La constitución del Reino Unido en tela de juicio. El Brexit en la Suprema Corte

La impugnación del primera ministra Theresa May al reciente fallo de la High Court of Justice of England and Wales[1] fue escuchada en la Suprema Corte del Reino Unido la semana pasada. Como he explicado en otra entrada de este blog, el juicio original deriva de dos quejas presentadas por particulares en contra de la administración de May. Argumentaron que la prerrogativa ejecutiva no puede usarse para propiciar la salida del Reino Unido (RU) de la Unión Europea (UE), pues implicaría la abrogación de varios derechos de los británicos constituidos a partir del ingreso del RU a la UE: el derecho a votar y ser votado en las elecciones europeas; el derecho al libre tránsito dentro de la EU; y, el derecho al residir en cualquier de los países miembros con acceso a los servicios de bienestar (entre muchos otros). Según la convención constitucional vigente, es facultad exclusiva del Parlamento abrogar los derechos reconocidos por estatuto (statutory rights); de modo que, sostienen los dos litigantes, sería ilegal que el Ejecutivo decidiera en solitario la salida del RU de la UE. La sentencia de la High Court of England and Wales del 3 de noviembre respaldó el argumento anterior y señaló que, por ende, para formalizar la salida del RU de la UE el Ejecutivo, encabezado por May, debe de solicitar al Parlamento que expida una Act of Parliament (es decir, una ley). No basta invocar el artículo 50 del tratado de Lisboa.

Como se dijo, la administración de May ha impugnado esta sentencia y llevado el asunto a la Suprema Corte. Es muy probable que se arrepienta de esta decisión. La intervención del máximo órgano judicial del RU propició que los gobiernos de Escocia y Gales también le hicieran llegar sus posturas. La Suprema Corte tiene la facultad exclusiva de resolver demandas relacionadas con las autonomías de dichos países e Irlanda del Norte. En consecuencia, la sentencia que dictará en enero no atenderá sólo la de la High Court inglesa y galesa, sino que también tendrá que responder a dos demandas adicionales presentadas por los gobiernos de Escocia y Gales en contra del gobierno del RU, así como a las de los quejosos particulares: un grupo de ciudadanos europeos residentes en el RU; y otra, de un grupo de ciudadanos del RU, entre ellos unos residentes de Gibraltar. También debe de resolver las impugnaciones a dos sentencias de la High Court of Northern Ireland presentadas por particulares, quienes cuestionan la legalidad de la salida de la UE.[2]

En otras palabras, las querellas presentadas ante la Suprema Corte tocan múltiples realidades jurídicas de enorme importancia para el futuro rumbo constitucional del RU. Explicaré brevemente los temas aludidos con el fin de subrayar la transcendencia de este juicio. Hasta ahora, los constitucionalistas británicos habían considerado que la ausencia de una codificación formal de las leyes era una de las mayores ventajas de la constitución, pues brindaba flexibilidad y facilitaba su modificación. No obstante, la posibilidad de la salida del RU de la UE reveló inesperadamente las debilidades inherentes a un código informal. Como resultado, el RU enfrenta una crisis constitucional que, en el peor escenario, podría provocar el rompimiento del acuerdo político que cohesiona sus partes.

La soberanía parlamentaria vs. la prerrogativa ejecutiva

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-Disculpe señor, ¿le puedo recomendar que lleve esta paracaídas? – No. ¡Me basta con la bandera! (Fuente)

El abogado de la administración de May, James Eadie QC,[3] presentó cuatro argumentos centrales para defender la legalidad del uso de la prerrogativa ejecutiva para invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa.

  1. Los tratados de la UE suscritos por RU existen en el ámbito estricto de las relaciones exteriores. La salida de la UE equivale al finiquito de un simple tratado internacional. Dado que la negociación de tratados es competencia del ejecutivo, sin trabas de por medio (untrammelled), es constitucional usar la prerrogativa para decidir el retiro del RU de la UE.
  2. El Parlamento no impuesto ninguna restricción al ejercicio de la prerrogativa relacionada con el artículo 50 del Tratado de Lisboa; de manera que no hay obstáculo legal que impida que el ejecutivo la use para que el RU abandone la UE.
  3. Al convocar el referéndum mediante la Act of Parliament de 2015, de hecho y por derecho, el Parlamento inició el proceso para que el RU saliera de la UE con todas sus implicaciones. Es decir, que mediante el referéndum autorizó tácitamente al gobierno a implementar el resultado del mismo.
  4. Los derechos que gozan los ciudadanos británicos, resultado de la incorporación del RU a la UE, pero no de la soberanía parlamentaria, desaparecerían con la salida de la UE. El Parlamento solamente ha actuado como conducto (a conduit) de su vigencia.[4] Es decir que no son derechos reconocidos por estatuto (statutory rights).

