La historia detrás de la victoria de Boris Johnson: El derrumbe del partido labourista

Hoy Boris Johnson se siente reivindicado. Al cierre del conteo de votos, vimos que el partido Conservador había arrasado en las elecciones generales con unos 365 escaños y una mayoría sólida de 80. Ni Theresa May ni David Cameron ni John Major lograron victorias semejantes. En la historia contemporánea sólo se compara con las mayorías de Margaret Thatcher (1971, 1983 y 1987). De acuerdo con estas cifras, parece verdad su declaración de hoy de que su gobierno “tiene un nuevo mandato poderoso para lograr el Brexit.”

No obstante, un análisis de los votos en general sugiere otra historia. En la elección de 2017, el gobierno de Theresa May ganó 42.4% del voto popular y 317 escaños; en los comicios de ayer, el gobierno de Johnson alcanzó 43.6%. Es decir, que los Tories ganaron 47 escaños gracias a un incremento de apenas 1.2% del voto total.

La razón por este milagro vuelve evidente si comparamos el voto general para el partido labourista en las dos últimas elecciones. En 2017, el partido de Jeremy Corbyn ganó 40% del voto popular. Ayer, alcanzó 32.1%. En otras palabras, los labouristas perdieron 7.9% del apoyo que tenía en los comicios pasados. La explicación de la victoria de Johnson no es la popularidad de su administración ni un nuevo apoyo para Brexit, es la impopularidad del partido labourista entre sus ex votantes.

Hoy se discute las razones por las que Labour perdió popularidad entre 2017 y 2019. Parece increíble que los últimos dos años de crisis perpetua y de acciones francamente inconstitucionales por parte del partido Conservador, que el partido de oposición sería el que pierde apoyo. Veremos:

Son tres explicaciones principales que circulan ahora: 1) la política del partido labourista en cuanto a Brexit nunca fue clara ni contundente. En consecuencia, tanto los pro y los anti Brexit se hartaron con el partido. 2) Jeremy Corbyn es un líder sumamente impopular, todas las encuestas previas a la elección mostraban que los votantes preferían a Johnson.

De acuerdo con una encuesta realizada hoy a los que no votaron por Labour, 43% declararon que Corbyn era el motivo. El Brexit viene en un segundo lugar muy lejano.

3) El partido labourista ya no cuenta con apoyo electoral significativo entre la población escocesa. De los 55 escaños de Escocia, Labour ganó uno; el partido nacional escocés arrasó con 48, los conservadores ganaron 6 y los Democratas Liberales uno. Hay aquí otra historia a contar pero lo guardo para otro momento.

Ahora bien, la otra explicación por la victoria de Johnson es el sistema electoral británico, en el que los representantes (los miembros de parlamento) ganan sus elecciones por mayoría simple en elecciones uninominales. En breve, la elección se desarrolla como una serie de elecciones pequeñas en cada circunscripción.

Si comparamos los resultados que el sistema de representación proporcional hubiera arrojado en esta elección, es posible ver qué tanto le ayudó Johnson el sistema actual. En lugar de 365 escaños, contaría con 288. Los labouristas, por su parte, hubieron ganado 14 escaños más.

 

Detrás de la victoria Tory, entonces, hubo una estrategia que identificaba y hacía campaña muy dura en las circunscripciones en las que el representante labourista se veía débil. En general, éstas eran en el Noreste y Noroeste de Inglaterra, donde el voto a favor de Brexit en el referéndum de 2016 era muy alto. Las circunscripciones emblemáticas de esta estrategia eran de Workington (NW), Blyth Valley (NE) y Sedgefield (NE).

Asimismo, el otro factor que ayudó a los Conservadores era el apoyo de Nigel Farage y el Brexit Party. Como argumenté ayer, se nota claramente cómo la decisión de Farage de sólo presentar candidatos en las circunscripciones representadas por diputados de la oposición. Por ejemplo:

Claro, esto quiere decir -una vez más- que el mandato que tiene Johnson no representa un repunto del apoyo para Brexit. Quiere decir que el partido Conservador logró ganarse los votos brexitianos que antes votaban para el partido labourista.

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Adoptar la perspectiva de género frente a las políticas de identidad de género

Abajo es el texto que leí en el foro ¿Qué necesitan de nosotros las llamadas infancias trans? que se transmitió por Facebook Live, el 7 de noviembre de 2019.

Me gustaría empezar explicando la iniciativa para reformar el Código Civil de la Ciudad de México que nos tiene reunidas hoy. En breve se trata de una medida para permitir a los menores de edad cambiar el “género” indicado en sus documentos legales mediante el mismo proceso que el Código establece para los mayores de edad.

