Hacia el abismo: Boris Johnson vs. la constitución británica

Boris Johnson asumió el liderazgo del partido Conservador el 22 de julio. Como líder del partido gobernante actual, ese mismo día también ocupó el cargo de primer ministro del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Ahora le toca resolver la cuestión que ha llevado a la renuncia de dos primeros ministros desde 2016: la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Durante su campaña, Johnson prometía que el Brexit se realizaría el 31 de octubre, con o sin acuerdo por medio; lo que equivalía a desafiar abiertamente al Parlamento, que ha votado tres veces en contra del acuerdo pactado por la antigua primera ministra, Theresa May; y, dos veces en contra de la salida del Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo.

B1pDnrUmaHS._CLa_2140,2000_81Xj0-aIrEL.png_0,0,2140,2000+0.0,0.0,2140.0,2000.0El problema que enfrenta Johnson es el siguiente: de acuerdo con el Tratado de Lisboa, la salida de un país miembro de la Unión Europea debería ser precedido por un acuerdo entre el gobierno europea y el gobierno del país saliente en el que se establece “el marco de [las] relaciones futuras” de este país “con la Unión.” Theresa May pactó y firmó un acuerdo en este sentido; pero nunca logró que el Parlamento le diera su aval, como requiere la ley británica que rige este proceso: The European Withdrawl Act de 2018.

Por otra parte, el Tratado señala que la salida de un país miembro se cumple dos años después de que su gobierno mande una notificación a salir. El gobierno de Theresa May mandó esta notificación el 30 de marzo de 2017; por lo que la salida del Reino Unido se programaba para el 31 de marzo de 2019. Para evitar una salida automática y sin acuerdo, el gobierno de May solicitó dos prórrogas a esta fecha durante la primavera. Ahora la fecha de la salida automática es el 31 de octubre de 2019; es decir, la fecha en la que Johnson promete efectuar Brexit.

Johnson encabeza un gobierno muy débil. El partido Conservador no tiene mayoría en el Parlamento. Theresa May logró formar un gobierno después de las elecciones generales de 2019 gracias a una alianza con diez diputados del Partido de la Unión Democrática (o DUP por sus siglas en inglés), un partido protestante de extrema-derecha de Irlanda del Norte. Desde entonces, los conservadores han sufrido varias bajas entre sus diputados; lo que significa que la mayoría de Johnson (incluidos los diez diputados del DUP) es apenas de uno sólo.

Así las cosas, el gobierno de Johnson tiene pocas opciones para cumplir con Brexit. Podría intentar convencer al parlamento votar a favor del acuerdo de May una vez más; podría intentar a renegociar con la UE; o bien, podría hacer nada. Es decir, lograr un Brexit sin acuerdo por acción automática del Tratado de Lisboa. Las acciones de Johnson durante los escasos quince días de ser primer ministro sugieren que prefiere la tercera opción.

La estrategia no hacer nada llevará a Johnson a la confrontación directa con el parlamento, donde la mayoría de los diputados no favorecen una salida de sin acuerdo. En preparación, los partidos de oposición y los conservadores moderados anti-Brexit-sin-acuerdo están conspirado para derrocar al gobierno de Johnson. Entre las propuestas que circulan, la más favorecida es lanzar un voto de censura en su contra cuando los diputados regresen de sus vacaciones a principios de septiembre.

La normatividad que gobierna los votos de confianza es el Fixed Term Parliament Act de 2011. Esta ley establece que cada parlamento debe tener una duración fija de cinco años; pero admite dos circunstancias en las que el periodo parlamentario puede truncarse prematuramente: 1) que la Cámara de Comunes vote por una mayoría de tres terceras partes a favor de una elección general; y, 2) que el gobierno en turno pierda una moción de censura en la cámara baja. En caso de perder una moción de censura, antes de la convocatoria a elecciones deben transcurrir catorce días durante los cuales los partidos podrán reestablecer el gobierno derrotado mediante la reconfiguración de su mayoría, o bien otro(s) partido(s) formaría un gobierno alterno con mayoría. La formación de este gobierno debe de ser refrendado mediante un voto en los Comunes

Con apego a esta ley, los diputados opositores esperan abrir una ventana de oportunidad para impedir que la estrategia de no-hacer-nada no pueda funcionar. Algunos favorecen establecer una alianza entre partidos para formar un gobierno “de unidad nacional” para reemplazar Johnson. Este gobierno tramitaría otra prórroga con la Unión Europea para postergar la fecha de salida, o bien revocaría la notificación. Acto seguido convocaría a elecciones generales, o alternativamente, a otro referéndum.