En réplica, Lord (David) Pannick QC (en representación de uno de los quejosos originales ante la High Court of England and Wales) alegó lo siguiente:

  1. En la convocatoria del Parlamento para el referéndum de 2011 era claro que el Ejecutivo estaría obligado implementar el resultado. En cambio, la convocatoria para el referéndum de 2015 no contiene ninguna cláusula que indique que el Ejecutivo debe de atender la opinión ganadora. Durante los debates de la Act mediante la cual se convocó al referéndum de 2015, el diputado Alex Salmond propuso incluir una cláusula para establecer cómo se contabilizarían los votos. Su propuesta fue desechada. En esa ocasión, el ministro del gabinete de May encargado de los asuntos europeos, David Lidington, sostuvo que el propósito de la Act era convocar al referéndum. No contempla lo que se haría después y el resultado no sería vinculante. (The legislation is about holding a vote. It makes no provision for what follows […] the referendum […] is advisory.) Por consiguiente, al convocar al referéndum, el Parlamento no otorgó su aprobación para que el RU saliera de la UE.
  2. La entrada del RU a la UE se formalizó mediante la European Communities Act (ECA) de 1972. Abandonar la UE requiere derogar este instrumento jurídico, así como partes sustanciales de otras leyes emitidas posteriormente y vinculadas con el marco jurídico de la UE, en especial con la European Elections Act (EEA) de 2002. La soberanía parlamentaria dicta que solamente el Parlamento puede derogar la legislación ordinaria, de manera que la anulación de esta legislación sin aprobación del Parlamento significaría conceder al ECA menos relevancia que a cualquier otra ley.
  3. No obstante, el ECA no es una ley ordinaria, sino constitucional. La convención actual dicta que las leyes constitucionales no pueden ser abrogadas de manera accidental (es decir, mediante la promulgación de leyes cuyas previsiones entran en conflicto con las de la ley constitucional). Una ley constitucional requiere la abrogación explícita del Parlamento. Por consiguiente, es inadmisible que se reforme el ECA mediante el uso de la prerrogativa ejecutiva.
  4. Como los diversos tratados de la UE fueron adoptados por el Parlamento mediante el ECA, el planteamiento de Pannick ante la Suprema Corte coincide con los argumentos originales presentados ante la High Court inglesa y galesa: los derechos adquiridos en virtud de estos tratados recibieron sanción parlamentaria y son, por ende, reconocidos por estatuto (statutory rights).

Sobre este último punto, la Corte también escuchó, porque es su obligación, la postura de un grupo de ciudadanos de otros países de la UE, residentes en el RU. El abogado de este grupo, Manjit Gill QC, subrayó que la salida del RU de la UE tendría un impacto sustancial y tangible en los derechos de ciudadanos de la UE que viven en el RU: como ciudadanos de la UE en la actualidad tienen derecho a vivir, trabajar y acceder a diversos servicios de seguridad social y salud. Si el RU abandona la UE, estas personas -incluyendo niños nacidos en el RU- perderían dichos derechos y podrían enfrentar la deportación sumaria.

Historia de la prerrogativa ejecutiva y sus límites históricos

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Edward Coke (Wikipedia)

La abogada Helen Mountfield QC, en representación de un grupo de ciudadanos particulares del RU (que no participaron en el primer juicio en la High Court of England and Wales), rechazó los argumentos de James Eadie mediante un repaso de la historia constitucional inglesa y británica desde el siglo XVII.[5] Su argumento se centró en demostrar que el uso de la prerrogativa ejecutivo para invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa subvertía la tradición jurídica, las convenciones y la práctica del gobierno del RU. Sostuvo que:

