Reseña de Alfredo Ávila, Para la libertad. Los republicanos en tiempos del imperio, 1821-1823

El texto que presento a continuación es una vieja reseña que publiqué en la revista Septentrión. Revista de Historia y Ciencias Sociales en 2006. La incluyo aquí porque la revista no está disponible en línea.

En muchos sentidos el libro aquí reseñado es la continuación –o más bien el complemento– de un trabajo previo de Ávila: En nombre de la nación. La formación del gobierno representativo en México (México, CIDE/Taurus, 2002). Los dos trabajos se enfocan sobre la cultura política mexicana de las primeras décadas del siglo XIX; y, sin duda alguna, ambos ofrecen pautas cuidadosa y sólidamente construidas para ayudar al historiador a enterrar, de una vez por todas, dos de los tópicos favoritos de la historiografía tradicional: 1) que la primera mitad del siglo XIX es incomprensible, pues es un laberinto de conspiraciones, rebeliones y pronunciamientos sin razón ni orden determinable; y, 2) que las divisiones entre la clase política mexicana se pueden reducir a una lucha continúa entre valores liberales y conservadores. A continuación paso a ocuparme del primer aspecto.

En su primer trabajo, presentado originalmente como tesis de maestría en 1998, Ávila abordó del tema del génesis y el desarrollo de la idea del gobierno representativo en México, desde las vísperas de la guerra de independencia hasta la promulgación de la constitución de 1824. Su segundo libro examina desde otro ángulo la cuestión de la representación dentro de la cultura política de los primeros años de vida independiente: el papel de los grupos de oposición dentro de un sistema representativo. Para entrar en esta materia, Ávila estudia el caso particular de la oposición republicana al imperio de Agustín de Iturbide (1822-1823); investiga los pormenores de las diferentes rebeliones y conspiraciones que los republicanos montaron contra el imperio y, asimismo, explora la reacción del gobierno de Iturbide ante estos acontecimientos. En ambos casos, se interesa, sobre todo, en explicar las ideas y las motivaciones de los contendientes y en resaltar las similitudes notarias y las diferencias bastante reducidas en sus ideologías respetivas.

    Sabemos que el periodo independiente se caracterizó por sus constantes rebeliones y pronunciamientos. Es lugar común contar que Guadalupe Victoria fue el único presidente que logró cumplir su mandato constitucional; pues, la manera usual de cambiar de líder en México era el golpe de Estado. Además, estamos conscientes de que todos los pronunciamientos se arreglaban en la clandestinidad, que fueron conspiraciones organizadas por grupos de poder, a saber: el ejército, los comerciantes y, a veces, los eclesiásticos. No obstante, como nota Ávila en su introducción, la historiografía mexicana, en general, no se ha molestado en buscar “una explicación a la presencia constante de las conspiraciones” (p. 15) en la primera mitad del siglo XIX. Así que este libro busca corregir esta deficiencia y ofrecer una hipótesis que congruente sobre la naturaleza “conspiradora” de la política mexicana independiente.

    A juicio de Ávila, la clave para entender este fenómeno se encuentra en la cuestión de la legitimidad política. Argumenta que los pensadores políticos de la independencia creyeron, siguiendo las ideas de las revoluciones estadounidense y francesa, que una nación era una entidad colectiva, compuesta de la reunión de los habitantes de un territorio geográfico específico. La nación era indivisible y única; pues existía solamente como la suma de sus habitantes. Según esta teoría, la nación detentaba la soberanía nacional y, por ende, consistía en la fuente de toda legitimidad política. El gobierno representativo era el único legítimo porque sus instituciones se formaron por representantes de la soberanía nacional, escogidos por la nación soberana mediante elecciones. Asimismo, para ser legítima, entonces, cualquier proyecto político debía ajustarse a la voluntad del pueblo entero –la nación colectiva–, y no puede apoyarse solamente en algunas partes de ella.