El primer problema con esta estrategia es que los convocantes no están de acuerdo sobre todos estos variables. Además, no cuentan con el apoyo del líder del segundo partido más grande en el parlamento, los laboristas. Jeremy Corbyn favorece Brexit, por lo que no se quiere comprometer con una acción que pudiera revocarlo. Los integrantes de su gabinete de oposición no apoyan un gobierno de alianza nacional, sino prefieren promover el voto de censura para precipitar elecciones generales directamente.

El segundo problema es que la ley de 2011 no estipula explícitamente que un primer ministro que pierda un voto de censura debe renunciar. De acuerdo con las declaraciones del consejero principal a Johnson, Dominic Cummings, el primer ministro piensa aprovechar de esta situación en caso de perder un voto de censura. Es decir, Johnson planea simplemente no renunciar a su cargo, obstaculizando así la formación de otro gobierno.

De hecho, de acuerdo con la información filtrada a la prensa en las últimas semanas, la estrategia de Boris Johnson para enfrentar a la oposición parlamentaria a un Brexit-sin-acuerdo, es ignorarla. Además de sugerir que Johnson podría no hacer caso a un voto de censura, Cummings y otros conservadores cercanos al primer ministro han insinuado que podría suspender la sesión actual del parlamento hasta después del 31 de octubre. De esta manera, los diputados no pudieran organizar un voto de no confianza.

Cualquier intento de marginar al parlamento en el proceso de lograr Brexit representaría un importante desafío a las convenciones y prácticas del constitucionalismo en el Reino Unido. En primer lugar, porque el sistema político se organiza alrededor del principio de la soberanía parlamentaria: el ejecutivo no tiene facultades legislativas independientes del parlamento. Segundo, porque el primer ministro no es el jefe del poder ejecutivo, sino el jefe de gobierno. El poder ejecutivo reside en la figura de la monarca, la reina Isabel II. Por esta razón, algunos políticos afirman que lo que propone Johnson sería ilegal.

En Edimburgo, varios diputados opositores a Brexit acaban de presentar una queja frente a los tribunales en contra de cualquier intento por parte de Johnson para suspender las sesiones del parlamento extemporáneamente. Esperan que la sentencia de la Court of Session, declarara inconstitucional este acto. Otros diputados, como el ex Fiscal General, Dominic Grieve, alegan que la reina tendría la facultad de despedir a Johnson en caso de que perdiera un voto de censura. También señalan que el monarca tiene el derecho de negar su apoyo para la suspensión del parlamento.

Como el Reino Unido no tiene una constitución escrita, sino consuetudinaria, el desenlace de la confrontación entre Johnson y el parlamento puede tener consecuencias muy significativas para el sistema político. La intervención de la reina en la elección de un primer ministro implicaría deshacer una convención constitucional vigente desde 1834, por ejemplo. Cambiaría los parámetros aceptables del actuar real dentro del sistema político. Igualmente, si la reina mantiene la convención de no interferir en los asuntos de gobierno, y simplemente da su consentimiento a lo que propone el primer ministro, propiciará un fortalecimiento del poder ejecutivo no contemplado en el Reino Unido desde antes de 1688.

Finalmente, la justificación de Johnson es argumentar que el resultado del referéndum de 2016 le faculta para actuar. No es necesario que se respalde en el parlamento, porque la soberanía popular representada en la consulta le autoriza para cumplir su mandato. Theresa May argumentaba lo mismo en varias ocasiones. En otras palabras, Brexit también significaría minar la soberanía parlamentaria, a favor de establecer la soberanía popular como fundación de los actos de gobierno.

Por éstas, y muchas otras razones, Brexit lleva al Reino Unido hacia el abismo. Pone a temblar la estructura misma de su constitución y la legitimidad de sus instituciones. Los británicos siempre se complacen con la flexibilidad de su constitución, y critican la rigidez de las cartas escritas. Con Brexit, vemos que la flexibilidad también tiene sus peligros.

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