  1. La convención constitucional vigente desde el Bill of Rights (1689) establece que el ejecutivo no puede usar la prerrogativa real para reformar la ley.[6] De hecho, los dos primeros artículos de este Bill estipulan que: “el pretendido poder de suspender las leyes o la ejecución de las leyes por autoridad regia, sin el consentimiento de Parlamento es ilegal; […] el pretendido poder de dispensar las leyes o la ejecución de las leyes por autoridad regia, como se ha adoptado y ejecutado últimamente es ilegal.” (the pretended Power of Suspending of Laws or the Execution of Laws by Regall Authority without Consent of Parlyament is illegall; […] That the pretended Power of Dispensing with Laws or the Execution of Laws by Regall Authoritie as it hath beene assumed and exercised of late is illegall].
  2. El uso de la prerrogativa en el ámbito de relaciones exteriores no es ilimitado (untrammelled), como sostiene Eadie. En el Case of Proclaimations (1610-1611)[7] se estableció la convención que la Corona no podría usar la prerrogativa real para derogar legislación, common law o los usos y costumbres del reino. En esta ocasión, el Chief Justice Edward Coke, aludió a un caso paradigmático del mal uso de la prerrogativa: el intento de Enrique IV de anular un acuerdo que permitía a comerciantes extranjeros vender sus mercancías en Londres. Hay varios hechos que respaldan esta convención, pero el más pertinente -según Mountfield- es que desde ese momento la Corona aceptó que no podía usar la prerrogativa real para abrogar cláusulas de tratados internacionales o para negociar tratados internacionales cuyas previsiones contradirían la legislación existente. Señaló el intento fallido de la Corona de anular un acuerdo para permitir a los franceses pescar en Newfoundland en 1763; y, el hecho de que Jorge III buscara una Act of Parliament para autorizar la negociación del tratado de paz con el gobierno de Estados Unidos en 1783.

 

La prerrogativa ejecutiva vs. las autonomías

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Claim of Right (Foto)

La cuestión de las autonomías para Gales y Escocia fue expuesta con más detalle por el abogado del gobierno escocés, el Lord Advocate, James Wolffe QC, quien argumentó lo siguiente:

  1. Desde que se restableció la autonomía política del Parlamento escocés en 1998, se ha promulgado un número importante de leyes que reglamentan la adopción de legislación UE. En el Claim of Right (1689), el Parlamento escocés estableció que la Corona no tendría poder absoluto para invalidar, anular ni inhabilitar las leyes (ane absolute power to cass, annull, and dissable laws). El artículo XVIII de la Act of Union (1707) estipula que la única instancia facultada para reformar la ley en Escocia es el Parlamento del Reino Unido.
  2. Una de las competencias de la autonomía escocesa de acuerdo con la Scotland Act de 1998, es regular la implementación de la legislación europea. Si el Reino Unido sale de la UE, desaparece dicha facultad. La Convención Sewel que rige las relaciones entre el Parlamento del RU y los parlamentos de Escocia, Gales e Irlanda del Norte, indica que el gobierno del RU buscará el acuerdo de los parlamentos en asuntos relacionados con las competencias autonómicas.[8] Esta convención fue reconocida en el artículo 28 de la Scotland Act de 2016, de modo que el gobierno inglés está obligado, tanto por convención como por estatuto, a contar con el consentimiento del gobierno escocés en este asunto antes de invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa.[9]

Por su parte, el abogado del gobierno de Gales, Richard Gordon QC reiteró el segundo argumento de Wolffe sobre el asunto de las autonomías.

Las autonomías y la cuestión del federalismo

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El Good Friday Agreement firmado (Foto)

Los abogados de los quejosos norirlandeses -Agnew y Otros, y MacCord y otros- retomaron la cuestión de la convención Sewell, pero introdujeron elementos nuevos y exclusivos a Irlanda del Norte. David Scoffield, en nombre de Agnew y Otros, cuestionó la idea de que la dirección de los asuntos exteriores es competencia exclusiva del ejecutivo.

  1. Señaló que el Good Friday Agreement (1998)[10] la Northern Ireland Act (1998)[11] otorgan competencias en la materia al gobierno de Irlanda del Norte al establecer instituciones de cogobierno entre el gobierno autónomo de Irlanda del Norte y la República Irlanda con jurisdicción sobre toda la isla irlandesa.
  2. Alegó que la salida del RU de la UE alterará de manera fundamental las relaciones bilaterales entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte e impactará en el funcionamiento de las instituciones. El diseño de las mismas partió del supuesto que el Reino Unido e Irlanda formaban parte de la RU y acataban su legislación por igual.