    A lo largo de los cinco capítulos del texto, Ávila demuestra que este concepto de nación tuvo varias consecuencias importantes. Para empezar, implicó que todos los políticos afirmaran que sus proyectos expresaban la voluntad popular, y condenaran a sus oponentes como facciosos por no seguir “los verdaderos intereses nacionales” sino sus propias miras egoístas. Así que tanto Agustín de Iturbide, que encabezaba una monarquía constitucional, como Servando Teresa de Mier, quien proponía el sistema republicano, pretendían que sus ideas eran el reflejo de la voluntad nacional y no aceptaban que pudiera haber otra opinión legítima, aunque distinta, sobre el asunto.

Análogamente, ambos creían que cualquier muestra de apoyo popular que recibiera el otro era producto de la ignorancia del pueblo, y la facilidad con que se engañaba. Los republicanos creyeron que los trescientos años del gobierno colonial habían dejado a la población sin las luces necesarias para entender sus verdaderos intereses, y en consecuencia apoyaba a la monarquía, porque no conocía otra alternativa. No obstante, Mier y sus compañeros confiaban que, una vez que el pueblo se liberara del despotismo y se ilustrara, se inclinaría naturalmente a la opción republicana. Por su parte, el gobierno de Iturbide también creía que el pueblo yacía en un estado de ignorancia, y, por ende, tampoco consideraba que el pueblo llano sería capaz de reconocer sus verdaderos intereses. Por lo tanto, era cosa fácil para los republicanos seducirlos y embaucarles con sus ideas. Es decir, señala Ávila, que a pesar de que tanto el gobierno de Iturbide como los republicanos aseguraban hablar en nombre de la voluntad nacional; en realidad, sólo expresaban las ideas que pensaban que el pueblo debía tener. Se imaginaron los representantes de la voluntad nacional, debido a su superior nivel cultural que les permitía entender lo que mejor convenía a la nación mexicana.

En tercer lugar, la idea de la nación indivisible significaba que todos los gobiernos se consideraron los únicos representantes de la voluntad de la nación; y, por lo tanto, desde su punto de vista, cualquier que se oponía al gobierno, lo haría también a la nación. En otras palabras, si alguien conspiraba contra el gobierno, era, en efecto, un traidor a la patria. Por lo que no había lugar para partidos de oposición en la cultura política de la época independiente. Como bien indica Ávila, el mismo término de partido tenía una carga fuerte peyorativa; pues significa dividir o partir la unidad nacional.

    Así las cosas, no es difícil entender, entonces, porque la conspiración clandestina era el único remedio para los que querían impulsar cualquier cambio en la política nacional. De esta manera, la exposición de Ávila nos ofrece una clave importante para descifrar los acontecimientos de la primera mitad del siglo XIX, y no simplemente las conspiraciones republicanas en contra de Iturbide. Dentro de la cultura política independiente, los pronunciamientos y las rebeliones siempre podían ser considerados como instrumentos legítimos de actuación política, si demuestran representar la “verdadera” voluntad nacional; si comprobaban que el gobierno vigente solamente seguía fines particulares y egoístas.

Del mismo modo, la tesis de Ávila explica claramente porque los gobiernos siempre persiguieron a sus opositores políticos con tanto rigor; pues los consideraban traidores a la nación. El autor observa que las medidas represivas que el gobierno de Iturbide giró contra los rebeldes republicanos durante el imperio no era “una característica singular de las monarquías” (p. 136), e indica que los mismos republicanos no tendrían duda en usar de las mismas en contra de los seguidores de Iturbide una vez que alcanzaran el poder. Podemos añadir que ningún gobierno del periodo dudó en adoptar la represión en contra de sus enemigos políticos: el encarcelamiento, el exilio y la intimidación de la oposición fueron características de todo gobierno, incluso de los que la historiografía ha considerado liberales. Así que, tenemos que aceptar que la intolerancia hacia la oposición es una propiedad inherente del sistema representativo, al menos en la versión que México adoptó; y, por lo tanto, hay que señalar que la represión política no es, para parafrasear a Ávila, característica singular de algún grupo político en especial.