Las y los proponentes de esta medida la presentan como una ampliación de derechos para incluir a las niñas y los niños. De acuerdo con lo que plantean en el dictamen, creen que los menores de edad tienen los elementos necesarios para hacer una decisión de esta naturaleza. Señalan que el Código ya permite a los menores de edad tomar decisiones importantes: como contraer matrimonio; interrumpir voluntariamente el embarazo; disponer de sus bienes, entre otros.

Para justificar esta afirmación, los y las proponentes de la medida afirman que “la identidad de género se desarrolla […] entre los dieciocho meses y tres años de edad.” En otras palabras, sostienen que la identidad de género se fija en los tempranos meses de vida, e insinúan (aunque no lo digan explícitamente) no es sujeto a cambios a lo largo de la vida de las personas. Por este motivo, argumentan que “los dieciocho años marcado por la ley como requisito para acceder a este derecho es innecesario, injustificado y contraria a la Constitución y a los derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación.”

Al efecto, los y las proponentes citan a las relevantes disposiciones internacionales en materia de derechos humanos, desde la Declaración universal de los derechos humanos (art. 6, el derecho a la personalidad jurídica) hasta los principios de Yogyakarta, un documento elaborado por un grupo de especialistas que establecen los estándares internacionales en cuando a los derechos las personas homosexuales.

El principio 3 de Yogyakarta reza:

Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. Las personas en toda su diversidad de orientaciones sexuales o identidades de género disfrutarán de capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida. La orientación sexual o identidad de género que cada persona defina para sí, es esencial para su personalidad y constituye uno de los aspectos fundamentales de su autodeterminación, su dignidad y su libertad. Ninguna persona será obligada a someterse a procedimientos médicos, incluyendo la cirugía de reasignación de sexo, la esterilización o la terapia hormonal, como requisito para el reconocimiento legal de su identidad de género. Ninguna condición, como el matrimonio o la maternidad o paternidad, podrá ser invocada como tal con el fin de impedir el reconocimiento legal de la identidad de género de una persona. Ninguna persona será sometida a presiones para ocultar, suprimir o negar su orientación sexual o identidad de género.[1]

En esta ponencia, quiero examinar los argumentos que acabo de resumir desde la perspectiva de género con el fin de sugerir que la reforma al Código Civil -tal y como está planteada- no contempla el contexto social y cultural actual en el que los papeles de género son impuestos coercitivamente a la población. Por lo que no reconoce que cualquier decisión que tome un menor de edad sobre su identidad de género y orientación sexual difícilmente se puede considerar como autónoma o libre de presiones familiares y/o sociales.

Asimismo, quiero proponer que la propuesta de reforma parte de una premisa equivocada y una mala interpretación de la investigación en cuanto a la invariabilidad de la identidad de género. Sobre todo, en relación con la identidad de género entre los menores de edad, la investigación muestra que la identidad no es fija sino en desarrollo y definición a lo largo de la niñez y de la adolescencia; y, que este desarrollo está afectado por múltiples factores, incluyendo la presión social, la violencia de género y los trastornos neurobiológicos.[2]

En consecuencia, voy a argumentar que la iniciativa de reforma atenta contra los derechos de los niños y las niñas a la libre determinación, y sobre todo, al artículo 3 de los principios de Yogyakarta que acabo de leer. El deber de Estado en materia de derechos humanos es defender los derechos a todos los grupos vulnerables. Este deber incluye proteger a las personas homosexuales, como bien señala el principio 3 de Yogyakarta, así como a las niñas y niños frente a los posibles abusos de los adultos.

Para que mis argumentos sean claros y no presten a confusiones ni mal interpretaciones, es necesario explicar, en primer lugar, qué es la perspectiva de género. Sobre todo es importante explicar porqué el concepto de “género” no necesariamente tiene el mismo sentido cuando se habla de perspectiva “de género” y cuando se refiere a la identidad “de género”.

En el discurso feminista, el concepto de género se emplea para referirse a los papeles sociales y los estereotipos que históricamente la cultura occidental asocia con las personas derivadas de su función biológica reproductiva. Esta idea permite a las promotoras de la perspectiva de género argumentar que la sociedad tiene expectativas diversas acerca del comportamiento de las personas, de la expresión de su sexualidad, y de su presentación física, dependiendo de su presentación física. Es decir, si tienen cuerpo masculino o cuerpo femenino. De acuerdo con el feminismo, la diferencia entre las expectativas socioculturales también explica la desigualdad de circunstancias en que se desarrollan las personas.

Puesta de otra manera, el estudio feminista de los papeles de género revela que nuestra sociedad se construye con base en una jerarquía clara, en donde a las personas de sexo masculino se les cultivan la idea de que son más importantes que las personas de sexo femenino. Son más fuertes, más inteligentes, y con mejor aptitud para mandar. Las personas del sexo femenino, en cambio, reciben una educación sociocultural que les enseña que son menos importantes, menos inteligentes y más emocionales que sus compañeros. Les inculca la idea que las personas del sexo femenino existen para apoyar, servir y cuidar a los demás, y que no deben pensar en sí mismos.