Ronan Lavary, en representación de McCord, fue aún más lejos al argumentar que el Good Friday Agreement y la Northern Ireland Act no son leyes ordinarias sino constitucionales que, además de conferir competencias autónomas a la Asamblea de Irlanda del Norte, transfieren soberanía del Parlamento del RU a la población de Irlanda del Norte. Por tanto, para invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, el gobierno del RU debe consultar tanto al Parlamento del RU como la Asamblea de Irlanda del Norte, o bien a su población.

Lavary sostiene que el Good Friday Agreement:

  1. Reconoce la soberanía del pueblo de “la isla de Irlanda” mediante el artículo 1 (iii), el cual estipula que los gobiernos de la República de Irlanda y el Reino Unido “reconocen que corresponde solo al pueblo de la isla de Irlanda, mediante acuerdo entre las dos partes respectivamente y sin impedimento externo, ejercer su derecho a la autodeterminación con base en el consentimiento libre y concurrente de Norte y Sur” (recognise that it is for the people of the island of Ireland alone, by agreement between the two parts respectively and without external impediment, to excercise their right to self determination on the basis of consent freely and concurrently given, North and South).[12]
  2. Acepta que el gobierno inglés no debe de hacer cambios al gobierno de Irlanda del Norte sin consultar primero al pueblo norirlandés. Evidentemente, la salida de la UE implicaría cambios importantes.
  3. Estipula que los ciudadanos de Irlanda del Norte tienen “el derecho de identificarse y ser aceptados como ciudadanos británicos e irlandeses.” (the right to identify as and to be accepted as Irish or British) Al abandonar la UE, los norirlandeses perderían la paridad de derechos con sus homólogos irlandeses, a menos que soliciten un pasaporte irlandés. Los irlandeses gozarían de todos los derechos de la UE mientras que los norirlandeses solamente los del RU. Dado que la paridad de derechos entre norirlandeses e irlandeses de la república está reconocida en el Good Friday Agreement, las consecuencias de la salida de la UE entrarían en contradicción con el este acuerdo.

Lavary también argumentó que la devolución de autonomías a Escocia, Gales e Irlanda del Norte ha trasformado al Reino Unido en un estado federal. Por ende, afirmó que la soberanía parlamentaria ya no impera cómo antes de 1998; es decir, no puede hacer y deshacer legislación sobre cualquier asunto.[13] Aquí, Lavary cita a Vernon Bogdanor y Mark Elliot (dos juristas del constitucionalismo del RU muy respetados)[14] para demostrar que el Parlamento del Reino Unido funciona, en el contexto de la devolución de autonomías, como un órgano federal cuya “autoridad legislativa debe ejercerse dentro de una rica orden normativa constitucional, y a la luz de las influencias restrictivas de un constitucionalismo de ley común multifacético” (Parliament’s legislative authority falls to be exercised against the backdrop of a normatively rich constitutional order and in the light of the restraining influences of multi-layered and common law constitutionalism).[15]

Según Lavary, la invocación del artículo 50 (1) del Tratado de Lisboa, que establece que la salida de un país miembro debe ser acordado “de conformidad con sus normas constitucionales”, y el proceso de la salida del RU de la UE debe negociarse en un contexto constitucional federal que incluya a la autonomía de Irlanda del Norte (y a las demás del RU). Señaló que la mayoría de la población de Irlanda del Norte votó a favor de quedarse en la UE, y que el orden constitucional actual no permite que el voto mayoritario del conjunto completo del RU se imponga sobre la voz soberana de Irlanda del Norte. Es decir, antes de invocar artículo 50 del Tratado de Lisboa y de pedir el consentimiento del Parlamento del RU, la administración de May debe de consultar al pueblo de Irlanda del Norte directamente.