Esta última consideración me lleva a examinar el segundo aspecto del libro de Ávila que quiero comentar en esta reseña: su análisis del pensamiento político durante el imperio. Como señalé al principio, las interpretaciones de la historia mexicana del siglo XIX se desfiguran a menudo por la idea, cara a la historiografía oficial porfirista, de que todo se podría entender en función de una confrontación entre las ideologías liberal y conservadora. De modo que se suele considerar el republicanismo de Mier como una manifestación del liberalismo, y el monarquismo de los iturbidistas, a su vez, como una postura conservadora. Este libro, al contrario, propone una visión distinta, en la que demuestra que ambas posiciones comparten muchas raíces ideológicas y que pueden definirse, en términos generales, como proyectos compatibles con los principios fundamentales del liberalismo. Al mismo tiempo, la interpretación de Ávila deja claro que las diferencias entre los republicanos y los iturbidistas (y, por otra parte, con los monarquistas borbonistas) indican que el republicanismo mexicano no es un simple producto del liberalismo sino que –en palabras del autor– “también es un pensamiento y acción políticos originales” (p. 18).

    Según el análisis de Ávila, los políticos mexicanos se debatieron entre dos principales modelos de gobierno al independizarse de España: la versión gaditana de la monarquía moderada o constitucional, y el ejemplo republicano de la primera constitución mexicana, promulgada en Apatzingán en 1814. Ambas opciones proponían el establecimiento del gobierno representativo y una división de poderes que aseguraba la supremacía legislativa sobre el poder ejecutivo; pues, se acordaron que ésta era la única manera de proteger la libertad de los mexicanos. La diferencia clave entre las dos, era la cuestión de cómo debe organizarse este último poder. Para los liberales gaditanos, un monarca debía ocuparse del ramo ejecutivo, aunque insistieron en que sus facultades fueran limitadas. Al contrario, los republicanos se opusieron a la monarquía y cualquier propuesta que implicara un poder ejecutivo singular; pues creyeron que con este arreglo siempre existiría el riesgo de que el rey o el presidente decidiera abandonar la constitución y establecerse como tirano despótico, tal y como había hecho Fernando VII en 1814. Favorecían un poder ejecutivo triunvirato. En otras palabras, no simplemente abogaban para la supremacía del Congreso en el gobierno, sino que querían un poder ejecutivo debilitado sin la posibilidad de actuar autónomamente.

    Ávila argumenta que el imperio mexicano se construyó a base de la opción liberal. En los Tratados de Córdoba se acordó que el gobierno imperial acataría a la constitución de Cádiz mientras que se convocaba un Congreso Constituyente que se ocuparía a redactar una carta magna particular para el imperio. No obstante, señala que durante 1821 y 1822, Iturbide desarrolló una tercera opinión acerca del poder ejecutivo: la idea de un poder ejecutivo fuerte, o al menos de igual importancia que el legislativo. Su punto de vista se originó, en parte, de su convicción de que él, igual que el poder legislativo, representaba a la población, puesto que había encabezado el proyecto de independencia y, como tal, había recibido el clamor universal de los pueblos. El autor enfatiza que la idea de Iturbide no implica que buscara establecer un imperio absolutista. Cita, por ejemplo, el Proyecto de Reglamento Político, que la Junta Nacional Instituyente (el cuerpo que reemplazó el Congreso después de su disolución) elaboró bajo su jurisdicción. Este plan constitucional incluía una enunciación de los derechos individuales y contemplaba la división de poderes, aunque no aceptaba la supremacía legislativa; al contrario, fue pensado para equilibrar la relación entre los ramos legislativo y ejecutivo.

    En cuanto a los republicanos, Ávila explica su postura de dos maneras: en primer lugar, señala que los insurgentes de 1814 y los republicanos como Mier, fueron influenciados por pensadores norteamericanos, como Thomas Paine, y por las ideas de la revolución francesa, sobre todo la constitución del año III (1795) que creó un poder ejecutivo tripartito, conocido como el Directorio. Al mismo tiempo, reconoce que otros se inclinaron por la opción republicana por razones más personales: por ambición, o porque la experiencia del imperio de Iturbide les convenció que un monarca siempre sería una amenaza a las libertades civiles. Ávila resalta, acertadamente, que los republicanos teóricos admiraban el modelo norteamericano, pero que, en realidad “conocían mejor las instituciones francesas” (p. 279) y eran bastante ignorantes de la constitución estadounidense. Por lo tanto, aunque los proyectos republicanos pretendían seguir el republicanismo norteamericano en teoría, en la práctica adoptaron ideas francesas: como el poder ejecutivo tripartito.