Toda esta socialización en los papeles de género está íntimamente vinculada a nuestros cuerpos. En el discurso sobre el comportamiento humano, la capacidad de gestar niños vuelve señal de que ser mamá, cuidar a los niños y hasta quedarse en casa, es aspiración normal femenina. El papel social de la mamá, entonces, es considerado natural y deseable.

En relación con la sexualidad, estudiar la socialización de los seres humanos nos permite entender que las expectativas relacionadas a los papeles de género también cultivan la heterosexualidad como la forma “normal” o “paradigmático” de la expresión sexual humana. De nuevo, esta creencia se fundamenta con referencia a nuestros cuerpos: si el ser humano quiere reproducir, debe tener relaciones sexuales heterosexuales. La heterosexualidad entonces se concibe dentro de los papeles de género actuales como “algo natural”. En consecuencia, la sociedad suele trata a la homosexualidad como una desviación de la norma, algo inusual y, sobre todo, algo que “no es natural.”

Así las cosas, “una perspectiva de género” es la que estudia la sociedad actual a la luz este conocimiento sobre los papeles sociales relacionados al género. A su vez, la política pública con perspectiva de género busca implementar medidas para poner fin a la desigualdad de circunstancias en que viven hombres y mujeres a causa de la socialización de los papeles de género. Parte importante de esta tarea es estudiar y analizar las políticas públicas para entender su impacto en la promoción de la equidad y la igualdad.

Es decir, la perspectiva de género nos obliga investigar cada iniciativa de ley, y cada política para analizar las consecuencias de ellas en la población femenina. Significa reconocer que las personas no se desarrollan en circunstancias iguales y que las políticas públicas pueden tener efectos distintos en diferentes personas. En este sentido, “el género” de la perspectiva de “género” se refiere a idea de que hay diferentes clases -o géneros- de los seres humanos.

En cambio, el concepto de “género” cuando se usa en la frase “identidad de género”, refiere a una idea muy distinta. Como es evidente en los argumentos de la iniciativa de reforma, aquí el género se entiende como un aspecto de la personalidad. Es una convicción personal acerca de su relación con el mundo que se desarrolla a una edad muy temprana, por lo que parece casi natural. La identidad de género, entonces, puede entrar en conflicto con los papeles de género que la sociedad espera de las personas con relación a su presentación física.

Las personas que experimentan este conflicto entre convicción personal y cuerpo físico muchas veces lo viven como una opresión o una discriminación, tal y como lo plantean los autores de la reforma. Se sienten que se le aplican las reglas equivocadas: le tratan como mujer cuando se identifica como hombre, o viceversa. Pero, desde este punto de vista los papeles de género en sí no se entienden como una opresión ni una discriminación (como es el caso en el análisis feminista). Es decir, “el género” de la “identidad de género” no demarca una relación de poder entre diferentes clases o sexos de personas, ni fomenta la desigualdad. Es sólo una expresión de la personalidad de cada uno: los papeles de género, en breve, son marcadores de la identidad.

Es aquí en donde las personas que abogan a favor de la identidad de género enfrentan oposición desde la derecha, y sobre todo desde la derecha religiosa. En esencia, su planteamiento sugiere que uno escoge el papel de género o la identidad que más le convenga, y que esta decisión no tiene nada que ver con la biología. Desde un entendimiento tradicional del orden social, esta idea choca con la idea de que la biología nos impone un destino y un papel social “natural.” Para la derecha, la identidad de género como la homosexualidad son ataques al orden natural y no deben ser toleradas.

Pero, las personas que abogan a favor de la identidad de género enfrentan oposición también desde el feminismo radical y el feminismo “crítico de género”. Para estos feminismo, el discurso de la identidad de género no parece mucho muy diferente que el discurso de la derecha. Ninguno de los dos cuestiona las relaciones de poder desiguales en la sociedad a raíz de la socialización de los papeles de género. Ambos discursos afirman que el género es algo natural y fija; que es un aspecto de la vida humana que determina la personalidad. Sólo están en desacuerdo en cuanto a origen natural de esta personalidad; es decir, si el género es vinculado irremediablemente con el cuerpo, o si es una convicción y una personalidad de libre elección.

Frente a estos argumentos, el feminismo radical, y su hermana el feminismo “crítico de género”, sostienen que los papeles de género son una opresión y una discriminación para todos y todas. Argumentan que el género, sea entendido como identidad o sea entendido como papel, es el resultado de la socialización. Por lo que no hay sexualidad natural, ni la heterosexualidad, ni la homosexualidad, ni la bisexual son naturales; y no hay identidad de género “natural,” ni papel de género que corresponde a una persona en razón de su capacidad reproductiva. En otras palabras, rechazan los planteamientos de la derecha y los de los identitarios de género.

