. Potterat, “Mortality in a Long-Term Open Cohert of Prostitute Women,” American Journal of Epidemiology, vol. 159, núm. 8, 2004, pp. 783-784.
[6] M. Farley, “Bad for the Body, Bad for the Heart”: Prostitution Harms Women Even if Legalized or Decriminalized, Violence Against Women, vol. 10, núm. 10, p. 1097.
[7] S. Church, M. Henderson, M. Barnard et al., “Violence by Clients Towards Female Prostitutes in Different Work Settings: A Questionnaire Survey,” British Medical Journal, vol. 332, marzo de 2001, doi: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.322.7285.524
[8] M. Farley, A. Cotton, J. Lynn et al, “Prostitution and Trafficking in Nine Countries. An Update on Violence and Posttraumatic Stress Disorder,” Journal of Trauma Practice, vol. 2, núms. 3-4, 2003, p. 44.
[9] Ibid., p. 56.
[10] I. Vanwesenbeeck, Prostitutes’ Well-Being and Risk, Amsterdam, VU University Press, 1994, citado en Farley, op. cit., p. 1095.
[11] Kat Banyard, Pimp State. Sex, Money and the Future of Equality, Londres, Faber & Faber, 2016, Kindle Edition, posición 2249.
[12] Farley, op. cit., p. 1095.
[13] Farley, Cotton y Lynn et al., op. cit., p. 49.
[14] En Punternet.com los clientes de la prostitución dejan sus comentarios sobre su experiencia. Hay una recopilación del contenido en el siguiente texto: Myth: Punters Care About the Women They Buy, https://nordicmodelnow.org/myths-about-prostitution/myth-punters-care-about-the-women-they-buy/ [26 de octubre de 2016].
[15] Banyard, op. cit., posiciones 301-354.
[16] “Senadores dicen ser usuarios de trata, revela video,” La Jornada en Línea, 28 de octubre de 2016, http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/10/28/senadores-dicen-ser-usuarios-de-trata-revela-video [29 de octubre de 2016].
[17] M. Farley, G. M. Golding, E. Schuckman Matthews, N. M. Malamuth y L. Jarett, “Comparing Sex Buyers With Men Who Do Not Buy Sex: New Data on Prostitution and Trafficking,” Journal of Interpersonal Violence, 2015, pp. 16-17, DOI: 10.1177/0886260515600874. Este estudio también señala que los clientes admiten que son conscientes de que la mayor parte de las mujeres que pagan para sexo son traficadas.
[18] Farley, op. cit., pp. 1093-1095. También, véase Banyard, op. cit., posición 2290.
[19] Prostitution in the Netherlands Since the Lifting of the Brothel Ban, A. L. Daalder, Research and Documentación Centre, 2007, p. 55.
[20] “18 Myths about Prostitution,” Briefing, European Women’s Lobby, 2014 citado por Banyard, op. cit., posición 2211.
[21] “How Legalising Prostitution Has Failed,” Der Spiegel, 30 de mayo de 2103, http://www.spiegel.de/international/germany/human-trafficking-persists-despite-legality-of-prostitution-in-germany-a-902533-2.html [23 de octubre de 2016].
[22] Banyard, op. cit., posición 765.
[23] Richard Poulin, 15 thèses sur le capitalisme et le système prostitutionnel mundial, http://www.cetri.be/15-theses-sur-le-capitalisme-et-le?lang=fr [21 de octubre de 2016].
[24] Banyard, op. cit., posición 2196.
[25] Ibid.
[26] S-Y Cho, A. Drexler y E. Neumayer, “Does Legalizes Prostitution Increase Human Trafficking?” World Development, vol. 41, p. 75, http://dx.doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.05.023 [31 de octubre de 2016]. También véase, N. Jakobsson y A. Kotsadam, “The Law and Economics of International Sex Slavery: Prostitution Laws and Trafficking for Sexual Explotation,” European Journal of Law and Economics, vol. 35, núm. 1, 2013, pp. 87-107, doi:10.1007/s10657-011-9232-0 [23 de octubre de 2016].
[27] Ibid., p. 42.
[28] Farley, Cotton y Lynn et al., op. cit., p. 39.
[29] J. Raphael, J. Ashley Reichert y M. Powers, “Pimp control and Violence. Domestic Sex Trafficking of Chicago Women and Girls,” Women and Criminal Justice, vol. 20, núms. 1-2, 2010, p. 97; M. Verhoeven, “Relations Between Suspects and Victims of Sex Trafficking: Explotation of Prostitutes and Domestic Violence Parellels in Dutch Trafficking Cases,” European Journal on Criminal Policy and Research, vol. 21, núm. 1, 2015, pp. 50-59; Banyard, op. cit., posiciones 2176-2177.
[30] Véase las obras citas en las notas de pie núms. 17-19 en Catharine A. MacKinnon, “Trafficking, Prostitution and Inequality,” Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review, vol. 46, 2011, pp. 277-278.
[31] Ibid., pp. 292-293.
[32] M. Farley y H. Barkan, “Prostitución, Violence and Post Traumatic Stress Disorder,” Women and Health, vol. 27. núm. 3, 1998, pp. 37-49. Véase este reportaje sobre la violencia contra la comunidad transgénera en la Ciudad de México y la sobrerrepresentación de las trabajadoras sexuales transgéneras entre las muertes: “La Ciudad de México, la entidad número uno en agresiones a personas trans”, Animal político, 4 de noviembre de 2016 http://www.animalpolitico.com/2016/11/trans-asesinatos-violencia-mexico/ [5 de noviembre de 2016].
[33] Ibid., pp. 48-49.
[34] Lydia Cacho, Esclavas del poder: Un viaje al corazón de la trata sexual de mujeres y niñas en el mundo, México, Penguin Random House, 2015.
[35] CATWLAC, “La prostitución no es un trabajo. Es un sistema de explotación y violencia patriarcal,” Change. Org, https://www.change.org/p/a-las-diputadas-y-diputados-de-la-asamblea-constitutuyente-de-la-ciudad-de-m%C3%A9xico-la-prostituci%C3%B3n-no-es-un-trabajo-es-un-sistema-de-explotaci%C3%B3n-patriarcal-y-violencia?recruiter=1909746&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=fb_send_dialog [24 de octubre de 2016].
[36] Banyard, op. cit., 2492-2560.
Todavía falta mucho para que la crisis constitucional británica provocada por el referéndum de junio sobre la Unión Europea se resuelva. En las últimas semanas, se han perfilado claramente dos bandos en la polémica en torno a la salida del Reino Unido (RU) de la Unión Europea (UE). Por un lado, la nueva primera ministra conservadora, Teresa May, ha insistido que el referéndum facultó a su gobierno para implementar la salida del Reino Unido de la Unión Europea mediante el uso de la prerrogativa ejecutiva; es decir, sin consultar al Parlamento. May ha reiterado que “Brexit significa Brexit” y ha prometido notificar a la UE la decisión británica de salir 
