¿El imperio contraataca? Brexit, el Parlamento y los tribunales

Todavía falta mucho para que la crisis constitucional británica provocada por el referéndum de junio sobre la Unión Europea se resuelva. En las últimas semanas, se han perfilado claramente dos bandos en la polémica en torno a la salida del Reino Unido (RU) de la Unión Europea (UE). Por un lado, la nueva primera ministra conservadora, Teresa May, ha insistido que el referéndum facultó a su gobierno para implementar la salida del Reino Unido de la Unión Europea mediante el uso de la prerrogativa ejecutiva; es decir, sin consultar al Parlamento. May ha reiterado que “Brexit significa Brexit” y ha prometido notificar a la UE la decisión británica de salir antes del fin de marzo de 2017. Hasta la semana pasada tampoco aceptaba el derecho del Parlamento de, al menos, discutir las propuestas de su gobierno para negociar la salida con las autoridades de la UE.

Por otro lado, los opositores al Brexit han empezado a moverse para exigir que May consulte al legislativo sobre el proceso. Hay dos posturas entre dicho grupo: la primera es la de los miembros de parlamento, disidentes de varios de los partidos políticos representados en Westminister, quienes convocaron un debate en la Cámara de los Comunes la semana pasada. El diputado laborista Keir Starmer, propuso que dicha Cámara sometiera el proyecto del gobierno encabezado por May a “un debate profundo y transparente” antes de iniciar el proceso de salida de la UE. Como resultado de esta presión, May tuvo que aceptar la iniciativa, aunque, y a su petición, se emendó la propuesta original para que el debate acordado “respet[e] el voto del pueblo británico” y no “min[e] la posición negociadora del gobierno ante la UE.”

La segunda postura entre los opositores al Brexit es la de los particulares y sus representantes legales. Una petición a favor de un segundo referéndum ha reunido más de cuatro millones de firmas en la página del Petitions Committee del Parlamento, lo que garantiza su discusión, pues el Parlamento está obligado debatir toda petición que supere las 100, 000 firmas. Asimismo, esta semana la High Court atendió dos impugnaciones a la decisión de May de usar la prerrogativa ejecutiva para iniciar la salida del RU de la UE. Independientemente de la decisión de los jueces sobre estas impugnaciones, la Suprema Corte británica ya atrajo el caso y lo discutirá en diciembre.

El argumento central de las impugnaciones es que la prerrogativa ejecutiva no puede usarse para propiciar la salida del RU de la UE, porque la ruptura con el orden legal europeo significará la abrogación de varios derechos fundamentales de los británicos, sobre todo, los relacionados con la ciudadanía. Según la convención constitucional vigente, solamente el Parlamento tiene la facultad de abrogar los derechos fundamentales; de modo que, si el gobierno saliera de la UE sin previo acuerdo del legislativo, sería un claro abuso de las facultades ejecutivas. El gobierno refuta la validez de esta queja y sostiene que la salida de la UE no se debe judicializar.

Es bastante probable que la High Court otorgue la razón a las impugnaciones; una decisión que tendría un impacto importante en el debate político, incluso si no tiene efecto legal en virtud de que la resolución definitiva corresponde a la Corte Suprema. De hecho, el gobierno ya anunció que podría aceptar el derecho del Parlamento a rechazar por completo cualquier acuerdo que realice con la UE encaminado a realizar la salida.

Finalmente, las audiencias en la High Court han abierto una nueva avenida legal para la crisis constitucional. El juez presidente, Lord Chief Justice, Lord Thomas, considera cuestionable el planteamiento de que el artículo 50 del Tratado de Lisboa (en el que se establece el mecanismo para la salida de una nación de la UE) no permite frenar ni revertir el proceso. Si la Corte decide que se debe tener certeza sobre lo que establece el artículo 50 antes de fallar, entonces su siguiente paso será remitir la pregunta a la Corte Suprema Europea para que falle sobre este punto en particular. Como bien dice Faisal Islam, corresponsal de Sky News, tal situación sería más que irónica:

10/10 Not impossible SC could refer aspects to ECJ. This would appear to be constitutional equivalent of breaking the space-time continuum

— Faisal Islam (@faisalislam) 18 de octubre de 2016

En otras palabras, existe la posibilidad de que la resolución de la impugnación requiera un fallo de la Corte Suprema Europa sobre el significado del artículo 50 del Tratado de Lisboa. El imperio contraataca, pues la UE podría ser el instrumento para entorpecer los planes de May de un Brexit sencillo y rápido.

Lecturas complementarias sobre el artículo 50

A. Sari, ‘Biting the Bullet: Why the UK Is Free to Revoke Its Withdrawal Notification under Article 50 TEU’, U.K. Const. L. Blog (17th Oct 2016) (available at https://ukconstitutionallaw.org/)

Can an Article 50 notification be revoked? – Financial Times (blog)

Update 3 de noviembre de 2016

Hoy se publicó la sentencia de la High Court sobre las impugnaciones. (Véase aquí). Tal y como comenté arriba, los jueces son de la opinión de que el gobierno no puede usar la prerrogativa real para invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa e iniciar la salida del RU de la EU sin el consentimiento del Parlamento. Las impugnaciones pasan a la Supreme Court donde se oirán durante la primera semana de diciembre.