Me parece que este punto de vista es bastante mal entendida y mal interpretada en el discurso político actual. Cualquier crítica al concepto de identidad de género es entendida -sin excepción- como una posición conservadora. Por esto me he extendido en esta parte, pues me ha permitido contextualizar lo que voy a decir en seguida: la crítica a la propuesta de reforma desde la perspectiva de género.

Como dije en la parte introductoria, la iniciativa de ley argumenta que “los especialistas en la materia sostienen” que la identidad de género se desarrolla entre los dieciocho meses y los tres años, e insinúa que esta identidad luego es inmutable a lo largo de la vida de la persona. Para sostener esta afirmación, los y las proponentes de la reforma citan al Glosario de la diversidad sexual publicado por el CONAPRED. Este Glosario, a su vez, cita a un artículo académico publicado en The Lancet (una revista de alta prestigio en el campo de la medicina) y una página web de Estados Unidos –Gender Spectrum– que apoya a los padres de hijos e hijas cuya identidad de género está en conflicto con sus cuerpos.[3]

Dije en la introducción que esta premisa era falsa. Veremos ahora porqué.

En primer lugar, al leer los textos citados encontramos que el consenso referido en la iniciativa de ley no es en torno a la identidad sino en referencia al comportamiento de los niños. En otras palabras, lo que se nota desde los 18 meses es que algunos niños y niñas se comportan de manera contraria a las expectativas en torno a los papeles de género.[4] El criterio diagnóstico para identificar a los menores de edad con “disforia de género” (es decir, que su identidad de género está en conflicto con su cuerpo) en el Reino Unido, por ejemplo, señala que lo siguiente son ejemplos de este tipo de comportamiento.

  1. Querer jugar con los juguetes del otro género
  2. Querer vestirse en la ropa del otro género
  3. Querer jugar el papel de ser del otro género en los juegos infantiles.
  4. Querer jugar con niños del otro género.[5]

En otras palabras, lo que se desarrolla en la temprana edad es un conocimiento interno de los papeles de género, y una reacción positiva o negativa antes ellos. La declaración de la identidad de género (el criterio más importante para diagnosticar la disforia de género), en cambio, es algo que se manifiesta muy poco entre los niños chiquitos, y más frecuentemente en la temprana adolescencia.

En segundo lugar, las investigaciones de seguimiento con niños y niñas con “disforia de género” que se han realizado desde 1972 muestran que la identidad de género expresada por estos jóvenes no es estable.[6] De hecho, los resultados de estas investigaciones sugieren que entre 60 y 90 por ciento de los niños y las niñas que recibieron apoyo en caso de disforia de género rechazaron una identidad de género trans al llegar la mayoría de edad. Son cifras abrumadoras que indican que la identidad de género no es inmutable en los menores de edad; y que, sobre todo, lo que afirman sentir los niños y/o adolescentes no siempre corresponde con lo que afirman sentir de grandes.

Es necesario subrayar, además, que los niños y las niñas en los estudios citados crecieron para declararse homosexuales. Es decir, la evidencia parece sugerir que los menores de edad encuentran dificultad en distinguir entre su orientación sexual y su identidad de género. Sólo después de madurarse como adultos tienen los elementos necesarios para ser seguros o seguras de la identidad que quieren llevar.

Si se aplica la perspectiva de género a esta situación, se puede formular la siguiente crítica a la propuesta de reforma al Código Civil.

Los papeles de género son impuestos coercitivamente a los jóvenes en nuestra sociedad. Son el resultado de la socialización y no de una predisposición natural, por lo que no es de sorprenderse que algunas personas prefieren -cuando pueden- rechazar el papel de género impuesto.

Tampoco es de sorprenderse que los adultos con los que se socializa el o la niña que prefiere seguir las normas de género del otro género, se incomodan ante este hecho y reaccionan ante el niño o la niña, cuestionando su comportamiento e insistiendo que conforme con las normas; o bien, preguntándose si la o el niña es transgénero. Ambas reacciones niegan el derecho del niño o la niña a la autodeterminación.

La imposición de la heterosexualidad es un componente importante de la socialización de género. Parte de esta socialización es la estigmatización de la atracción homosexual, con el argumento que una orientación hacia el mismo sexo hace la persona menos “normal”, menos “mujer” o menos “hombre”.

En este contexto es entendible que el o la niña que experimenta atracción homosexual puede estar confundida acerca de su identidad. Es también previsible que los adultos que rodean este o esta niña caen en la misma confusión; algunas veces por razones homofóbicas, algunas veces por otros motivos.

Es evidente, por lo tanto, que los y las niñas que rompen los papeles de género enfrentan estigmatización y discriminación. Es muy probable, además, que varios son sujetos a presión, chantaje y manipulación por parte de los adultos que subscriben a la idea de que que los papeles de género son naturales y deben ser seguidos.