Es interesante notar, como paréntesis, que Lucas Alamán llegó a la misma conclusión sobre la constitución de 1824. Opinaba en 1835 que uno de los principales problemas de la Constitución Federal era que seguía ciegamente el modelo francés y gaditano, y no se había servido del ejemplo de la nación vecina. Propuso una serie de reformas para debilitar el poder legislativo, y sugirió que se fortaleciera el poder ejecutivo para que se pareciera más a la institución presidencial de los Estados Unidos del Norte.[1] Es decir que favorecía una constitución equilibrada, un poco al estilo de Iturbide.

    Otro aspecto del republicanismo que destaca Ávila, es su “vocación americanista” (p. 201). Funda su opinión en la participación de agentes de Colombia y Estados Unidos en la conspiración republicana e intenta demostrar que existía una corriente de pensamiento americano que creía que “las monarquías no son compatibles ni con las luces ni con los sentimientos, ni con circunstancia alguna de los pueblos americanos.” Resalta la idea de Miguel Torres, agente colombiano que trabajaba para Simón Bolívar en los Estados Unidos, que cualquier proyecto de monarquía significaba que América quedaría sujeta al poder de los monarcas europeos y no podría alcanzar la verdadera libertad; y opina que muchos republicanos americanos sintieron que adoptar la monarquía implicaba “permanecer atados al pasado”. Según Ávila, los americanos también postulaban una visión utópica de América como tierra de virtudes propicias para establecer repúblicas. Evidentemente, los monarquistas liberales no estuvieron de acuerdo. Consideraron que la república era una forma utópica de gobierno que no podía realizarse en México, sobre todo porque, como observa el autor, “los hombres son seres llenos de vicios y la república demanda virtudes” (p. 92); amén de que los trescientos años del gobierno colonial había dejado al pueblo “sin las luces necesarias para un gobierno con tantas libertades”.

Otra vez es pertinente advertir que los críticos de la Constitución Federal de 1824 también se apropiaban de los mismos argumentos. Durante la década era lugar común afirmar que la carta magna no era apta para México, pues la población no tenía las luces ni las virtudes suficientes para permitir su puntual observación. No obstante, estos críticos no proponían establecer una monarquía, sino, como Alamán, querían ver un sistema en el que hubo más equilibrio en las relaciones entre los tres poderes.

    Para concluir, es evidente que el trabajo de Ávila viene a comprobar la vieja tesis de Charles Hales, de que la clase política mexicana estaba convencida de “la magia de las constituciones” desde la independencia misma. Demuestra la falsedad de la idea de que Iturbide buscaban establecer un gobierno absoluto a través del imperio. Concluye, al contrario, que toda la clase política independiente se empeñaba en establecer un gobierno representativo, en el que un corpus de leyes dividía el ejercicio de poder entre tres ramos principales, y solamente se diferenciaba sobre la cuestión de la titularidad y la organización del poder ejecutivo. Al mismo tiempo, resalta la importancia de las ideas republicanas dentro del pensamiento constitucional mexicana, y de esta manera ofrece un nuevo ángulo con el que examinar las debates constitucionales de la época independiente.

Referencia completa del libro reseñado: Alfredo Ávila, Para la libertad. Los republicanos en tiempos del imperio, 1821-1823, México, Universidad Autónoma de México, 2004, 346pp.

[1] Lucas Alamán, “Examen imparcial de la administración del general vice-presidente D. Anastasio Bustamante. Con observaciones generales sobre el estado presente de la república y consecuencias que este debe producir”, en Documentos diversos (inéditos y muy raros), México, Editorial Jus, 1946, vol. 3, pp. 235-275.

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