La Constitución del Reino Unido y la salida de la Unión Europea

Al leer las transcripciones de las audiencias y estudiar los argumentos legales orales, es difícil imaginar que la Suprema Corte pueda conceder la razón al gobierno de May. Si los jueces aceptaran la idea de que la salida del RU es una cuestión exclusiva de política exterior y que los derechos que serían abrogados no son de estatuto, se abriría la posibilidad de que el ejecutivo anulara una cantidad importante de legislación secundaria que regula la adopción de los reglamentos y tratados de la UE y, derogaría partes de muchas otras leyes expedidas desde 1972. Como bien dice Mountfield en su conclusión: tal acto tendría “ramificaciones constitucionales significativos con consecuencias prácticas potenciales de muy amplia índole. Significaría una reorganización sustancial de los límites entre el Parlamento y el ejecutivo” (the constitutional ramifications of the Appellant’s argument are significant and the potential practical consequences are far-reaching. It would involve a substantial redrawing of the boundaries between executive and Parliament). Esta situación es más clara aún al considerar las consecuencias constitucionales para Escocia, Gales y, sobre todo, para Irlanda del Norte en el caso de que el RU salga de la UE por medio de la prerrogativa ejecutiva.

La sentencia de la Suprema Corte se dictará a finales de enero. Sin importar su sentido, los temas presentados en la Corte no desaparecerán. Las posturas a favor y en contra del uso de la prerrogativa ejecutiva para iniciar la salida del RU de la UE tocan asuntos de importancia fundamental para la orden constitucional: los límites de la prerrogativa ejecutiva; los de la soberanía parlamentaria; y, en última instancia, el sentido de las reformas constitucionales de 1998 que crearon una nación con tres gobiernos autónomos, además de un Parlamento nacional, pero no una autoridad autónoma para representar a la población inglesa –que constituye 83% del total del RU- cuyo voto en el reférendum fue, evidentemente, decisivo.[16] El Parlamento en Londres siempre se ha rechazado la existencia de un gobierno inglés fuera de su seno. No obstante, el desenlace de la salida del RU de la UE, y todas las cuestiones en torno a las autonomías, pueden obligar al Parlamento volver a legislar sobre esta cuestión constitucional.

Lecturas recomendadas:

Craig, Robert. “Casting Aside Clanking Medieval Chains: Prerogative, Statute and Article 50 after the EU Referendum”. The Modern Law Review 79, núm. 6 (el 1 de noviembre de 2016): 1041–63. doi:10.1111/1468-2230.12229.

Douglas-Scott, Sionaidh. “Brexit, Article 50 and the Contested British Constitution”. The Modern Law Review 79, núm. 6 (el 1 de noviembre de 2016): 1019–40. doi:10.1111/1468-2230.12228.

———. “Miller: Why the Government Should Still Lose in the Supreme Court (Even with New Arguments)”. UK Constitutional Law Association, el 15 de noviembre de 2016. https://ukconstitutionallaw.org/2016/11/15/sionaidh-douglas-scott-miller-why-the-government-should-still-lose-in-the-supreme-court-even-with-new-arguments/.

“Brexit and the New Devolution Crisis: What Are the Issues?” The Guardian, el 9 de diciembre de 2016, sec. Politics. https://www.theguardian.com/politics/2016/dec/09/brexit-and-the-new-devolution-crisis-what-are-the-issues.

Endicott, Timothy. “ ‘This Ancient, Secretive Royal Prerogative’”. UK Constitutional Law Association, el 11 de noviembre de 2016. https://ukconstitutionallaw.org/2016/11/11/timothy-endicott-this-ancient-secretive-royal-prerogative/.

Finnis, John. Terminating Treaty-based UK Rights. Londres: Judicial Power Project; Policy Exchange, 2016. http://judicialpowerproject.org.uk/john-finnis-terminating-treaty-based-uk-rights/.

Harvey, Colin. “Colin Harvey: Northern Ireland’s Transition and the Constitution of the UK”. UK Constitutional Law Association, el 12 de diciembre de 2016. https://ukconstitutionallaw.org/2016/12/12/colin-harvey-northern-irelands-transition-and-the-constitution-of-the-uk/.

Howarth, David. “On Parliamentary Silence”. UK Constitutional Law Association, el 13 de diciembre de 2016. https://ukconstitutionallaw.org/2016/12/13/david-howarth-on-parliamentary-silence/.

Jones, Rachel. “Rachel Jones: The Importance of Silences in the ‘Brexit’ Appeals”. UK Constitutional Law Association, el 7 de diciembre de 2016. https://ukconstitutionallaw.org/2016/12/07/rachel-jones-the-importance-of-silences-in-the-brexit-appeals/.