En consecuencia, no se sostiene el argumento propuesto por los redactores de la iniciativa de reforma. Ni es cierto que la identidad de género es fija e inmutable en los menores de edad, ni es verdad que los niños y los adultos gozan de la misma igualdad de circunstancias para hacer una decisión de esta naturaleza. Los menores de edad son más vulnerables a las presiones “para ocultar, suprimir o negar su orientación sexual o su identidad de género” (en palabras del 3º principio de Yogyakarta). No cuentan con las mismas experiencias de vida que les permiten distinguir entre su orientación sexual y su identidad de género. Es por estas razones que establecer la mayoría de edad como requisito para el cambio de identidad de género es necesario y justificado. No atenta contra los derechos de los niños, en cambio los protege y los ampara frente a los posibles abusos que puedan ser sujetos por parte de una sociedad que impone los papeles de género a los seres humano de manera coercitiva y violenta.

[1] “Principios de Yogyakarta. Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género”, 2007, http://yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/2016/08/principles_sp.pdf.

[2] Yvonne Kelly et al., “Social Media Use and Adolescent Mental Health: Findings From the UK Millennium Cohort Study”, Clinical Medicine 6 (diciembre de 2018): 59–68, https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2018.12.005; Gary Butler et al., “Assessment and Support of Children and Adolescents with Gender Dysphoria”, Archives of Disease in Childhood, el 12 de abril de 2018, archdischild-2018-314992, https://doi.org/10.1136/archdischild-2018-314992.

[3] Rebeca Robles et al., “Removing Transgender Identity from the Classification of Mental Disorders: A Mexican Field Study for ICD-11”, The Lancet Psychiatry 3, núm. 9 (septiembre de 2016): 850–59, https://doi.org/10.1016/S2215-0366(16)30165-1; “Understanding gender”, Gender Spectrum (blog), https://www.genderspectrum.org/quick-links/understanding-gender/; citado por Glosario de la diversidad sexual (México: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 2016), 23. https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Glosario_TDSyG_WEB.pdf.

[4] Butler et al., “Assessment and Support of Children and Adolescents with Gender Dysphoria”.

[5] Butler et al.

[6] P. S. Lebovitz, “Feminine behavior in boys: Aspects of its outcome”, American Journal of Paychiatry, núm. 128 (1972): 1283–89; B Zuger, “Effeminate behavior present in boys from childhood: Ten additional years of follow-up”, Comprehensive Psychiatry, núm. 19 (1978): 363–69; J Money y A. J. Russo, “Homosexual outcome of discordant gender identity/role: Longitudinal follow-up.”, Journal of Pediatric Psychology, núm. 4 (1979): 29–41; B Zuger, “Early effeminate behavior in boys: Outcome and significance for homosexuality.”, Journal of Nervous and Mental Disease, núm. 172 (1984): 90.97; C. W. Davenport, “A follow up study of ten feminine boys”, Archives of Sexual Behaviour, núm. 15 (1986): 511–17; R. Green, The “sissy boy syndrome” and the development of homosexuality (New Haven: Yale University Press, 1987); R. J. Kosky, “Gender-disordered children: Does inpatient treatment help?”, Medical Journal of Australia, núm. 146 (1987): 565–69; M. S: Wallien y P. T. Cogen-Kettenis, “Psychosexual outcome of gender-dysphoric children.”, Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, núm. 47 (s/f): 1413–23; K. D. Drummond, M. Badali-Peterson, y K. J. Zucker, “A follow up study of girls with gender identity disorder”, Development Psychology, núm. 44 (s/f): 34–45; Thomas D. Steensma et al., “Factors Associated With Desistence and Persistence of Childhood Gender Dysphoria: A Quantitative Follow-Up Study”, Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry 52, núm. 6 (junio de 2013): 582–90, https://doi.org/10.1016/j.jaac.2013.03.016; James Cantor, “Statistics faulty on how many trans- kids grow up to stay trans-?”, Sexology Today (blog), 2012, http://www.sexologytoday.org/2017/12/faulty-statistics-on-how-many-trans.html.

 

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Elecciones directas y sufragio restringido: Las propuestas de José María Luis Mora para acabar con el faccionalismo político (1830)

Las elecciones populares directas que hoy conocemos tienen un poco más de un siglo. Antes de la Constitución Federal de 1917, las elecciones en México se realizaban de manera indirecta; es decir, que hubo varias etapas del proceso electoral. En la primera mitad del siglo XIX, las elecciones al Congreso General se realizaron en tres instancias: a nivel de las parroquias o poblaciones, donde todos los ciudadanos (hombres) votaron por electores. Estos electores pasaron a una junta de distrito, donde eligieron a electores para la junta electoral del estado. Fue en la junta estatal que los electores nombraban los diputados a la cámara de diputados federal. Con la Constitución de 1857, se redujeron las instancias de votación: ahora los ciudadanos eligieron electores directamente a la junta electoral del estado.

Las elecciones indirectas representaban una manera de limitar la participación popular en la selección de candidatos. Con este sistema, se podría permitir el sufragio masculino universal sin arriesgar que las multitudes tuvieran una voz determinante al momento de escoger los diputados. No obstante, también ocasionaron escenas caóticas en las mesas de las elecciones primarias, pues siempre se reunieron grandes muchedumbres el día electoral. Los grupos políticos intentaban sacar provecho del momento distribuyendo listas de candidatos a los hombres en espera de votar. El objetivo de las facciones era asegurar que sus aliados llegaron a las juntas de distrito y de ahí, a las juntas del estado.

Frente a esta situación, varios políticos decimonónicos -entre ellos, Lucas Alamán y José María Luis Mora- preferían el esquema de elección directa similar al que opera hoy día y que en aquel entonces se asociaba con el sistema electoral de la Gran Bretaña. En este texto quiero analizar algunos ensayos que publicó Mora en 1830 a favor de la reforma del sistema electoral con el fin de impedir las machinaciones partidarias a la hora de las elecciones y permitir una mejor representación de los intereses nacionales…..

Este artículo fue publicado el 23 de septiembre de 2019 en Ecos, el blog de la División de Historia del CIDE. Para leer la versión completa, haga click en el siguiente vínculo:

http://ecos.cide.edu/elecciones-directas-y-sufragio-restringuido-las-propuestas-de-jose-maria-luis-mora-para-acabar-con-el-faccionalismo-politico-1830/

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La sombra del Brexit en la Suprema Corte británica: Boris Johnson y la prórroga del Parlamento

 

Este texto explica por qué la sentencia pronunciada, el pasado 24 de septiembre, por la Suprema Corte británica (Cherry/Miller 2; [2019] UKSC 41) es tan importante para la Constitución del Reino Unido y, a su vez, tan dañina para el primer ministro, Boris Johnson.

La queja que examinaron los ministros cuestionaba la constitucionalidad (lawfulness) de la reciente prórroga del Parlamento (del 9 de septiembre  al 14 de octubre de 2019).[1] Los quejosos argumentaban que las acciones de Johnson iban en contra de la Constitución. En su opinión, prorrogar el Parlamento impedía a los legisladores realizar sus principales funciones: legislar y supervisar los actos del gobierno. Y, a su vez, alegaron que el gobierno quería cerrar el Parlamento para frenar sus debates sobre el Brexit y, en este sentido, para obstaculizar el trabajo de las comisiones.

Vale subrayar, en este contexto, que la prórroga del Parlamento es una facultad ejecutiva exclusiva. Pertenece, por lo tanto, a la Corona. Es decir, para prorrogar el Parlamento, Johnson requería el permiso de la Reina. Los quejosos alegaron, entonces, que Johnson obtuvo el permiso de la Reina con argumentos falsos; es decir, que mintió. El argumento del gobierno, en este sentido, es que cerraba el Parlamento para dar paso a la apertura de una nueva sesión parlamentaria, un acto que inaugura siempre la Reina con un discurso que explica los planes legislativos del gobierno en turno…..

Este texto fue publicado el 25 de septiembre de 2019 en Derecho en acción, el blog de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Para leer la versión completa, haga click en el siguiente vínculo:

http://derechoenaccion.cide.edu/la-sombra-del-brexit-en-la-suprema-corte-britanica-boris-johnson-y-la-prorroga-del-parlamento/

 

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Hacia el abismo: Boris Johnson vs. la constitución británica

Boris Johnson asumió el liderazgo del partido Conservador el 22 de julio. Como líder del partido gobernante actual, ese mismo día también ocupó el cargo de primer ministro del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Ahora le toca resolver la cuestión que ha llevado a la renuncia de dos primeros ministros desde 2016: la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Durante su campaña, Johnson prometía que el Brexit se realizaría el 31 de octubre, con o sin acuerdo por medio; lo que equivalía a desafiar abiertamente al Parlamento, que ha votado tres veces en contra del acuerdo pactado por la antigua primera ministra, Theresa May; y, dos veces en contra de la salida del Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo.

B1pDnrUmaHS._CLa_2140,2000_81Xj0-aIrEL.png_0,0,2140,2000+0.0,0.0,2140.0,2000.0El problema que enfrenta Johnson es el siguiente: de acuerdo con el Tratado de Lisboa, la salida de un país miembro de la Unión Europea debería ser precedido por un acuerdo entre el gobierno europea y el gobierno del país saliente en el que se establece “el marco de [las] relaciones futuras” de este país “con la Unión.” Theresa May pactó y firmó un acuerdo en este sentido; pero nunca logró que el Parlamento le diera su aval, como requiere la ley británica que rige este proceso: The European Withdrawl Act de 2018.