Jowell, Sir Jeffrey, y Naina Patel. “Miller Is Right”. UK Constitutional Law Association, el 15 de noviembre de 2016. https://ukconstitutionallaw.org/2016/11/15/sir-jeffrey-jowell-qc-and-naina-patel-miller-is-right/.

Phillipson, Gavin. “A Dive into Deep Constitutional Waters: Article 50, the Prerogative and Parliament”. The Modern Law Review 79, núm. 6 (el 1 de noviembre de 2016): 1064–89. doi:10.1111/1468-2230.12230.

Poole, Thomas. “Losing our Religion? Public Law and Brexit”. UK Constitutional Law Association, el 2 de diciembre de 2016. https://ukconstitutionallaw.org/2016/12/02/thomas-poole-losing-our-religion-public-law-and-brexit/.

Trench, Alan. “Brexit, Article 50 and devolved legislative consent”. DEVOLUTION MATTERS, el 23 de noviembre de 2016. https://devolutionmatters.wordpress.com/2016/11/23/brexit-article-50-and-devolved-legislative-consent/.

Unit, The Constitution. “Brexit in the Supreme Court, and after: your questions answered”. The Constitution Unit Blog, el 5 de diciembre de 2016. https://constitution-unit.com/2016/12/05/brexit-in-the-supreme-court-and-after-your-questions-answered/.

Wilmot Smith, Frederick. “Who speaks for the state?” London Review of Books. Consultado el 12 de diciembre de 2016. http://www.lrb.co.uk/v38/n23/frederick-wilmot-smith/who-speaks-for-the-state.

Notas:

[1] La High Court of Justice of England and Wales está conformada por los tribunales de lo civil con jurisdicción en Inglaterra y Gales. Irlanda del Norte tiene su propia High Court of Justice. Es de resaltar que, en Escocia, los tribunales de lo civil integran la Court of Session, mientras que los tribunales de lo criminal forman la High Court of Judiciary. ¡No hay que confundirse!

[2] Todas las representaciones (submissions) escritas, las transcripciones y videos de las audiencias se pueden consultar en https://www.supremecourt.uk/news/article-50-brexit-appeal.html [14 de diciembre de 2016]. La de la administración de May se encuentra aquí: https://www.gov.uk/government/publications/supreme-court-printed-case-of-the-secretary-of-state-for-exiting-the-european-union [14 de diciembre de 2016].

[3] QC es la abreviatura de Queen’s Counsel. Durante el reino de un rey, se llama King’s Counsel o KC. En la actualidad sirve como un título de distinción otorgado por el gobierno para reconocer a los barristers (abogados que presentan litigio en las cortes) más distinguidos de su profesión.

[4] Este último argumento origina del análisis de John Finnis véase, John Finnis, Terminating Treaty-Based UK Rights, Londres, Judicial Power Project: Policy Exchange, 2016, http://judicialpowerproject.org.uk/john-finnis-terminating-treaty-based-uk-rights/ [13 de diciembre de 2016]. Otros argumentos a favor del uso de la prerrogativa del ejecutivo para invocar artículo 50 del Tratado de Lisboa, se pueden leer en Gavin Phillipson, “A Dive into Deep Constitutional Waters: Article 50, the Prerogative and Parliament,” The Modern Law Review 79, no. 6 (November 1, 2016): 1064–89, doi:10.1111/1468-2230.12230;  Robert Craig, “Casting Aside Clanking Medieval Chains: Prerogative, Statute and Article 50 after the UE Referendum,” The Modern Law Review 79, no. 6 (November 1, 2016): 1041–63, doi:10.1111/1468-2230.12229; y, Timothy Endicott, “ ‘This Ancient, Secretive Royal Prerogative’”. UK Constitutional Law Association, el 11 de noviembre de 2016. https://ukconstitutionallaw.org/2016/11/11/timothy-endicott-this-ancient-secretive-royal-prerogative/.

[5] ¡Desde luego, se trata de la parte del juicio que más me atraía!

[6] La declaración de derechos de 1689 está disponible en español aquí: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2698/20.pdf

[7] El Case of Proclaimations es uno de los documentos fundacionales del orden constitucional inglés, pues se considera que puso fin a la arbitrariedad en el gobierno y estableció la separación de poderes en la Constitución. La sentencia dictada por Edward Coke, Chief Justice, estableció que “el Rey no tiene más prerrogativa que la que la ley del país le permita.” (the King hath no prerogative, but that which the law of the land allows him.)