Por otra parte, el Tratado señala que la salida de un país miembro se cumple dos años después de que su gobierno mande una notificación a salir. El gobierno de Theresa May mandó esta notificación el 30 de marzo de 2017; por lo que la salida del Reino Unido se programaba para el 31 de marzo de 2019. Para evitar una salida automática y sin acuerdo, el gobierno de May solicitó dos prórrogas a esta fecha durante la primavera. Ahora la fecha de la salida automática es el 31 de octubre de 2019; es decir, la fecha en la que Johnson promete efectuar Brexit.

Johnson encabeza un gobierno muy débil. El partido Conservador no tiene mayoría en el Parlamento. Theresa May logró formar un gobierno después de las elecciones generales de 2019 gracias a una alianza con diez diputados del Partido de la Unión Democrática (o DUP por sus siglas en inglés), un partido protestante de extrema-derecha de Irlanda del Norte. Desde entonces, los conservadores han sufrido varias bajas entre sus diputados; lo que significa que la mayoría de Johnson (incluidos los diez diputados del DUP) es apenas de uno sólo.

Así las cosas, el gobierno de Johnson tiene pocas opciones para cumplir con Brexit. Podría intentar convencer al parlamento votar a favor del acuerdo de May una vez más; podría intentar a renegociar con la UE; o bien, podría hacer nada. Es decir, lograr un Brexit sin acuerdo por acción automática del Tratado de Lisboa. Las acciones de Johnson durante los escasos quince días de ser primer ministro sugieren que prefiere la tercera opción.

La estrategia no hacer nada llevará a Johnson a la confrontación directa con el parlamento, donde la mayoría de los diputados no favorecen una salida de sin acuerdo. En preparación, los partidos de oposición y los conservadores moderados anti-Brexit-sin-acuerdo están conspirado para derrocar al gobierno de Johnson. Entre las propuestas que circulan, la más favorecida es lanzar un voto de censura en su contra cuando los diputados regresen de sus vacaciones a principios de septiembre.

La normatividad que gobierna los votos de confianza es el Fixed Term Parliament Act de 2011. Esta ley establece que cada parlamento debe tener una duración fija de cinco años; pero admite dos circunstancias en las que el periodo parlamentario puede truncarse prematuramente: 1) que la Cámara de Comunes vote por una mayoría de tres terceras partes a favor de una elección general; y, 2) que el gobierno en turno pierda una moción de censura en la cámara baja. En caso de perder una moción de censura, antes de la convocatoria a elecciones deben transcurrir catorce días durante los cuales los partidos podrán reestablecer el gobierno derrotado mediante la reconfiguración de su mayoría, o bien otro(s) partido(s) formaría un gobierno alterno con mayoría. La formación de este gobierno debe de ser refrendado mediante un voto en los Comunes

Con apego a esta ley, los diputados opositores esperan abrir una ventana de oportunidad para impedir que la estrategia de no-hacer-nada no pueda funcionar. Algunos favorecen establecer una alianza entre partidos para formar un gobierno “de unidad nacional” para reemplazar Johnson. Este gobierno tramitaría otra prórroga con la Unión Europea para postergar la fecha de salida, o bien revocaría la notificación. Acto seguido convocaría a elecciones generales, o alternativamente, a otro referéndum.

El primer problema con esta estrategia es que los convocantes no están de acuerdo sobre todos estos variables. Además, no cuentan con el apoyo del líder del segundo partido más grande en el parlamento, los laboristas. Jeremy Corbyn favorece Brexit, por lo que no se quiere comprometer con una acción que pudiera revocarlo. Los integrantes de su gabinete de oposición no apoyan un gobierno de alianza nacional, sino prefieren promover el voto de censura para precipitar elecciones generales directamente.

El segundo problema es que la ley de 2011 no estipula explícitamente que un primer ministro que pierda un voto de censura debe renunciar. De acuerdo con las declaraciones del consejero principal a Johnson, Dominic Cummings, el primer ministro piensa aprovechar de esta situación en caso de perder un voto de censura. Es decir, Johnson planea simplemente no renunciar a su cargo, obstaculizando así la formación de otro gobierno.

De hecho, de acuerdo con la información filtrada a la prensa en las últimas semanas, la estrategia de Boris Johnson para enfrentar a la oposición parlamentaria a un Brexit-sin-acuerdo, es ignorarla. Además de sugerir que Johnson podría no hacer caso a un voto de censura, Cummings y otros conservadores cercanos al primer ministro han insinuado que podría suspender la sesión actual del parlamento hasta después del 31 de octubre. De esta manera, los diputados no pudieran organizar un voto de no confianza.

Cualquier intento de marginar al parlamento en el proceso de lograr Brexit representaría un importante desafío a las convenciones y prácticas del constitucionalismo en el Reino Unido. En primer lugar, porque el sistema político se organiza alrededor del principio de la soberanía parlamentaria: el ejecutivo no tiene facultades legislativas independientes del parlamento. Segundo, porque el primer ministro no es el jefe del poder ejecutivo, sino el jefe de gobierno. El poder ejecutivo reside en la figura de la monarca, la reina Isabel II. Por esta razón, algunos políticos afirman que lo que propone Johnson sería ilegal.

En Edimburgo, varios diputados opositores a Brexit acaban de presentar una queja frente a los tribunales en contra de cualquier intento por parte de Johnson para suspender las sesiones del parlamento extemporáneamente. Esperan que la sentencia de la Court of Session, declarara inconstitucional este acto. Otros diputados, como el ex Fiscal General, Dominic Grieve, alegan que la reina tendría la facultad de despedir a Johnson en caso de que perdiera un voto de censura. También señalan que el monarca tiene el derecho de negar su apoyo para la suspensión del parlamento.

Como el Reino Unido no tiene una constitución escrita, sino consuetudinaria, el desenlace de la confrontación entre Johnson y el parlamento puede tener consecuencias muy significativas para el sistema político. La intervención de la reina en la elección de un primer ministro implicaría deshacer una convención constitucional vigente desde 1834, por ejemplo. Cambiaría los parámetros aceptables del actuar real dentro del sistema político. Igualmente, si la reina mantiene la convención de no interferir en los asuntos de gobierno, y simplemente da su consentimiento a lo que propone el primer ministro, propiciará un fortalecimiento del poder ejecutivo no contemplado en el Reino Unido desde antes de 1688.

Finalmente, la justificación de Johnson es argumentar que el resultado del referéndum de 2016 le faculta para actuar. No es necesario que se respalde en el parlamento, porque la soberanía popular representada en la consulta le autoriza para cumplir su mandato. Theresa May argumentaba lo mismo en varias ocasiones. En otras palabras, Brexit también significaría minar la soberanía parlamentaria, a favor de establecer la soberanía popular como fundación de los actos de gobierno.

Por éstas, y muchas otras razones, Brexit lleva al Reino Unido hacia el abismo. Pone a temblar la estructura misma de su constitución y la legitimidad de sus instituciones. Los británicos siempre se complacen con la flexibilidad de su constitución, y critican la rigidez de las cartas escritas. Con Brexit, vemos que la flexibilidad también tiene sus peligros.

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De la Cartilla Moral a la reforma educativa

Aunque el presidente López Obrador le otorga un lugar central a la ética pública, su gobierno no ha logrado articular políticas educativas en esa materia. Este texto hace un repaso histórico de los programas cívicos, para señalar el lugar que la ética pública ha tenido y debería tener en las escuelas.

Consulten este texto que escribí en conjunto con Ana Razo del PIPE-CIDE en Letras Libres aquí

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Representar la voluntad del pueblo: El Congreso General vs. Anastasio Bustamante, 1832

El 11 de diciembre de 1832, los generales Anastasio Bustmante y Antonio López de Santa Anna firmaron un armisticio en Puebla que puso fin a la guerra civil de 1832. En este documento, ambas partes acordaron dejar sus armas en tanto que el Congreso General aprobara el tratado de paz propuesto por un aliado de López de Santa Anna, Manuel Gómez Pedraza. No obstante, el Congreso se negó aceptar la facultad de los generales para negociar la paz, por lo que rechazó tanto el armisticio como el plan de paz. En respuesta, los generales volvieron a la mesa para negociar un nuevo convenio de paz, que firmaron el 21 de diciembre en la Hacienda de Zavaleta, cerca de la ciudad de Puebla. Este tratado no hizo mención alguna del Congreso ni de la necesidad de que el poder legislativo lo ratificara. Frente a esta situación, el Congreso General resolvió cerrar sus puertas, declarando así el fin abrupto de su periodo legislativo con un manifiesto que acusó a Bustamante y Santa Anna querer usurpar sus funciones….

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La historia como arma: Reflexiones en torno a Brexit

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Marcha en contra de Brexit, 2019. Autor: Thomas Davies, Wikimedia Commons, CC1.0 License, dominio público.

Desde afuera del Reino Unido es difícil entender el asunto Brexit. En los tiempos del referéndum en 2016, casi todos los observadores convinieron que salir de la Unión Europa tendría consecuencias funestas para el país. En el tema de la economía, sobre todo, parecía una locura salir voluntariamente de la unión de aranceles y del bloque comercial de la Unión Europea (UE).

El Reino Unido lleva 48 años como miembro de la comunidad económica europea: exporta la vasta mayoría de sus productos a la UE y recibe la mayor parte de sus importaciones desde allí. Las industrias automotriz y bancaria dependen de sus vínculos con la UE para su buen funcionamiento. Ahora que parece que el Reino Unido saldrá de la UE, ha comenzado la fuga de industrias: se han cerrado varias plantas automotrices y un número significado de bancos han transferido su sede operativa a Dublín y Frankfurt….

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