[8] “20. The UK Government will involve the devolved administrations as fully as posible in discussions about the formulation of the UK’s policy position on all UE and international issues which touch on devolved matters [.]” Written para 33. Para una discusión de las implicaciones del Sewel Convention para la salida de la UE véase, Alan Trench, “Brexit, Article 50 and Devolved Legislative Consent,” DEVOLUTION MATTERS, November 23, 2016, https://devolutionmatters.wordpress.com/2016/11/23/brexit-article-50-and-devolved-legislative-consent/. Una buena introducción a los temas se encuentra en Dan Roberts, “Brexit and the New Devolution Crisis: What Are the Issues?,” The Guardian, December 9, 2016, sec. Politics, https://www.theguardian.com/politics/2016/dec/09/brexit-and-the-new-devolution-crisis-what-are-the-issues.

[9] “El Parlamento del Reino Unido no legislará de manera normal en asuntos de competencias autónomas sin el consentimiento del Parlamento escocés” (the Parliament of the United Kingdom will not normally legislate with regard to devolved matters without the consent of the Scottish Parliament). Wolffe pide que los jueces declaren que la salida del RU de la UE debe ser considerado como un asunto normal que requiere el consentimiento del Parlamento o no. Thursday

[10] Un acuerdo firmado entre el gobierno del Reino Unido y la República de Irlanda sobre la creación de un gobierno autónomo en Irlanda del Norte. También se conoce por el Belfast Agreement. Consulte el acuerdo completo: https://www.gov.uk/government/publications/the-belfast-agreement [14 de diciembre de 2016]

[11] La acta que estableció el gobierno autónomo en Irlanda del Norte y especificó las autonomías que goza actualmente, http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/47/contents [14 de diciembre de 1998].

[12] Hay que señalar que esta cláusula indica que esta autodeterminación es para unir o no la isla. El texto completo dice: “recognise that it is for the people of the island of Ireland alone, by agreement between the two parts respectively and without external impediment, to excercise their right to self-determination on the basis of consent freely and concurrently given, North and South, to bring about an united Ireland, if that is their wish, accepting that this right must be achieved and exercised with and subject to the agreement and consent of a majority of the people of Northern Ireland.” Lavary afirma que la retira del RU de la UE cambiaría de tal manera a la relación bilateral entre el RU y la República de Irlanda que pone en duda la posibilidad de una unión futura entre Irlanda e Irlanda del Norte. De esta forma, salir de la UE contradice el sentir este artículo.

[13] La definición clásica de la soberanía parlamentaria moderna es de A. V. Dicey: “El Parlamento puede legislar acerca de cualquier tema que, a juicio del Parlamento, es tema que requiere legislar. No hay poder que, de acuerdo a la Constitución inglesa, pueda entrar en conflicto con la soberanía legislativa del Parlamento. […] Esta doctrina de la soberanía legislativa es la piedra angular del orden constitucional.” (Parliament can legally legislate on any topic whatever which, in the judgement of Parliament, is a fit subject for legislation. There is no power which, under the English constitution, can come into rivalry with the legislative sovereignty of Parliament. […] This doctrine of the legislative supremacy of Parliament is the very keystone of the law of the constitution.) A. V. Dicey, Introduction to the Study of Law of the Constitution (Indianapolis: Liberty Fund, 1ª ed, 1888, 8ª ed., 1915 reeditado en 1982), 24-25.

[14] Mark Elliott, “The Principle of Parliamentary Sovereignty in Legal, Constitutional, and Political Perspective’,” en Oliver Jowell y Colm O’Cinneide (eds), The Changing Constitution (Oxford: OUP, 2015), 42-43; Vernon Bogdanor, The New British Constitution, cap. 4, “Devolution”, (Londres: Hart Publishing 2009), 89-119.

[15] Elliot, “The Principle”, 42-43.

[16] De acuerdo con el censo de 2011, la población total del Reino Unido era de 63,182,000 habitantes. De los cuales, 53, 012, 456 (83%) viven en Inglaterra, 5, 295, 000 (8.4%) en Escocia, 3, 063, 456 (4.8%) en Gales, y 1, 810, 863 (2.8%) en Irlanda del Norte, https://en.wikipedia.org/wiki/Demography_of_the_United_Kingdom [16 de diciembre de 2016].

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